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3 DICIEMBRE 2016
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"El principio de subsidiaridad es básico, la Big Society es aplicable a España"

P.D.

¿Qué le parece la propuesta de la Big Society de Cameron? ¿Podría ser una buena idea para impulsar el papel de la sociedad civil en España?

El diagnóstico de Cameron -el excesivo crecimiento del Estado, de la participación de sus presupuestos en el PNB y de su personal no han servido para eliminar desigualdades, por lo que los porcentajes de población pobre han seguido incrementado- así como sus recomendaciones -una sociedad fuerte resuelve los problemas con más eficacia que el Gobierno, por lo que habría que transferirle parte de los poderes del Estado, fomentar la aparición de emprendedores sociales, lograr una mayor implicación de la ciudadanía, así como formar una nueva clase funcionarial más cercana a los problemas reales de la población y más comprometida con la solución de sus problemas- son muy razonables. En consecuencia, son de aplicación a España y a otros países que pretendan impulsar el papel de la sociedad civil.

¿Qué papel podrían desempeñar las fundaciones en la prestación de servicios públicos?

La labor del sector fundacional en la prestación de servicios ya es una realidad constatable que no admite hipótesis de futuro. De hecho, existen diversos sectores de la vida colectiva, especialmente en relación con el bienestar social, educación y sanidad, donde las fundaciones desarrollan un papel imprescindible. Según apuntan los denominados análisis "contra fácticos", sin la labor de las instituciones no lucrativas desparecerían colegios, universidades, hospitales, instituciones benéficas, centros de acogida de drogodependientes o discapacitados, y museos entre otros muchos servicios públicos. Esta conclusión evidencia su importante contribución al desarrollo socioeconómico de nuestro país.

¿Es cierto que España tiene una sociedad civil débil?

No podemos hablar de una sociedad civil débil cuando, refiriéndome al sector fundacional en concreto, existen en torno a 8.500 fundaciones que operan activamente en diversas áreas de gran importancia para el desarrollo de España. Entre otras destacan la actividad social, asistencial, educativa, medioambiental, cultural, tecnológica, investigación, salud, reivindicación de los derechos de los débiles, o la cooperación al desarrollo.

Si bien es cierto que debería tener mayor presencia y visibilidad. La sociedad civil española es poco conocida y carece del merecido reconocimiento; en parte quizá por la "discreta" repercusión mediática que tiene su trabajo y por la trascendencia de los aislados errores que comenten algunas entidades.

Por otra parte, hay que destacar la inestimable labor de decenas de miles de asociaciones. Además, si consideramos que la sociedad civil se encuentra entre el Estado y la persona, hay que tener en cuenta el papel de las empresas españolas que, en muchos sectores, hoy son un referente en el marco internacional.

¿Qué reformas podrían impulsar el protagonismo de esa sociedad civil?

En mi opinión, es un error esperar que las mejoras procedan de los cambios que promuevan los diferentes estamentos públicos. Es cierto que reformas fiscales como la mejora de los incentivos al mecenazgo o la revisión del IVA incentivarían el sector no lucrativo al potenciar la solidaridad voluntaria de los ciudadanos. Pero en general, considero que el principal problema no está en normas legales; la sociedad civil española se desarrollará plenamente cuando desde todos los rincones de la sociedad surjan iniciativas transformadoras y líderes capaces de llevarlas adelante. En la loable línea del informe de la Fundación EVERIS, el Foro de la Sociedad Civil o el Consejo de Competitividad, que acaban de crear varias grandes empresas de nuestro país, son algunos de los muchos ejemplos. De cualquier manera, es necesario un cambio cultural que dé lugar a un mayor compromiso de los ciudadanos. Esto es posible y debemos seguir la estela de otros países que han avanzado más que nosotros en este aspecto.

¿España es todavía demasiado estatalista?

De mis anteriores respuestas puede intuirse mi opinión sobre esta cuestión. Actualmente hay muchos españoles que, educados en el paternalismo, creen que el Estado tiene que solucionar todos sus problemas. Esta convicción se agrava cuando los gobiernos caen una y otra vez en la tentación de regularlo todo: nuestra vida íntima, la educación de nuestros hijos y nuestra salud. La suma de ambas tendencias lleva a admitir que España es aún demasiado estatalista con una administración intervencionista y con unos ciudadanos que, confiando en el Estado, no se implican en actividades en las que deben ser protagonistas.

¿Cómo puede concretarse entre nosotros el principio de subsidiariedad como principio socialmente operativo?

Asumir como esencial el principio de subsidiaridad es básico en una sociedad desarrollada. El primer paso es reconocer la dignidad de la persona y considerarla mayor de edad. En función de esto, el Estado debe limitarse a lo que le es propio y transferir a entidades intermedias aquello que pueden realizar con eficiencia. Pero a su vez éstas, en su organización interna, deben hacer posible que todos sus integrantes desarrollen al máximo sus potencialidades. Si se asumen estos principios se abre ante nosotros un universo de posibilidades. Lamentablemente queda camino por recorrer para que todas las estructuras sociales transfieran responsabilidades y funciones a quienes, convencionalmente, están en estratos inferiores y a quienes no se les reconocen todas sus capacidades.

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