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23 MARZO 2017
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El errante error holandés

Fernando de Haro

Respiramos aliviados, con razón, por el resultado de las elecciones de la pasada semana. Pero nos cuesta trabajo reconocer que la derrota de la xenofobia es muy relativa. La agenda de Wilders se ha convertido en un fenómeno transversal en una Holanda próspera. En la nación de los tulipanes hay casi pleno empleo y los musulmanes suman un tercio de lo que los holandeses se imaginan. Los problemas de integración no vienen de fuera. Lo que ocurre en Holanda es el síntoma de una Europa que no sabe reconocer la realidad, perseguida por sus propios fantasmas. Desorientada se empeña en construir una ciudadanía si identidad. Prueba de ello es el pronunciamiento, también esta semana, del Tribunal Europeo de Justicia que ha confirmado la prohibición de usar el velo en el trabajo.

Las encuestas se equivocaron esta vez para bien. La primera de las tres citas electorales del año en Europa (después vendrán Francia y Alemania) no suma puntos a la xenofobia y al antieuropeísmo. Wilders no ha ganado las elecciones, pero ha vencido al determinar la agenda política holandesa. Con solo un 14 por ciento de los votos, el Partido por la Libertad ha impuesto un discurso duro contra la inmigración y una práctica de europeísmo tibio o problemático. Influencia que afecta a casi todas las formaciones y de la que solo se libran los verdes.

Ha cundido la desafortunada especie de que para frenar a Wilders había que ser como Wilders, pero más moderado. Seamos menos buenistas, más firmes con la inmigración porque algo de razón llevan los xenófobos –se argumenta–. Holanda, junto con el Reino Unido, ha sido el socio más problemático de la Unión Europea. El que nunca quería aprobar los rescates de Grecia (nos hubiéramos ahorrado muchos problemas con una condonación de la deuda a tiempo), el que ha dicho no a la asociación con Ucrania.

No hay ni ha habido una crisis en Holanda que justifique su rebelión contra Bruselas y contra sus propias instituciones. La tasa de paro está en torno al 5 por ciento: pleno empleo. Casi la mitad de los trabajadores tienen jornada a tiempo parcial por decisión propia. La renta per cápita es de 39.000 euros anuales. El gran superávit comercial es otro indicador de su prosperidad. Los holandeses gozan de servicios públicos de calidad, con un gran nivel de subsidiariedad, de buena educación. Es el enfado, la rebeldía de los satisfechos. De donde se deduce que la satisfacción cívica no puede ser solo económica.

La apreciación de los holandeses respecto a la inmigración y la comunidad musulmana no se ajusta a la realidad. Ni por asomo están sufriendo una invasión. Hace unos días la consultora Ipsos Mori ha hecho público el resultado de una encuesta en la que preguntaba cuántos musulmanes cree el público que hay en los diferentes países europeos. Después comparaba los resultados del sondeo con la realidad. Los holandeses creen que en su país la población musulmana representa el 19 por ciento, cuando en realidad asciende a un 6 por ciento del total. Porcentaje, sin duda, significativo pero que se compadece poco con el fantasma de una invasión.

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Cataluña y la sacra decisión

Fernando de Haro

En Vic. El camarero sirve el café. Y con una sonrisa cordial te explica sin que hayas preguntado nada: “Es que queremos que nos dejen decidir si queremos ser independientes, que nos dejen votar”. La conversación se prolonga. El camarero quiere explicarse. Vic es el centro, la yema de huevo del separatismo catalán. El pueblo se construyó en torno a uno de los obispados más antiguos de Europa. Ahora lo sacro, más que en la catedral, está en la calle, en la plaza central: de muchos balcones cuelga la estelada, la bandera de la independencia. Junto a la enseña se han escrito palabras sagradas: la independencia es libertad, la independencia es felicidad, la independencia es…

El camarero de Vic va a votar sin tardar. Va a votar para decidir, pero no si Cataluña es independiente, va a votar para elegir a los representantes del parlamento autonómico. Por cuarta vez en los últimos siete años los catalanes serán convocados a unas elecciones anticipadas. En eso es lo que va a acabar, de momento, el proceso de desconexión que se puso en marcha en octubre de 2015 para crear “la república” de Cataluña. Salvo sorpresa de última hora, la convocatoria de un referéndum con la que el Gobierno catalán desafiará de nuevo al Tribunal Constitucional quedará anulada. Esta vez no habrá urnas, como sí las hubo en el simulacro de 2014. El Gobierno de Rajoy tiene el propósito de ser inflexible pero proporcionado. Tiene la intención de no utilizar las herramientas extremas que le atribuye la Constitución.

