Diario de información sobre la actualidad política, social, económica y eclesial
28 MARZO 2017
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Generación millennial

Elena Santa María

A los nacidos entre 1982 y 2004 nos llaman la generación millennial. Nacimos en años de prosperidad pero al llegar a la veintena nos hemos encontrado con la crisis. La Fundación Porcausa habla de nosotros como "el colectivo de los sueños rotos". Javier Ayuso, en un artículo para El País afirma que los millennials se ven a sí mismos "como una generación perdida en el camino entre dos mundos”. Como decía una joven millennial de forma gráfica esta misma semana en un conocido programa de radio: "Somos una generación de transición. Somos la última en muchas cosas y la primera en otras tantas. Estamos entre lo viejo, que no acaba de morir, como el papel o el bipartidismo, y lo nuevo, que no acaba de nacer. Una generación que compra las entradas de cine en Internet y luego las imprime". En esa incertidumbre, "Vivir la vida" es una frase que repiten cuando les preguntas a qué aspiran. Para Elías Rodríguez, de 25 años, esa expresión se resume en "tener un buen sueldo trabajando poco". Amalia Barrigas, de la misma edad, es más contundente: "La generación millennial aspira a vivir la vida, pero porque creo que no tiene ni puta idea de lo que es la vida". Esta sensación la explica bien Leila Guerriero, también en El País, cuando habla de sus deseos de la infancia. Ella quería ser como la "gente que andaba por ahí sin más rumbo que la inmensidad, que no se quedaba nunca en ninguna parte, que no tenía más patria que la de su sombra, más ansia que la de partir".

Con esta incertidumbre, este no saber a dónde ir, miramos a nuestro alrededor, a lo que nos ofrece la sociedad. Desde Suecia, un país referente en muchos aspectos, nos llega la "teoría sueca del amor", con dos ingredientes: independencia y soledad. Inma Monsó nos pone algunos ejemplos en La Vanguardia: "una clase de sueco para refugiados procedentes de Siria y Eritrea. La profesora les recuerda que respondan con monosílabos: los suecos son poco comunicativos. Los alumnos se quejan de la falta de inmersión lingüística: no pueden practicar por falta de suecos dispuestos a conversar. Otra escena: como los bosques en Suecia son inmensos y los suecos pasean solos, cada semana se pierden montones de ellos. De modo que se organizan grupos de buscadores (sólo un alto concepto del civismo logra agrupar a los suecos) que hacen batidas los fines de semana". Más adelante cita a Bauman: "La independencia, dice, ‘es cómoda y por tanto adictiva: cuando la tienes quieres más y más’ (bueno, no podemos olvidar que Bauman ha sido el filósofo de la modernidad líquida y también que de¬sarrolló una interesante teoría del temor al vínculo y al compromiso). Luego Bauman nos invita a preguntarnos sobre el papel del Estado de bienestar en este malestar individual. ¿Debemos concluir que las cotas de bienestar social alcanzadas por los suecos son en parte responsables de este estado de cosas? ¿O que el bienestar social impecable al que tan ávidamente aspiramos los países del sur ha de desembocar necesariamente en la soledad y, por tanto, en otro tipo de malestar aún más insidioso que el de la miseria?".

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Generación millennial

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Ayudemos a los migrantes en su casa, ¿pero cómo?

Giorgio Paolucci

Desde hace doce años la Fundación de la Subsidiariedad publica la revista Atlántida, donde aborda temas de actualidad con una mirada abierta a las dimensiones del mundo entero. Les mueve una pasión y una curiosidad por la realidad y por todos los aspectos de lo humano, con el deseo de dar voz a la multiplicidad de culturas. Por eso el eslogan de la revista es “un mundo que hace hablar a otros mundos”.

En los últimos tiempos, han acentuado esta apertura de miras con una serie de números especiales dedicados a temas como la libertad religiosa —un bien universal amenazado en muchas partes del mundo—, las migraciones —turbador testimonio del cambio de época que estamos atravesando—, y la cooperación al desarrollo, un tema íntimamente conectado con el de las migraciones, aunque no se puede abordar desde una perspectiva que se agote en sí misma. Profesores universitarios, analistas, representantes de instituciones, responsables de ONG, voluntarios implicados sobre el terreno orecen análisis de fondo de carácter internacional y narran experiencias vivas en África, Oriente Medio y América Latina.

“Ayudémosles en casa” es un eslogan ampliamente repetido en muchas partes a propósito de este problema. Un eslogan que se puede usar como pretexto para no tener que afrontar la dramática actualidad de los flujos migratorios o evadir el deber de una acogida generosa y responsable a la vez, o bien como una indicación de método que invita a tener una mirada abierta, un enfoque amplio a la hora de afrontar los desplazamientos de millones de personas que salen de sus países de origen e intervenir con más eficacia en los desequilibrios entre el norte y el sur del planeta.

El debate sobre la eficacia de las ayudas, que no solo va ligada a su dimensión cuantitativa, se remonta a siglos atrás y vuelve a tomar actualidad comprensiblemente en tiempos de crisis económica. Hay tres críticas de fondo. La primera va unida al hecho de que a menudo las intervenciones sirven para resolver problemas específicos pero no hacen crecer al país receptor: es la llamada paradoja micro/macro. La segunda denuncia el riesgo de crear una dependencia endémica: cuando terminan las ayudas del proyecto, todo se queda parado. La tercera crítica apunta que la diseminación de las ayudas no contribuye a la formación de un sistema institucional local más eficiente en los países destinatarios, sobre todo a causa de la corrupción y el mal funcionamiento de sus gobiernos y administraciones públicas.

¿Qué hacer para que las ayudas resulten realmente eficaces? No existen recetas sencillas para problemas complejos, pero las soluciones propuestas —para ser eficaces— deben ir hasta el fondo de los problemas. Por ello, muchos expertos subrayan lo imprescindible que es adoptar un “enfoque participativo”, que favorezca el protagonismo de las poblaciones locales como principal motor del desarrollo, y que incentive el diálogo entre todos los actores en juego: instituciones internacionales, donantes, ONG.

Un desarrollo auténtico se realiza dentro de un proceso relacional, la persona descubre su propia identidad y sus potencialidades, propias y de la comunidad a la que pertenece, mediante el encuentro con otras personas: al sentirse afirmada, querida y amada, toma conciencia de su propio valor, se redescubre a sí misma y recupera su capacidad para implicarse en iniciativas nuevas.

Ayudemos a los migrantes en su casa, ¿pero cómo?

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Pacto de Estado por una mejor Función Pública española

Francisco Medina

El Gobierno resultante de las elecciones generales celebradas en 2016, tras arduas negociaciones, ya está constituido desde hace algo más de dos meses. Los ministros ya están nombrados, pero está todo muy en el aire. Aparentemente, con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, y el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, todos los Departamentos Ministeriales están creados, pero lo único que se está moviendo es el traspaso de funciones y competencias que han de sufrir algunos de los Ministerios que han sufrido una reestructuración mayor, como son el caso del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad –cuyo titular es Luis de Guindos– y el del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital –capitaneado por Álvaro Nadal, antiguo director de la Oficina Económica y Presupuestaria de Presidencia del Gobierno–. Algún cambio menor en los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que se ha desgajado la parte relativa a las relaciones con las Administraciones territoriales para engarzarla en la Vicepresidencia del Gobierno, cuya titularidad la ostenta Soraya Sáenz de Santamaría. En el fondo, ha cambiado todo y no ha cambiado nada.

Y poco más. Han pasado más de tres meses desde el acuerdo alcanzado entre el PP y C´s, abstención mediante del PSOE –tras la salida de Pedro Sánchez– para la formación de Gobierno y no se está haciendo más que tramitar algunos proyectos de Reales Decretos de estructura orgánica básica, como el del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; mientras las negociaciones que se están llevando a cabo entre los Ministerios de Luis de Guindos y Álvaro Nadal en orden al traspaso de las competencias y los medios materiales y personales aún no han concluido. Nada es seguro, quizá porque aún se está a la espera de la aprobación de los Presupuestos, hecho que no es posible dar por descontado, a la vista de la incertidumbre del resultado de las elecciones primarias que tendrán lugar en el seno del PSOE por el mes de mayo: el fantasma de Pedro Sánchez –a quien muchos creían políticamente muerto– asoma de nuevo.

