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20 OCTUBRE 2018
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Futuro mestizo

Fernando de Haro

España ya ha superado en los últimos meses a Italia en la llegada de inmigrantes irregulares por mar. Durante los nueve primeros meses de 2018 han sido más de 41.000. Cerrada la ruta de Libia y con la política de Salvini (con su negativa a dar puerto seguro a los barcos de rescate), las rutas de los que buscan un paraíso mejor tienen ahora como objetivo Andalucía.

Durante el verano ha crecido significativamente la preocupación de los españoles por la crisis migratoria, según las encuestas más acreditadas ha pasado del 3 por ciento al 11 por ciento. Son porcentajes relevantes pero muy distantes de la media europea (38 por ciento) y de la preocupación que sigue habiendo en Alemania (39 por ciento). Son llamativos estos datos porque la política del Gobierno socialista de Sánchez ha sido durante los últimos meses totalmente errática. Ha pasado de acoger a los que viajaban en un barco de rescate (Aquarius) a rechazarlos en otra operación y a practicar “devoluciones en caliente” (sin respetar los requisitos y los plazos de identificación de los que han llegado) criticadas severamente por Bruselas. El Gobierno de Sánchez tiene desbordados los Centros de Internamiento de Migrantes (CIES), no sabe qué hacer con los menores no acompañados (no pueden ser devueltos) que se han convertido en “niños de la calle” en ciudades como Madrid y Barcelona. Tampoco pone sobre la mesa soluciones para afrontar la tragedia del Mediterráneo (cinco años después de la tragedia de Lampedusa, Vicent Cochelet de ACNUR ha denunciado que “la gente se muere ante la creciente indiferencia”) ni reclama con contundencia en Bruselas una política de apoyo a los países del sur (se suceden los Consejos Europeos sin que la cuestión se aborde con seriedad).

Una gestión nefasta del problema migratorio por parte del Gobierno socialista sería el campo abonado para que la preocupación se hubiera disparado y para que la “inquietud por una invasión” fuera utilizada políticamente. La oposición critica la falta de una estrategia de Sánchez, pero no explota el miedo al extranjero. No puede hacerlo. Las encuestas reflejan que el 70 por ciento de los españoles eran partidarios de dar acogida a los rescatados en el Aquarius. Los partidarios de la acogida en el centroderecha eran el 50 por ciento. No hay, de momento, en España ni movimientos anti-inmigración, ni instrumentalización política. El populismo es de izquierdas y, después de su gran crecimiento inicial, ahora está en un 16 por ciento de intención de voto (propia de un partido neocomunista). La destrucción de ciertas evidencias cívicas, a pesar de la creciente polarización, parece que va más lenta que en otras partes de Europa. Quizás influya el hecho de que España y Portugal sean las democracias más jóvenes del Viejo Continente. En cualquier caso esas certezas sobre el valor del otro pueden disolverse en cualquier momento.

Paradójicamente son los otros los que pueden salvar a España. El invierno demográfico y el envejecimiento de la población son dos problemas muy severos. La tasa de fertilidad está en el 1,3, una de las más bajas en Europa, y se prevé que los españoles y los japoneses sean los que tengan un mayor porcentaje de viejos en 2050.

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Futuro mestizo

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Políticos, no intachables

Fernando de Haro

La España de Pedro Sánchez tiene un aire a la España y a la Italia de los años 90, al último Felipe González y a la época de Mane Pulite. No hay que agrandar las similitudes. El Gobierno socialista no está al fin de una larga época de más de diez años en el poder, acosado por una gran fatiga de materiales y por los casos de corrupción. Tampoco hay un sistema judicial que en nombre de la limpieza de la política se extralimite en sus competencias y tenga el objetivo de acabar con un cierto sistema de partidos.

Pero sí arde con intensidad una hoguera nacional en la que presuntas irregularidades cometidas por los miembros del Gobierno –ninguna de ellas constitutiva de delito– quema la actualidad, la vida de los partidos, la opinión publicada. Los medios se lanzan día tras día a rescatar y a detallar la última incorrección cometida en algún momento de su pasado por un ministro o por el presidente (trabajos académicos plagiados, conversaciones con policías corruptos, sociedades para pagar menos impuestos). La oposición exige dimisiones hasta que aparece, a las pocas horas, el siguiente caso. No se hace política ni por parte del Gobierno, que no tiene apoyo parlamentario para hacerla, ni por parte de la oposición que solo alimenta la polarización a la espera de que la caída de Sánchez sea inminente. Como en los años 90, se exige una ética que olvida la principal regla moral en política: el bien del pueblo.