Y también, salvo sorpresa de última hora, el independentismo aceptará tranquila y pacíficamente la suspensión del referéndum convocado. No deja de ser una forma de desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra el Gobierno de Junts pel Si, forzado a pactar con los antisistema de la CUP, con los que es imposible dar un paso. En el momento de la suspensión del referéndum quizás haya algunas manifestaciones en las calles y protestas. Si hubiera violencia estaríamos hablando de otra cosa. Pero no es probable.

En el momento en el que se convoquen nuevas elecciones se habrá llegado a un nuevo punto de partida. Todas las encuestas reflejan que hay dos Cataluñas (la española y la partidaria de la independencia) prácticamente del mismo tamaño. En los últimos meses los contrarios están por encima de los partidarios de la independencia, pero solo con un punto de ventaja. Una inmensa mayoría de los catalanes están a favor de la celebración de un referéndum –como el camarero de Vic– pero solo entre un 35 y un 37 apoya que ese referéndum no sea pactado con Madrid. El referéndum que los catalanes quieren no es posible porque la Constitución española lo prohíbe.

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Nos falta estima

Fernando de Haro

Hipótesis arriesgada. Pero en estos momentos de perplejidad, perdido ya mucho, quizás convenga asumir riesgos más allá de lo acostumbrado. Los informes hechos públicos en las dos últimas semanas en Bruselas detallan el laberinto en el que estamos. El Informe España 2017 y el Libro Blanco sobre el futuro de la Unión describen la impotencia de un crecimiento que no garantiza el bienestar. Acaso el problema económico no solo sea resultado de políticas monetarias tomadas a destiempo, o de las dificultades para aunar intereses del sur y del norte, para incrementar la productividad, o para mejorar la educación. Quizás falta algo previo, una estima elemental por lo que nos hacer ser europeos o españoles. ¿Será que los primeros que tienen necesidad de ser acogidos somos nosotros mismos -nuestra propia experiencia-?

El Libro Blanco presentado por Juncker la semana pasada apuesta sin decirlo claramente por aquello en lo que creen los franceses y los alemanes más europeístas: una Europa a dos velocidades que aparque el federalismo para todos. Ahora que el Reino Unido se marcha, reconoce que “la Unión ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social de la posguerra”. El problema no es solo que se recetara austeridad cuando era necesario gasto. Ahora que se ha iniciado la recuperación, la desigualdad permanece o se acrecienta y no se ha vuelto ni al nivel de renta ni al nivel de empleo de hace 10 años. Y, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes pueden vivir peor que sus padres. Por eso dudan de la eficacia de la economía social de mercado.

El Informe España 2017 va en la misma dirección: la economía crece con fuerza y la moderación salarial contribuye a la creación de empleo. Pero Bruselas señala que el amplio uso de los contratos temporales no es bueno para la productividad y que el riesgo de pobreza para los que están contratados persiste. Los servicios públicos de empleo no funcionan bien y la ayuda a las familias es baja. La desigualdad amenaza la cohesión de la vida social.

Parece difícil deshacer el enredo: para crear empleo se desregula el mercado laboral y el trabajo de no pocos no les saca de la pobreza. La reactivación genera ingresos para corregir las desviaciones de déficit, pero no para más gasto social (la política tributaria deja mucho que desear). Las políticas expansivas son cosa del BCE. No hay ni capacidad ni voluntad reformadora para darle la vuelta a las políticas públicas. Es es el caso de la política de empleo que está paralizada por un estatalismo absolutamente ineficaz propio de los años 80 del pasado siglo (el dinero de la formación acaba siendo una subvención a sindicatos y organizaciones empresariales a los que se les exige poco a cambio).

Dice la Comisión que crece la desconfianza ante la economía social de mercado. No es de extrañar. Los europeos, en general, y los españoles en particular, quizás sin ser muy conscientes, se encuentran atrapados en unas categorías que van del viejo liberalismo al viejo estatalismo sin conflicto alguno. La crisis ha desmontado muchas cosas, pero curiosamente no parece haber descabalgado esa interpretación de la vida social y económica que va en contra de la experiencia de mucha gente, de la experiencia elemental que te impulsa a trabajar, a crear empresa, a emprender.

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Nos falta estima

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