Por un lado, es cierto que, en este contexto de incertidumbre, resulta muy difícil tomar decisiones políticas y legislativas de cualquier calado. Las mayorías absolutas, como las que se han dado en España, pueden constituir una especie de rodillo o apisonadora para adoptar medidas que pueden ir contra el interés común de todos los españoles, pero también han proporcionado una estabilidad que ha permitido el funcionamiento de las instituciones y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con las dotaciones necesarias para la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de sanidad, educación, I+D+i, seguridad ciudadana, defensa, energía, medio ambiente, telecomunicaciones y demás. Es obvio que este tipo de escenarios ya han pasado a la historia.

Pacto de Estado por una mejor Función Pública española

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Fillon no se mueve

Robi Ronza

Una gran manifestación de solidaridad y apoyo en París ha vuelto a colocar en buena posición a François Fillon, el candidato republicano a las elecciones presidenciales francesas del próximo 23 de abril, con segunda vuelta el 7 de mayo. Fillon estaba contra las cuerdas por la noticia publicada el pasado mes de enero por el histórico semanario satírico Le Canard Enchaîné, según el cual había asignado dinero público para pagar un sueldo como asistente a su mujer, Penelope. Más allá del propio asunto, que se puede considerar inoportuno aunque no ilícito según la legislación francesa, a muchos disgustó que Fillon y su esposa comentaran la noticia desde el principio con declaraciones reticentes y confusas. Habría sido mejor que lo admitieran desde el principio aduciendo las justificaciones que solo después ofrecieron.

Sobre este episodio, la mayor parte de la prensa francesa que le es hostil montó inmediatamente una gran campaña que le costó la pérdida de muchos apoyos. Aunque de momento parece obvio que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, ganará la primera votación pero sin alcanzar la mayoría absoluta, los demás siguen en liza por el segundo puesto. De hecho, se cree que un candidato capaz de recoger gran cantidad de votos podría vencer en la segunda vuelta a Marine Le Pen. Hasta que llegó el scoop de Le Canard Enchaîné, Fillon tenía el segundo puesto en el bolsillo, pero luego se vio superado por Emmanuel Macron, exministro del gobierno socialista de Manuel Valls, que se presenta con un programa definido como “de centro”. No por el apoyo del partido socialista, que alcanza mínimos históricos tras el fracaso político del presidente saliente François Hollande, sino por el de una nueva organización, En Marche!, creada ad hoc para apoyarlo.

El éxito de la manifestación de apoyo a Fillon –que congregó el domingo a una multitud de al menos cuarenta mil personas en la monumental plaza del Trocadero– hace pensar que la partida todavía sigue abierta. Fortalecido por este apoyo popular, Fillon resiste ante los que desde dentro de su partido querían que se retirara. Para dibujar un cuadro claro de lo que está en juego, es importante tener en cuenta un elemento sistemáticamente censurado por los grandes medios: Fillon es un católico explícito y consciente, mientras Macron es un “laico” cercano a posiciones más radicales que las socialistas de Manuel Valls, inscrito desde hace tiempo a una logia masónica del Grand Orient de Francia.

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Solo las atributivas son verdaderas

Fernando de Haro

Han corrido ríos de tinta durante los últimos días sobre dos sucesos que se han producido de forma casi simultánea. Todo el mundo ha opinado ya sobre el autobús que ha recorrido Madrid con afirmaciones sobre la identidad sexual, afirmaciones que el colectivo LGTB ha percibido como ofensivas y contrarias a su dignidad. Como también todo el mundo ha tomado postura ante la gala que ponía final a los carnavales de Gran Canaria. En ella uno de los concursantes ha utilizado la figura de la Virgen y de Cristo para hacer una parodia, lo que ha sido percibido por los cristianos como una ofensa.

Los dos casos van más allá de la anécdota. Son ejemplo del creciente conflicto propio de las sociedades plurales. Conflicto entre libertad de expresión y derecho a que la propia identidad no sea ofendida. El contenido de los dos casos es bien diferente pero los dos supuestos tienen puntos en común y nos ayudan a entender los grandes retos que tenemos por delante. El reto de la vida en común y el reto de encontrar un modo de afirmar la verdad que no la descalifique (a la propia verdad, se entiende).

Un análisis sosegado sobre el contenido de los dos gestos nos llevaría a concluir que no son de la misma naturaleza. Pero está claro que estamos, en los dos supuestos, ante la colisión entre dos derechos fronterizos (libertad de expresión/identidad). Nuestras sociedades democráticas y plurales han evolucionado de un modo muy rápido. Las evidencias compartidas que no había que discutir han ido desapareciendo y el espacio de lo que pacíficamente y objetivamente se reconoce como un bien es cada vez más reducido. Por eso las fronteras entre derechos son cada vez más ásperas.

El artículo 10.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos (1950) establecía que la libertad de expresión tiene como límite la moral. Una afirmación que casi 70 años después exigiría un debate sobre qué afirmaciones morales son compartidas. La moral no es derecho y siempre pasa a través de la libertad. A buen seguro que el caso Handyside versus Reino Unido sobre el Libro Rojo del Cole (colisión libertad de expresión/tutela de la infancia) no provocaría hoy la misma sentencia que en los años 70.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente delimitando qué puede ser considerado delito de odio en los casos de enaltecimiento del terrorismo. Pero en otros supuestos no está tan claro cómo definir las fronteras. El delito del “hate speech” se introduce en el Código Penal en la reforma de 1995. Se define como el hecho de promover “odio, hostilidad, discriminación o violencia” (...) “por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. La jurisprudencia es zigzagueante al aplicar el tipo penal porque estamos ante el problema de evaluar un sentimiento y no una conducta. El mismo problema generan los delitos por ofensa a los sentimientos religiosos (caso Rita Maestre).

Solo las atributivas son verdaderas

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La pregunta del millón

Elena Santa María

En esta semana cargada de polémicas ha sucedido un hecho -igual de mediático- que nos ha dejado desarmados. La muerte de Pablo Ráez, en el fin de semana de carnaval, nos quitó la máscara de golpe. Dice Antoni Puigverd en La Vanguardia que "todos vamos dando vueltas y cambiando de máscaras cada vez más deprisa, incapaces de parar, aterrorizados por la idea de parar y contemplarnos en el espejo tal cual somos". El sábado, al menos por un instante, tuvimos que hacerlo.

Esta semana las páginas de la prensa se han llenado de artículos sobre la enfermedad. Cito dos: escribe Leila Guerriero en El País sobre una visita al hospital: "Cuántos de nosotros vendremos a este lugar buscando la superstición del antibiótico, la destreza de la radiografía, y saldremos muertos. Ya no camino tan altiva por aquí. Hubo un tiempo en que lo hice: un tiempo en que fui más potente que los médicos potentes. Ahora solo veo una máquina de enmascarar la muerte (pero quizás es mi imaginación, esa forma atroz del infortunio). Abro la puerta del cuarto 2012. Y lo veo. La soberbia no muere por el paso del tiempo. Muere cuando ves aquí, en este sitio, a quien fue tu par, tu compañero, tu pequeño amor durante los —pocos— años en los que fuiste inocente”. Por su parte, Inma Monsó afirma en La Vanguardia: "Hoy, cuando una sentencia de mal pronóstico cae sobre una familia, la enfermedad se apodera de la totalidad de la vida y apenas nos deja margen para respirar el aire del presente. Saturados de información, internautas ávidos, usuarios de una sociedad sobremedicalizada, hace mucho que perdimos la posibilidad de ser ingenuos ante la enfermedad como solo un niño puede serlo".