Sánchez arde en su propia hoguera de inalcanzable intachabilidad. Para comprender la situación es necesario recordar cómo el socialista llegó al Gobierno. Lo consiguió con solo 84 diputados (de un total de 350) tras la sentencia del caso Gürtel que daba por probada la financiación ilegal del PP y que condenaba al partido (si bien por un ilícito civil y en dos supuestos pequeños). La sentencia de la primera época de la Gürtel conocida en mayo no es la más dañina para el PP en términos jurídicos. Mucho más demoledores son las posibles tramas que se investigan en Madrid o en Valencia. Pero el PP no supo ver el cambio radical que se ha producido en la opinión pública en los últimos 25 años. Después de una gravísima crisis y del cuestionamiento de las instituciones por parte del populismo, la tolerancia a la corrupción es mínima. Rajoy no quiso verlo, no quiso pedir perdón y el resucitado Aznar sigue negando cualquier irregularidad. La soberbia de un partido que había prestado grandes servicios al país facilitando una alternancia y respondiendo a los desafíos de la crisis (como habían hecho los socialistas durante los 80) le impidió pedir perdón. Le impidió reconocer que a nivel regional los muchos años en el poder (coincidentes con el boom inmobiliario) desarrollaron una cultura en que la financiación irregular y, sobre todo, las comisiones para beneficio particular no eran extraños. Las urnas daban sensación de impunidad.

Como el PP en los 90, con una opinión pública más sensible a la corrupción, Sánchez llegó hace tres meses a la Moncloa montado en el caballo de una regeneración que ahora le patea. No quiso distinguir grados en la corrupción, casos investigados de casos sentenciados. Delitos de cosas feas.

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Políticos, no intachables

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Prisión permanente: justicia insuficiente

Fernando de Haro

El debate (en realidad no debate) sobre la ampliación de la llamada prisión permanente revisable, que ocupa a los españoles desde hace unos días, es el mejor reflejo de la dificultad de toda una sociedad por mantener vivo uno de sus principios fundacionales. Se diluye en las conciencias el principio de reinserción, recogido en el texto constitucional como traducción laica y penitenciaria de la misericordia cristiana y de la voluntad de reeducar a los presos (propia de la mejor tradición republicana). Frente al mal sufrido (mal grave), a muchos les parece razonable establecer la máxima distancia: la que proporciona tener al que ha cometido el delito entre rejas toda la vida.

Se le llama prisión permanente revisable, pero se trata de una cadena perpetua. La cadena perpetua siempre ha incluido la posibilidad de poner al reo en libertad pasado cierto tiempo. El Gobierno del PP la introdujo en el Código Penal en 2015 para delitos graves como el asesinato de menores de 16 años o los que se siguen después de un abuso sexual. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Ahora que los populares no tienen mayoría en el Congreso de los Diputados, los grupos de oposición han presentado un proyecto para derogarla. El Gobierno ha respondido con una contrapropuesta para ampliarla a más supuestos. La ampliación no prosperará porque no cuenta con apoyos parlamentarios. No importa: lo que cuenta es mostrar “iniciativa política”. Rajoy, a pesar de la buena marcha de la economía, está bajo en las encuestas: el PP ha caído en el último año 7 puntos en intención de voto. El apoyo de la opinión pública al endurecimiento de las penas tras algunos casos especialmente dolorosos de violencia sexual y contra la infancia –piensan en el Gobierno– puede ser una gran baza.

En realidad, la prisión permanente revisable o cadena perpetua no responde a ningún problema. Su aparente necesidad responde a un claro caso de desinformación, a un espejismo provocado por las grandes cadenas de televisión. En su lucha por un par de puntos de share, las emisoras repiten hasta la saciedad los detalles de los casos más sangrantes de violencia sexual o de violencia contra la infancia.

España es uno de los países con más bajo índice de criminalidad de Europa. Cuenta, además, con uno de los códigos penales más duros de su entorno y con una mayor estancia media de los condenados en prisión. El sistema del cumplimiento íntegro de las penas y las sanciones previstas provocan que se pueda estar hasta 40 años en la cárcel si se han cometido los delitos más graves. Suficiente, en principio, para poner a salvo a la sociedad de aquellos que tuvieran voluntad de reincidir.

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Prisión permanente: justicia insuficiente

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