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11 DICIEMBRE 2016
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Ante el sudoku de la intervención internacional en Libia

Pablo Hispán

La voluntad por parte de Gadafi de no dudar en llevar a su pueblo hasta la guerra civil no sólo ha mostrado el lado más terrible de estos acontecimientos sino que ha provocado un debate sobre el deber o no, por parte de la comunidad internacional, de intervenir en el conflicto.

La existencia de un derecho o de un deber de injerencia en los asuntos internos de un país es una de esas cuestiones que desde el fin de la Guerra Fría ha estado en permanente debate. La moderna comunidad internacional se erigió en 1648 en Westfalia bajo el principio de no intervención en las cuestiones internas de los reinos y principados. Ese elemento, que había empapado las regulaciones internacionales liberales, se puso en cuestión a partir del final de la caída del bloque soviético, primero en las especiales circunstancias de la crisis de Somalia pero, especialmente, ante los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda. A la vista de esos acontecimientos, la comunidad internacional ha tratado de redefinir, entre tensiones y críticas, ese viejo principio.

La existencia de ese "derecho de injerencia" ha chocado siempre con dos problemas. El primero es quién legitima la injerencia. ¿El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Es evidente que el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes -China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y USA- va a hacer casi imposible una resolución de aprobación. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Kosovo y ante el escándalo en la opinión pública europea las democracias occidentales actuaron por cuenta propia a través de la OTAN.

El segundo de los problemas es que fuera del ámbito occidental, en los países africanos y en no pocos latinoamericanos, el "derecho de injerencia" se ve como una forma de "neocolonialismo" por parte de europeos que podrían hacer uso de él para imponer su voluntad. Ante la actual crisis libia algunos de los miembros del Consejo de Seguridad ya han mostrado su oposición a legitimar cualquier tipo de intervención armada contra Gadafi.

Por otras razones, después de las experiencias de Afganistán e Iraq, muchos miembros de la OTAN se encuentran reticentes ante una nueva intervención militar, en este caso en Libia, ya que de nuevo nos hallaríamos ante una operación que podría durar décadas, en un país desestructurado socialmente. Acciones limitadas como las de controlar el espacio aéreo, aunque reclamadas por los rebeldes y más factibles, presentan también problemas ya que obligaría a destruir los sistemas de defensa antiaéreos libios, con el riesgo a desencadenar una escalada. Si Occidente tiene una capacidad de maniobra muy limitada, tampoco los vecinos -Egipto, Argelia y Túnez- están en disposición de apaciguar los ánimos, habida cuenta de la inestabilidad interna por la que atraviesan. Quizás la de envíos de armas a los rebeldes sea la opción no sólo más factible sino la única viable en este momento, aunque lo único que garantice es una prolongación del conflicto.

En cualquier caso, de decidir Obama tomar medidas de carácter militar que vayan más allá de un bloqueo marítimo y aprovisionar a los rebeldes, éstas serían al margen de Naciones Unidas ya que Rusia ha declarado que utilizaría su derecho de veto para impedir el uso de la fuerza contra Gadafi. De nuevo estaría sobre la mesa el dilema de acabar con un dictador sanguinario que ataca a su propia población a costa de dejar de lado el único instrumento de legalidad que tenemos, Naciones Unidas.

Einstein dijo en una ocasión que la política es más difícil que la física. Nos encontramos de nuevo ante un sudoku político de difícil solución, por eso quizás convendría recordar las palabras que Benedicto XVI dirigió a las Naciones Unidas durante su viaje a Estados Unidos en 2008, que parecen de rabiosa actualidad:

"Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están en la base del orden internacional, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía. Al contrario, es la indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real. Lo que se necesita es una búsqueda más profunda de los medios para prevenir y controlar los conflictos, explorando cualquier vía diplomática posible y prestando atención y estímulo también a las más tenues señales de diálogo o deseo de reconciliación".

El principio de la "responsabilidad de proteger" fue considerado por el antiguo ius gentium como el fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia los gobernados: en tiempos en que se estaba desarrollando el concepto de Estados nacionales soberanos, el fraile dominico Francisco de Vitoria, calificado con razón como precursor de la idea de las Naciones Unidas, describió dicha responsabilidad como un aspecto de la razón natural compartida por todas las naciones, y como el resultado de un orden internacional cuya tarea era regular las relaciones entre los pueblos. Hoy como entonces, este principio ha de hacer referencia a la idea de la persona como imagen del Creador, al deseo de una absoluta y esencial libertad. Como sabemos, la fundación de las Naciones Unidas coincidió con la profunda conmoción experimentada por la humanidad cuando se abandonó la referencia al sentido de la trascendencia y de la razón natural y, en consecuencia, se violaron gravemente la libertad y la dignidad del hombre. Cuando eso ocurre, los fundamentos objetivos de los valores que inspiran y gobiernan el orden internacional se ven amenazados y minados en su base los principios inderogables e inviolables formulados y consolidados por las Naciones Unidas. Cuando se está ante nuevos e insistentes desafíos, es un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado a determinar "un terreno común", minimalista en los contenidos y débil en su efectividad.

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