Vivimos tiempos en los que reconocer el bien que supone el otro no es natural. Pedro Simón, en El Mundo, describe así a los españoles: "El deporte nacional ya no es tanto hablar mal de paisaje que es España, sino despellejar cada mañana a un español en concreto y almorzárselo crudo. Si por norma hablas mal de tu vecino, si por norma te cebas en bajito con algún compañero del trabajo, si casi siempre le gritas al futbolista de tu equipo que no llega al balón...". Recientemente Pilar Rahola ha presentado una novela, y aprovecha la ocasión para explicar en La Vanguardia por qué escribe: "la literatura me permite un ejercicio de transformación que difícilmente se puede conseguir de otra manera: la posibilidad de entrar en otras pieles, de entender otros latidos, otras emociones y, por el camino de descubrir otras vidas, intentar entender la propia. Al fin y al cabo, por muchos relatos que inventamos, por muchos paisajes históricos, físicos, humanos que construimos, todo escritor hace siempre el mismo recorrido: intentar entender la condición humana. No somos nada más que seres asustados y desconcertados, en búsqueda constante de una explicación".

Vuelvo al artículo de Pedro Simón, tras la larga lista de todo lo criticable y criticado en España, cambia de tercio con un ejemplo de hacia dónde cree él que deberíamos mirar (los españoles): "Habría que purgarnos de lunes a viernes en un silencio de caracoles. Habría que tener el músculo de Pablo Ráez. Y acabar diciendo lo obvio: que ese chico de 20 años que ha muerto de leucemia, que ese chico que decía ‘la muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir’, que ese chico que escribió «demos más sonrisas, demos más abrazos, demos más paz, demos la mejor versión de nosotros mismos», que ese chico que consiguió él solo disparar las donaciones de médula en España y sale en todas las fotos sonriendo a pesar de todo; ese chico, decimos, como el oficinista del bisbiseo o la víbora del comedor, también era español. En concreto de Málaga".

Y es que esta semana la muerte de Pablo Ráez ha reabierto la pregunta del millón, como bien describe Juan Bosco Martín en Lainformacion.com: "La vida nos ofrece constantes oportunidades para meditar el porqué de lo que parecen desgracias sin explicación. El ser humano siempre trata de encontrar sentido a lo que le pasa -sobre todo a lo malo que le pasa- porque intuye, casi de forma instintiva, como un imperativo tan natural como el comer, que existe un porqué de las cosas".

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La pregunta del millón

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EncuentroMadrid calienta motores

El pasado domingo, 26 de febrero, desde las 10 de la mañana, cientos de personas acudieron a Villanueva de la Cañada para correr la carrera familiar solidaria #FamilyRace, organizada por la Asociación Cultural EncuentroMadrid.

Familias y amigos disfrutaron de diferentes recorridos, de 5 y 10 kilómetros, en cuya organización ha colaborado generosamente el Colegio Internacional Kolbe del municipio y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, con su alcalde Luis Partida a la cabeza. Tras las carreras de adultos, llegó el turno de los más pequeños: niños desde los cuatro años dieron lo mejor de sí, bajo la mirada orgullosa de todos.

Además de con sus zapatillas, los corredores llegaban a la línea de salida con un kilo de alimentos no perecederos que se han donado a las acciones de Avanza ONG, formada por más de 700 voluntarios que asisten a 8.000 familias desfavorecidas de nuestro país y que, como contaba Emilio de Villota, quiere unir a personas que están deseando ayudar con familias que necesitan ser ayudadas.

El padrino de honor del evento, el atleta internacional Iván Fernández Anaya (héroe del fair play y eneacampeón de campo a través), se desplazó desde Vitoria para colaborar con esta carrera familiar y solidaria; donde se encontró con el periodista Fernando Martín, que quiso sumarse a la carrera por segundo año consecutivo. Ambos resaltaron que esta iniciativa, además de promover los valores del deporte, les había permitido disfrutar de un día soleado con la familia y amigos, un día donde lo importante no era ganar, sino correr juntos por una meta solidaria.

Muy destacada fue también la presencia IMEDIA Comunicación. Su directora, África Orenga, tras correr los 10 kilómetros, contaba que apoyar las iniciativas solidarias y deportivas que fomenten el encuentro, la belleza y la superación es uno de sus objetivos. Y el deporte, una de sus mayores pasiones.

La #FamilyRace ha vuelto por segundo año para dar a conocer el evento cultural EncuentroMadrid, que se celebra cada primavera en el recinto ferial de la Casa de Campo y que busca crear espacios de diálogo en los ámbitos de la política, la economía, la cultura, la educación y la religión a través de exposiciones, conciertos, espectáculos, mesas redondas y conferencias que dan forma a una realidad única en el panorama cultural español. Este año tendrá lugar del 21 al 23 de abril, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.

Como ocurre en EncuentroMadrid, la #FamilyRace se ha organizado con el trabajo de decenas de voluntarios durante meses de trabajo, y con el apoyo de patrocinadores como IMEDIA Comunicación, Coca-Cola, Aneto y Kinder, sin los cuales no habría sido posible la carrera.

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¿Horas superficiales?

Elena Santa María

"El uso cínico del discurso del 'nosotros contra ellos' provoca una agenda deshumanizadora basada en discursos de culpa, odio y miedo a escala nunca vista desde los años 30". Esta frase, recogida por El Mundo, la pronunció Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del Informe Anual 2016-2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Una de las consecuencias de todo lo que ha sucedido en el mundo en los últimos meses es el escepticismo. "A pesar de sus actitudes esencialmente diferentes frente a la tecnología y la globalización, la Gente Web y la Gente Muro tienen una cosa en común: tanto una como la otra son profundamente escépticas respecto a las instituciones existentes. Piensan que la democracia representativa ha colapsado y ven el potencial creativo de la disrupción", afirma Mark Leonard en El País.

En esta dinámica también entran los niños, que siempre habían sido símbolo de inocencia y sencillez. También en El País, describe Catherine L'ecuyer a los niños de hoy; "niños y niñas que lo han visto y hecho todo, a los que nada sorprende e interesa, porque todo lo tienen a un clic y al instante, antes de desearlo. Desde los dos años, dejados a sí mismos navegando en sus cunas, sus delicados deditos encontraron imágenes dañinas que quedaron para siempre grabadas en sus mentes inocentes. Con cuatro años, bailaron el festival de fin de curso moviendo la cadera y enseñando el ombligo como Jazmín de la Disneylandia que de tanta garantía que da, acaba adormeciendo como por arte de magia a la conciencia del padre que aplaude y graba el sensual baile, para el recuerdo de una infancia despejada. Con seis años celebró el Halloween vestida de Monster High y el Carnaval vestida de sensual enfermera. Niños atraídos por el feísmo y erotizados por pantallas sin otros filtros que los de su irresistible perfil Instagram. Niños cínicos que han disparado y matado cientos de miles de veces por videojuego, y que han perdido la sensibilidad y la capacidad de interpretar una mirada y de tratar a otros con delicadeza. Niños sin asombro, que se han quedado ciegos ante la belleza de la realidad, incapacitados para sintonizar con ella".

Pero la realidad es tozuda. "¿Cómo vamos a vivir de espaldas a la muerte si a diario y sin avisar muestra su rostro tan afilado como invisible?", se pregunta Joana Banet en La Vanguardia. "Es imposible no olerla. Está en los periódicos: toneladas de muertos cuyo destino se ha desbocado prematuramente; cadáveres de lujo y de todo a cien, porque también hay clases en la muerte. Se sienta en el banco del parque, donde unos abuelos flacos levantan la barbilla hacia el sol. La trae escrita en el entrecejo la amiga con cáncer, que la ahuyenta con coraje, dignidad y quimioterapia. La llevamos en el apellido, define quiénes somos: seres, sí, pero mortales, conocedores de que el vivir humano es un sinvivir; individuos irrepetibles en peligro de extinción, en amenaza permanente. Siempre que paso por la autovía de Castelldefels, frente al hospital de Bellvitge –donde desahuciaron a mi padre hace más de diez años–, la intuyo bien alojada, desplegando su voluntad con determinación. No hay otro muro tan real frente a nuestra capacidad de vivir. En cambio, pocas veces, acaso cuando se nos mueren los nuestros, la nombramos y nos preguntamos qué perdura tras ella".

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Es el momento de acabar con la incertidumbre en la enseñanza concertada

Jesús Pueyo

Es el momento, el momento de la renovación de forma generalizada de los conciertos educativos suscritos entre distintas administraciones públicas y centros educativos de iniciativa social. Es el momento, y de las decisiones de las Consejerías de Educación dependerá que los conciertos continúen, lo que va unido a cierta inquietud y preocupación en aquellos territorios que están a la espera de lo que suceda.

Para no caer en la exageración, en la inmensa mayoría de los casos se cumplirá con el procedimiento administrativo y todo continuará igual. Pero esto no quita para que, como consecuencia de la escasez de alumnado, habrá unidades, tanto de la red pública como de la concertada, que no podrán seguir abiertas. Por eso hay que trabajar para que esta reducción sea mínima, pensando en que lo ideal sería poder dar un tratamiento individualizado a los alumnos –sí reduciendo el número de ellos por aula, no reduciendo aulas– lo que, si duda, contribuiría a atajar las altas tasas de abandono y fracaso escolar que tanto lastran nuestro sistema escolar.

Y en este momento, ¿por qué hay inquietud en los centros concertados, en los profesionales o en las familias? Partiendo de la premisa de que el derecho de los padres a la libre elección del tipo de educación que desean para sus hijos no es absoluto, tal y como deja claro reiterada jurisprudencia, las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que todos los ciudadanos tengan una plaza escolar, para lo que deben respetar ese derecho de elección realizando para ello una programación de la oferta educativa teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la demanda social. Es por esta razón por la que en sus manos está tomar decisiones o adoptar medidas que puedan favorecer este derecho o, por el contrario, dificulten su ejercicio.

Dicho esto, ahora podemos entender la inquietud por parte de un amplio sector de la comunidad educativa en aquellas comunidades donde los responsables políticos ya han deslizado mensajes que anuncian la aplicación del falaz principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto de la enseñanza pública, a pesar de la ilegalidad de este enunciado, tal y como sentenció recientemente la justicia de nuestro país.

Y lo peor no es el mensaje, sino la ejecución del mismo, que se está traduciendo no solo en la negativa a incrementar las aulas concertadas en aquellos centros que están acreditando un exceso de demanda, sino que se están cerrando unidades y se están denegando los conciertos a centros que hoy ya tienen suficiente número de alumnos, a los que, en contra de los deseos de sus familias, se les está derivando a centros públicos que tienen plazas vacantes, lo que a todas luces es un ataque directo al derecho de los padres a elegir libremente, derecho que una administración responsable debe proteger y que, sin embargo, queda supeditado a la imposición de un centro educativo que no han elegido.

Es el momento, el momento de recordar que el Tribunal Supremo, el pasado 25 de mayo, como consecuencia de un procedimiento iniciado por el sindicato FSIE frente a una decisión administrativa que atacaba frontalmente la libertad de enseñanza, dictó una importante sentencia que anulaba tal decisión. Dicha administración aplicaba el citado principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada con respecto a la enseñanza pública para justificar el cierre de un aula concertada con suficiente número de alumnos para trasvasarlos a un aula de un centro público que estaba prácticamente vacío.

Es el momento de acabar con la incertidumbre en la enseñanza concertada

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>Entrevista a Alicia Miyares

'¿Realmente los deseos pueden estar por encima de los derechos?'

Fernando de Haro

Últimamente se habla mucho de los vientres de alquiler, sobre todo porque hay quien quiere en el Partido Popular que se debata. Hay quien lo defiende, hay quien lo critica. He leído con mucho interés un manifiesto firmado por un grupo de feministas, el grupo Notable. Un manifiesto con el que yo personalmente no coincido en todo, pero que me ha parecido muy provocativo. Una de las personas que ha apoyado este manifiesto, titulado “No somos vasijas”, es Alicia Miyares, filósofa, ensayista, escritora, con una trayectoria feminista acreditada.

Lo primero que ustedes dicen en este interesante manifiesto es que no se utilicen eufemismos en esta cuestión, que no se hable de “gestación subrogada” sino que se le llame a esto por su nombre. ¿Por qué son ustedes tan críticas con esto del eufemismo?

Evidentemente, cuando tú utilizas, para referirte a una mujer embarazada, el término “gestante”, cuando omites la palabra embarazo y hablas de “gestación”, lo único que quieres hacer es que las personas que se enfrentan a esta situación por primera vez no tomen conciencia de que estamos hablando de una mujer embarazada, de un embarazo y de un parto. Lo de la “gestante” últimamente empieza a sonar como un árbol frutal.

También critican lo de “alquilar” o “comprar”, que esto es una mercantilización de la mujer. Hablan ustedes claramente de un neoliberalismo que mercantiliza y usan una expresión muy interesante, la “cosificación” de las personas. ¿Es la transformación del ámbito de lo humano en un producto mercantil?

En esta práctica de vientres de alquiler, es eso. Cuando tú utilizas un lenguaje donde no quieres hablar del proceso de embarazo ni parto, sino que hablan de eso tan extraño que la gente no entiende, ¿qué es eso de la gestación subrogada? Se trata de que las personas no tomen conciencia de que estamos hablando de que una mujer, por contrato, antes de que se produzca el embarazo ha de renunciar a sus derechos de filiación y custodia para cedérselo a terceras personas. Eso es de lo que estamos hablando.

Renuncia a su hijo y vende un servicio que es algo que no se puede contratar como prestación de servicios. No todo es prestación en la persona, ¿no?

Totalmente de acuerdo. Nosotras precisamente salimos en su momento para decir que la práctica de los vientres de alquiler tiene unas consecuencias éticas y jurídicas que de momento todavía nadie quiere hablar de ellas. ¿Realmente como sociedad no vamos a poner un límite a lo que se pueda comprar y vender? Estamos hablando de personas. No estamos hablando solo de una mujer embarazada sino también de una criatura que nace. ¿Y realmente vamos a aceptar que esto se mercantilice? Hay una cosa en los defensores de esta práctica que realmente llama la atención. Le llaman técnica de reproducción asistida. Yo pregunto, sobre todo a las que son madres: ¿realmente el embarazo es una técnica?

El embarazo es una relación que tú tienes con tu hijo o hija.

Niegan. En el fondo están negando el vínculo.

Comercializando el vínculo.

Eso por supuesto. Pero esa es una implicación ética que, como sociedad al menos, debemos plantearnos. Luego está la implicación jurídica, de la que nadie quiere hablar.

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'¿Realmente los deseos pueden estar por encima de los derechos?'

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¿Cuál es nuestra historia?

Elena Santa María

La conversación se muere. Así titula Isabel F. Lantigua su artículo publicado en El Mundo sobre el libro “En defensa de la conversación” que ha publicado Sherry Turkle en España esta semana, en el que la autora analiza "el riesgo que corremos al perder la capacidad de hablar a la cara, al eliminar el contacto visual, al negarnos la espontaneidad en una charla en persona", "la tecnología ha hecho que estemos experimentando una huida de la conversación cara a cara" y esto tiene consecuencias muy negativas porque "la conversación es la base de la democracia y los negocios, sustenta la empatía y es básica para la amistad, el amor, el aprendizaje y la productividad". Sin ella, dice esta experta, "perdemos aquello que nos diferencia del resto de las especies, perdemos nuestra humanidad". En el libro "Turkle constata que ahora ‘esperamos más de la tecnología y menos del otro’ y que ‘hemos sacrificado la conversación por la mera conexión’. Pero que tras esto se esconde una dolorosa realidad: ‘la sensación de que nadie nos escucha’". Añade la autora del artículo que "en una entrevista con EL MUNDO, Turkle comenta que al poco de empezar a investigar se dio cuenta de ‘la estrecha relación que existía entre la huida de la conversación y la huida de la soledad. La gente tiene miedo de pasar tiempo a solas. Trabajos realizados con estudiantes universitarios demuestran que éstos prefieren administrarse descargas eléctricas a sí mismos antes que estar a solas con sus pensamientos, sin teléfono, sin dispositivos o sin un libro. Para estos jóvenes, la soledad, con su carencia de estímulos externos es algo literalmente insoportable’".

"La presencia de dispositivos interactivos que siempre llevamos encima implica que nunca más tenemos que sentirnos solos. Esto se hace evidente en la cola del supermercado o en un semáforo en rojo: la gente no se permite tiempo para reflexionar. Pero la capacidad para pasar tiempo con uno es un requisito para cualquier relación", añade la autora. Y es importante porque trasciende el ámbito privado. Lo explica Turkle: "Ahora mismo en EEUU estamos viviendo un momento en el que necesitamos pensar profunda y críticamente sobre cuestiones políticas. No podemos limitarnos a reaccionar sin más", a tuitear sin más, "necesitamos pensar las cosas con calma. Reflexionar las consecuencias. Hablar con uno para poder hablar luego con los demás". Pero esto no está ocurriendo. "Hacemos cosas que eran muy raras pero a las que nos hemos acostumbrado muy rápido. Por ejemplo, mandamos sms o entramos en Facebook durante reuniones corporativas. Chateamos en funerales. Nos alejamos de nuestro duelo para meternos en el móvil", cita de nuevo Isabel a Turkle.

En El País, Manuel Cruz escribe sobre otro libro, “Hannah Arendt y la literatura”. "Calificamos de enorme la importancia de lo narrativo porque va más allá de la mera constatación de su relevancia gnoseológica, asunto sobre el cual las manifestaciones arendtianas son de una inequívoca rotundidad (‘ninguna filosofía, análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse en intensidad y riqueza de significado a una historia bien narrada’), para adentrarse en el terreno en cierto modo más básico, constituyente, de la definición del ser humano en cuanto tal (así, al comienzo de su trabajo sobre Rahel Varnhagen, destaca Arendt la significativa afirmación: ‘¿Qué es el hombre sin su historia? Un producto de la naturaleza, nada personal’). Pero tampoco esta última dimensión consigue agotar la formidable potencia de las narraciones, que, finalmente, deben ser consideradas también a la luz de la relación que son capaces de establecer con la vida de los hombres y, más en particular, con su sufrimiento (‘todos los sufrimientos se hacen soportables si se ponen en una historia o se cuenta una historia sobre ellos’, escribe en “La condición humana”, haciendo suya una frase de Isak Dinesen)", explica Cruz.

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¿Cuál es nuestra historia?

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Elena Santa María

Esta semana la revista Jot Down ha publicado una entrevista con Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación. En esta entrevista se abordan diferentes temas que preocupan en la actualidad. El periodista Ángel L. Fernández le pregunta por la crisis antropológica que atravesamos. Carrón responde así: “Lo estamos viendo suceder ante nuestros ojos, cómo se derrumban ciertos pilares que creíamos inamovibles. Pensemos en los inmigrantes, en la reacción de muchas personas respecto al fenómeno de los refugiados. Quién iba a imaginar, solo hace algún decenio, que podríamos levantar muros en Europa después de haber deseado durante tantos años abatir el Muro de Berlín. Pensemos en el vacío que domina en la sociedad, que después se puede transformar, como vemos, en terrorismo, en violencia. O vemos cómo reaccionan Estados Unidos o Europa ante los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta situación genera inseguridad y miedo”.

Y añade más adelante: “Esa falacia -que el otro se convierta en una amenaza- solo se rompe si uno de los interlocutores no responde a la amenaza del otro con la misma moneda. Yo pienso que el otro es un bien, porque independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con sus ideas, o de cómo el otro te perciba, a mí siempre me hace madurar. Muchas veces he vuelto a casa herido porque algunas cosas que decía una persona me habían molestado y al día siguiente me levantaba con ellas, y no podía leer el periódico o escuchar a un amigo o leer algo que me interesara sin el dolor producido por esa herida. Esto no quiere decir que el otro tuviera razón. A veces podría no tenerla, pero no era esa la cuestión. Su provocación me ha ayudado a estar despierto, a estar atento, a tener preguntas abiertas con las que poder interceptar respuestas que de otra manera me hubieran pasado absolutamente inadvertidas. Y en ese sentido, cualquier ocasión de estas ha sido un bien para mí”.

En un artículo relacionado con esto y publicado en Iton Gadol, Pilar Rahola se cuestiona, con motivo del Día Internacional de las víctimas del Holocausto, "cuántos, cuántos de todos ellos, de esos hombres comunes, veían los trenes repletos de seres humanos, las casas de los vecinos saqueadas, sus amigos judíos perseguidos como ratas, el humo que salía de los campos. ¿Cuántos? Y cuántos eran esos funcionarios formados en la educación alemana que hacían bien su trabajo, vigilaban las filas, ponían los nombres en las fichitas oficiales, les quitaban sus pertenencias, miraban los dientes de los niños, estudiaban sus enfermedades y las agravaban para ver los resultados, hacían el recuento diario… Cuántos de esos seres humanos normales, que nunca habrían imaginado grandes ideas, ni se habrían implicado en grandes gestas épicas, ni conocían otra grandeza que la propia de su vida cotidiana, cuántos se embarcaron eficazmente en la industria de la muerte sólo porque seguían, porque no se hacían preguntas".

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La responsabilidad de los países de origen en la inmigración

Robi Ronza

Resulta difícil decir si el malestar provocado por la suspensión durante 90 días, decretada por el presidente Trump, de la entrada en EE.UU de personas procedentes de siete países de mayoría musulmana se debe a las lagunas de dicho decreto o a otros motivos. Más aun teniendo en cuenta que a fin de cuentas no se trata de un gran número de personas, se habría podido dejar entrar a los que ya estaban de viaje o en posesión del visado, controlando igualmente a los eventuales sospechosos. Así Trump habría evitado echar más leña al fuego de las manifestaciones de protesta en su contra.

A la sombra de este tipo de polémicas pueden acabar ciertos aspectos fundamentales de la cuestión migratoria que siguen quedando fuera del debate. En primer lugar, el hecho de que la mayor parte de estos migrantes irregulares deja su tierra de origen por motivos económicos, y no políticos. En segundo lugar, que ante estos migrantes por motivos económicos la responsabilidad de sus países de origen está antes que la de sus países de destino. Los imperios coloniales salieron de escena hace más de cincuenta años. Por tanto, es una falta de respeto, y paradójicamente una forma de paternalismo fuera de lugar, seguir diciendo que todos los problemas actuales de los estados que fueron colonias derivan de su pasado colonial. Donde, de un modo u otro, ha tenido lugar algún proceso de desarrollo, la situación ha mejorado, en algunos casos llamativamente, al menos lo necesario para reducir el empuje hacia éxodos temerarios fruto de la desesperación.

Más que dejar siempre la puerta abierta a la migración por motivos económicos, que por otro lado supone una seria pérdida de energías para los países de origen, sería especialmente importante favorecer el saneamiento de sus economías e instituciones. Esto es lo que podría desafiar a Trump, más que la pretensión de que EE.UU siga siendo la gran meta de la inmigración que fue históricamente, en tiempos que está muy lejos de hoy, y más en general la pretensión del reconocimiento de un supuesto derecho general de inmigración desde el hemisferio sur hacia los países más desarrollados.

Dicho esto, no es irracional que un nuevo presidente, elegido entre otras cosas por su promesa de reformar la política migratoria, mientras está elaborando dicha reforma decida como medida cautelar una suspensión temporal, aunque sea una de los procedimientos más discutidos. Pero, de hecho, se trata de eso: de una suspensión durante 120 días del programa de admisión de refugiados en EE.UU, y durante 90 días de la entrada por cualquier motivo en el país (salvo el caso de diplomáticos y personal de la ONU) de personas procedentes de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; además de una suspensión durante tiempo indefinido a los refugiados de Siria. Aparte de este procedimiento temporal, será muy interesante ver los contenidos de la reforma en la que Trump está trabajando. Es decir, si será simplemente una política de puertas cerradas, impopular e imposible en la práctica; o bien una política inspirada en programas de saneamiento como las ya mencionadas.

La responsabilidad de los países de origen en la inmigración

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De Franco a la globalización

Ángel Satué

Los líderes de los partidos españoles son todos niños más o menos formales y aplicados, de clase media, acostumbrados a perseguir balones imposibles en un patio de colegio, todos a una, a la melé, entre cuatro muros bien altos.

Incluso los políticos que la propaganda llama antisistema –para beneficio de la polarización social– también forman parte en su mayoría (o aspiran a estar) de esa amplia clase media española creada por el franquismo, que lo soportó hasta su lecho de muerte, para más tarde superarlo y tunearlo como opción político-cultural-sociológica ya en democracia.

Se nos ha dicho como un mantra que la clase media es la única clase capaz de sustentar una democracia. Se olvida además que ésta, en España, comenzó a ampliar su base social durante la dictadura, por un esfuerzo consciente del estado. El sistema franquista manejaba un concepto de clase social economicista que buscaba, en mi opinión, ordenar la sociedad hacia la estabilidad, lo previsible, la seguridad en todos los órdenes, el orden y la paz social, lo que implicaba, y de hecho implicó, progreso del bienestar. Esto explica los bajos niveles de asociacionismo y participación política en España.

¿Dónde queda la libertad y la persona en esta ecuación? No están porque sencillamente no son necesarios para medir el progreso en términos de un cierto bienestar, cuando es el estado el que se encarga de buscar el bienestar necesario para la estabilidad social. La persona no es necesaria, no es el fin del estado, sino un medio para la estabilidad.

Por tanto, puede convenir que las personas, ante promesas de progreso del bienestar y de seguridad total, o totalizante, incluso en democracia, olviden el gusto por el ejercicio de su libertad y el goce del disfrute de un sistema de libertades occidental. Más si cabe en nuestra democracia, que está fuertemente imbuida de los principios estatalistas y paternalistas del estado franquista.

Aquí hay un riesgo para la libertad, que no se ha dado en todas sus posibilidades en los 38 años que llevamos de régimen democrático. Sin embargo, junto a cierto bienestar, la estabilidad de la sociedad española y del estado también se sustenta, y mucho, en la homogeneidad cultural, ideológica, religiosa, en valores, social, educativa, económica y racial de la clase media española y, en general, de todos los españoles.

Además, todos, absolutamente todos nuestros políticos con mando y plaza, son deístas del estado, antes centralista y franquista, ahora social y autonómico. Todos representantes de la clase media homogénea española. Unos forjados en el franquismo, otros modelados en democracia a la imagen de la clase media franquista. Unos disfrutan de las mieles del sistema desde los años 50, 60 y 70, otros aspiran a darle un toque original, pero en la línea.

De Franco a la globalización

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Sube el precio de la luz, ¿es ésa la mayor de nuestras preocupaciones?

Lucas de Haro

Se habla mucho estos días en España del incremento del precio de la electricidad. Un análisis somero del sistema de subastas y del mercado mayorista nos ayudará a entender por qué la luz depende de los mercados internacionales de gas. Pero quizá la cuestión de fondo sea poner en perspectiva cómo nuestro sistema de generación determina los costes fijos de la factura de la luz y hacia dónde queremos dirigirnos en el futuro.

El precio de la electricidad tiene tres componentes principales: 35% es variable, 40% son costes regulados y 25% son impuestos. Los costes regulados incluyen transporte, distribución, comercialización, pago por capacidad, energías renovables, déficit del año anterior, etc. La parte variable es la más divertida, es algo así como una lonja en la que el sistema eléctrico compra energía de las múltiples centrales existentes hasta que la demanda total queda satisfecha. Los productores hacen sus cálculos y ofrecen el precio más bajo posible para el volumen de energía que serán capaces de inyectar en el sistema cada día. El operador, por su parte, se dedica a comprar watios/hora empezando por la oferta más barata y aceptando ofertas progresivamente más caras hasta que la demanda es cubierta. El último oferente capaz de pasar el corte es el que determina el precio mayorista, conocido también como spot; no importa cuán bajo hayan ofertado los primeros en entrar, el precio de toda la adquisición la determina el último que pasa el corte. Los productores van cada día a ‘la lonja´ habiendo calculado previamente su coste marginal, que viene determinado principalmente por los costes operativos asociados a la generación de cada tecnología. Para entender este proceso es importante tener en cuenta que estamos hablando de costes marginales, es decir, cuánto más me cuesta generar un nuevo watio/hora; no estamos hablando directamente de amortización de la inversión ni de eficiencia de la tecnología. Por tanto, el factor discriminante de toda esta dinámica es el coste del combustible empleado. Pero ojo, antes de empezar la subasta se acepta toda la energía generada por fuentes renovables, ésas entran en el sistema sin necesidad de ofertar en el mercado diario. Y aquí tenemos la primera causa del problema que España está viviendo estos días: el viento sopla sin fuerza en este comienzo de año y se necesita comprar más energía en ‘la lonja´ que de costumbre. En este escenario, lo primero que hace el operador es demandar electrones a las centrales que usan el combustible más barato, es decir, las hidroeléctricas (ya que el agua es más barata que el gas o el uranio); y aquí nos topamos con el segundo motivo de la crisis: está lloviendo poco y las hidroeléctricas no pueden inyectar en el sistema tanta electricidad como suelen hacer; así que tenemos que seguir comprando energía en ‘la lonja’ y nuestro siguiente vendedor son las centrales térmicas de gas. Y como el precio del gas está subiendo desde que la OPEC puso límites a la producción de crudo y porque está habiendo problemas de suministro con Argelia –el principal proveedor de España–, aquí nos encontramos la tercera causa del incremento de la factura. Por último, y quizá deberíamos llamar a esto causa número 0, la demanda de electricidad sube en los meses de frío y este año incluso más porque España ha de responder de los contratos de suministro a largo plazo con Francia, que nos está comprando energía debido a su parón nuclear por revisión y mantenimiento.

Sube el precio de la luz, ¿es ésa la mayor de nuestras preocupaciones?

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En 2017... la educación tiene grandes retos que afrontar

Jesús Pueyo

Ha transcurrido poco de este recién estrenado 2017 y predecir qué es lo que nos deparará el nuevo año en lo que a educación se refiere parece osado, teniendo en cuenta los mimbres que tenemos. Así que mejor abandonar el ejercicio adivinatorio y centrarse en algunas de las cuestiones que conforman los grandes retos que se deben afrontar si nuestra meta es aprovechar lo que nos resta de año para mejorar el sistema educativo.

En 2017, es esencial que los partidos políticos tomen conciencia de la importancia que la educación tiene en la sociedad, hecho lo cual deberían actuar en consecuencia y entender que no puede utilizarse como arma dentro de su habitual confrontación dialéctica. Es momento de entender que no pueden tener primacía los cortoplacistas intereses electorales si queremos avanzar. Es momento de entender que jugar con el presente y futuro de miles de alumnos que mañana liderarán el destino de un país es una responsabilidad de tal calado que debe resultarles suficiente para ponerse a trabajar en lo que parece que todos están de acuerdo: el pacto educativo. Y a pesar de la poca esperanza en que este pacto se alcance en los ya arrancados “6 meses” que se anunciaron como plazo, y conscientes de que no es asunto baladí como para que haya cristalizado antes de que estemos preparando la llegada de 2018, no podemos permitirnos desaprovechar el tiempo y dejar de dar pasos para tomar decisiones que permitan que sea una realidad cuanto antes. Los próximos meses nos darán pistas.

Y metidos en materia, y fuera del debate sobre un pacto o sobre una nueva ley educativa, ¿alguien se ha preguntado qué es lo que realmente necesita la educación española? Pues la respuesta puede ser fácil si analizamos los ingredientes del pastel: alumnos, centros, financiación, libertad de elección, profesionales…

En 2017, hay que trabajar en reformar en profundidad la profesión docente, perdón, reformarla y regularla primeramente, puesto que carecemos de una carrera profesional que dignifique y prestigie una profesión que más que importante es esencial en la sociedad. ¿Sorprendidos? Aunque pueda parecer increíble, no existe en España una carrera docente, ni una ley de la función docente, ni incentivos ni reconocimientos de la labor del profesional, ni posibilidad de mejora o promoción, por no hablar de si la formación inicial de nuestros docentes es la adecuada o si la formación permanente es la que se requiere en una realidad tan cambiante como la que nos ha tocado vivir.

Aunque resulte duro decirlo, los docentes han estado y están abandonados a su suerte. Se les forma en las facultades universitarias para algo que luego no se encuentran en la escuela. ¿Es lo mismo prepararse para ser químico trabajando en un laboratorio que para ser profesor de química? Evidentemente no. ¿Y sobre la vida?, ¿qué se enseña a los docentes sobre los problemas que encontrará en el aula que van más allá de lo académico y pedagógico?, ¿se les prepara para afrontar problemas sociales, de convivencia o económicos?, y ¿qué decimos de las numerosas trabas burocráticas con las que tiene que lidiar? Ya no basta con ser docente, hay que ser asesor familiar, psicólogo, pediatra, mediador, experto en nuevas tecnologías, saber idiomas, dedicar tiempo personal y dinero de tu bolsillo a mejorar la formación, innovar, investigar… y además, si es que cabe un “más”, ser espectador atónito de continuos cambios de legislación sin tener, sorprendentemente, voz para decir tu parecer. Cambios que en la mayoría de ocasiones impiden saber qué es lo que funciona realmente o no, porque lamentablemente se derivan de criterios políticos, alejándose del tinte profesional e independiente que debería marcarlos. Y lo más grave de todo es que aún no se ha entendido que será difícil mejorar el sistema educativo mientras no se mejore la situación profesional y laboral en la que se encuentra el profesorado, porque se está desaprovechando el enorme potencial de estos profesionales, que es mucho y de gran calidad.

En 2017... la educación tiene grandes retos que afrontar

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Confesionalismo de género

Benigno Blanco

El proyecto de ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana, como otros similares aprobados recientemente en distintas CCAA, supone algo novedoso y preocupante en nuestra democracia: la asunción por la ley –y a través de ella por la Administración pública– de una ideología, renunciando así a la neutralidad ideológica de los poderes públicos, con el consiguiente riesgo cierto para la libertad de aquella parte de la sociedad que no comparte esa ideología que pasa a ser la única oficial. Por eso me he referido en alguna ocasión a este tipo de leyes como a un nuevo “confesionalismo”: el confesionalismo de género.

Hasta ahora las opiniones sobre la sexualidad pertenecían al ámbito de la libertad de pensamiento e ideológica de los ciudadanos. De aprobarse esta norma, en la Comunidad Valenciana habrá una visión de la sexualidad asumida por el poder público y, en consecuencia, los ciudadanos que no comparten esa visión o ideología verán restringida su libertad de pensamiento y expresión en la materia.

Este proyecto de ley es un peligro para las libertades dada la asunción de ese confesionalismo de género y además, por su carácter intervencionista hasta el agobio, pues pretende aplicarse –como indica su art. 2.1– “a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su edad, domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana”.

Es decir, no solo será de aplicación a la Administración pública, sino también a todas las personas e instituciones y en todos los ámbitos de la vida pública y privada, personal, familiar y social. Basta repasar el índice de los títulos de su articulado para comprobar que contiene normas para la imposición del nuevo “confesionalismo de género” en las Administraciones públicas, en la sanidad, en la educación, en las relaciones laborales, en las empresas, en la formación de los funcionarios y de los profesores, en las familias, en el ocio, la cultura, la cooperación internacional y hasta en los medios de comunicación.

Para redondear este carácter impositivo e intervencionista, la ley se dota de un aparato sancionador y compulsivo (el Título sexto, art. 46 a 54) con multas de hasta 45.000 euros y prohibiciones de prestar servicios públicos, recibir subvenciones o contratar con la Administración para quienes no acepten la nueva ideología oficial sobre sexualidad y se resistan a conformar su conducta y actuación pública o privada –incluso en la intimidad de la familia– a los postulados ideológicos de la nueva ley.

La ideología que hace suya el proyecto de ley supone las siguientes afirmaciones que yo –y supongo que muchos valencianos– no compartimos porque entendemos que son opiniones científica y filosóficamente erróneas sobre el ser humano:

a) primer supuesto ideológico: hay una identidad sexual o de género de la persona que se identifica con ésta y que solo cada uno puede definir y tiene derecho a imponer a los demás como rasgo definitorio de su personalidad y que determina un status jurídico singular y distinto del propio del resto de seres humanos. Esta es la idea que se formula expresamente en la exposición de motivos del proyecto de ley desde su párrafo inicial y que se explicita en sus art. 1 y 3 y en el 4, especialmente en los números 1 a 5 al definir los conceptos de identidad de género, expresión de género, persona trans, transxesual y transgénero.

Confesionalismo de género

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Cuestiones centrales en el marco del desarrollo de la nueva ley educativa

Ferrán Riera

Con independencia de lo que pueda suceder con el programa de implantación de la LOMCE, todo parece indicar que está activo el rumbo hacia lo que se denomina “una nueva educación”. Este artículo, sin intención de ser exhaustivo, pretende poner sobre la mesa algunos elementos a tener en cuenta en el análisis de la toma de decisiones que los centros educativos tendrán que llevar a cabo en los próximos cursos.

Vientos de cambio en el paradigma educativo

Cataluña se encuentra actualmente atravesada por un huracán, un vendaval de propuestas educativas. No hay un solo día en que no salga en artículos o programas de televisión lo que se conoce como la “construcción de una nueva escuela catalana”, donde se recogen de forma fiel los postulados competenciales de la nueva ley y se propone como modelo a seguir la escuela de innovación tecnológica, basada en gran parte en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner y en los nuevos conocimientos que ha dado la neurociencia de cómo el cerebro aprende, en el marco de la sociedad tecnológica y cambiante del siglo XXI.

Se aprovecha el desarrollo de la nueva ley para proponer con todos los medios posibles una apuesta pedagógica estructurada sobre cuatro ejes. El primero de estos ejes considera que el objetivo de la educación es proporcionar competencias a los chicos y chicas, esto es, que “sepan hacer”. El segundo eje postula que las prácticas de aprendizaje deben estar basadas en el conocimiento de la manera en que el alumno aprende y, por tanto, conviene que sean prácticas basadas en sistemas colaborativos, de aprendizaje-servicio, etc. El tercer eje es la centralidad de la autoevaluación, la autorregulación del propio alumno en el proceso de aprendizaje. En cuarto lugar y último eje tenemos la organización autónoma y flexible de la misma escuela.

Hay cosas positivas en todo esto. La primera es que se percibe que alguna cosa se está moviendo y, por tanto, que la olla está en ebullición. Esto en sí ya es bueno pero corremos el riesgo de sentirnos (sobre todo en los colegios pequeños con dificultades económicas para subsistir) como quien está delante de una ola gigante que se nos viene encima, y que sí o sí nos va a arrastrar.

El papel del maestro

¿Qué debemos hacer los maestros ante todo esto? Se trata de una situación en la que no vale dejarse arrastrar simplemente. El respeto hacia la propia profesión, a la sagrada vocación de enseñar, requiere que los maestros hoy, desde infantil hasta Bachillerato, se planteen con seriedad y rigor qué experiencia han hecho y hacen dentro de las aulas para poder decidir (con la libertad necesaria para después poder educar) qué tren cogen y en qué vagón se instalan para poder desarrollar su profesión y, por tanto, también una parte significativa de su vida.

En su libro “El arte de educar”, el profesor Franco Nembrini (posiblemente uno de los genios educativos más brillantes que ha tenido el sur de Europa en los años 90 y 2000) dice que el profesor “tiene la responsabilidad del encuentro entre el chaval y la realidad”. Esto quiere decir que el profesor no es simplemente un puente entre el alumno y la realidad sino que es responsable de este encuentro, y lo es en la medida en que es testimonio de su propia relación con la realidad.

Si siguiendo los postulados de la vanguardia pedagógica hoy en día todos estamos de acuerdo en que “una definición, para que no sea la imposición de un esquema, ha de ser la consecución de algo que ha sido previamente conquistado”, entonces, dentro de esta dinámica, podemos entender que el maestro es testimonio delante del alumno (y no un mero mediador) porque documenta con su propia presencia esta “conquista” e impulsa al joven a ponerse en marcha para realizar la suya.

El objetivo de la educación

Cuestiones centrales en el marco del desarrollo de la nueva ley educativa

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Desmontando tópicos sobre la libertad de educación en España (I)

Francisco Medina

La cuestión de la subsidiariedad –entendida como protagonismo de la sociedad civil en cuanto ésta es capaz de actuar responsablemente en los asuntos públicos– y de la libertad de los padres para educar a sus hijos han sido esgrimidos, en los últimos años, como valor no negociable por parte de quienes defienden el sistema de la educación concertada en España. Se niega que la educación sea un servicio público que ha de garantizar el Estado, en base a que los padres son quienes educan a los hijos. Y no es que no sea verdad este último aspecto, pero no recoge toda la verdad de una necesidad a la que los poderes públicos han de responder.

No puede negarse, en mi opinión, que el debate sobre la cuestión educativa –como ya comenté en su momento– está enormemente viciado, tanto por la corriente socialdemócrata –que tiende a minusvalorar el papel de los padres en la educación– como por el liberalismo social imperante (no sólo en el PP, también en la mayoría de la comunidad católica en nuestro país). Los árboles han impedido ver el bosque: la cuestión de los colegios concertados ha nublado la perspectiva. El resultado es una gran confusión provocada, en su mayor parte, por la difusión de un concepto erróneo sobre la subsidiariedad que tanto se invoca por parte de muchos católicos. En medio de esta niebla, necesitamos claridad.

Empecemos por el origen: el papel y los derechos de los padres. Ya me he referido en estas Páginas al precepto constitucional que recogía el derecho a la educación y a la libertad de elección de centros docentes. Pues bien, a pesar de todas las objeciones que puedan ponerse –especialmente por un gran sector de la educación concertada (FERE, CONCAPA…)–, la realidad es que el derecho de los padres a la elección del centro docente que estimen más adecuado para sus hijos ya vino consagrado en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (la famosa LODE, aprobada por el Gobierno de Felipe González), cuyo artículo 4 –en su redacción dada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación– merece la pena poner delante, cuando consagra como derecho de los padres:

• A que sus hijos reciban una educación con la máxima garantía de calidad.

• A escoger centro docente –público o privado–.

• A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.

• A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración social y educativa de sus hijos.

• A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos y en la organización, funcionamiento y evaluación del centro educativo.

• A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.

Este derecho de los padres en ningún modo resulta cuestionado. Prueba de ello es que la Ley Orgánica 2/2006, aprobada por el Gobierno Zapatero, en su artículo 108, vuelve a reconocer la libre elección de centro, al menos sobre el papel: “6. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 del presente artículo”.

Pues bien, y por si fuera poco, el apartado 2 del citado artículo atribuye a los padres su papel de primeros responsables de la educación de sus hijos, como el de garantizar que sus hijos cursen la enseñanza obligatoria y asistan a clase, o estimularles a que realicen las tareas, o participar en la evolución de su proceso educativo, así como fomentar el respeto al personal docente. No deja de resultar triste que una Ley Orgánica tenga que recordar el papel insustituible de los padres en la educación de los hijos, aunque se entiende por la triste realidad de muchas familias en las que la tarea de acompañamiento educativo resulta ausente –y no tienen por qué ser entornos de desestructuración, la cultura del consumo salvaje hace estragos también en familias con cierto poder adquisitivo–. El legislador únicamente viene a recordar que esa tarea educativa es una responsabilidad principal de los padres, no del centro. ¿Es esto intervencionismo de los poderes públicos?

Desmontando tópicos sobre la libertad de educación en España (I)

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Los hechos -no la ideología- determinan la realidad

Nicolás Jouve

Hace unos meses conocíamos un importante, extenso y documentado informe del ámbito de la psiquiatría, firmado por los americanos Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer, titulado “Sexualidad y género. Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales”. Este informe fue publicado en la revista americana de tecnología y sociedad The New Atlantis [1]. En el informe se señala que algunas de las afirmaciones más frecuentemente oídas sobre sexualidad y género carecen por completo de evidencia científica y que la orientación sexual y la identidad de género se resisten a cualquier explicación teórica simplista. El informe de los Dres. Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer es concluyente: las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano (la idea de que los individuos “nacen así”). El informe revela además que existen índices más altos de problemas de salud mental en poblaciones de personas que se definen como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales (LGBT), y se pregunta sobre la base científica del tratamiento de los niños que no se identifican con su sexo biológico. Cada una de las conclusiones del informe está basada en la evidencia científica existente desde los distintos campos de investigación que confluyen en este campo, multidisciplinar, incluyendo la epidemiología, la genética, la endocrinología, la psiquiatría, la neurociencia, la embriología, la pediatría, la psicología y la sociología.

Los primeros interesados en tener en cuenta este documento deberían ser aquellos a los que se les llena la boca con la defensa de los intereses sociales. Es decir, a nuestros políticos nacionales y autonómicos, que en una delirante carrera por apuntarse a lo postmoderno, y dedicados al corto y pego y a la imitación demagógica de ver quién da más, llevan tiempo dedicados a legislar sin reparar en las consecuencias para las personas y la sociedad en su totalidad y desde luego al margen de la ciencia, y a aprobar unas leyes contra la vida, la familia y la salud.

La imposición de la “ideología de género” desde las administraciones públicas españolas, a través del sistema educativo y mediante duras sanciones económicas, es ya una realidad operativa en buena parte del territorio nacional, siendo ya once de las 19 autonomías las que han aprobado leyes en ese sentido en los últimos años.

A la hora de legislar en este tema se ignoran los datos de la ciencia, como se ignoraron antes de la implantación de la ley del aborto. Allí se ocultó la realidad de que el ciclo vital de un ser humano empieza tras la concepción y que, una vez terminada ésta, estamos ante una nueva vida que, en contra de lo legislado, debería ser protegida como lo que es, una realidad humana en sus primeras fases de desarrollo. Aún tenemos que oír que la Ley del Aborto de 2010 ha supuesto una reducción del número de abortos, simplemente porque desde 2009 a 2014 se ha pasado de 111.482 abortos a 98.144, sin reparar en factores como el descenso general de la natalidad, la disminución de emigrantes y el sórdido hecho de que antes de 2010 los abortos eran justificados mayoritariamente por una falsa alegación a los riesgos para la salud física o la vida de la embarazada y tras la Ley de 2010, 9 de cada 10 abortos se realizan “a petición de la mujer” y sin aducir ningún tipo de causa.

Los hechos -no la ideología- determinan la realidad

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