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21 ENERO 2017
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Seguridad y sociedad en Bolivia

Óscar Ortiz Antelo

Es necesario ir a los problemas de fondo si queremos cambiar el rumbo de una sociedad que a los graves problemas de pobreza, corrupción y falta de oportunidades, suma un ambiente de inseguridad que se agrava progresivamente y constituye una desprotección de las libertades y derechos humanos más básicos.

Una causa de esta situación es la equivocación sobre el rol del Estado. Siguiendo los ejemplos de Hugo Chávez y otros gobernantes autoritarios de Latinoamérica, el Gobierno de Evo Morales y García Linera, considera que un Estado fuerte significa crear cada vez más empresas estatales, descuidando las áreas de gestión que hacen a los problemas diarios que enfrenta el ciudadano común, como la seguridad ciudadana. Un Estado fuerte tiene que cumplir sus funciones básicas, entre las cuales está, en esencia, la de brindar seguridad a sus ciudadanos.

Otra causa es la pobreza y la falta de movilidad y progreso social y económico que enfrenta la ciudadanía. El socialismo populista y autoritario del Movimiento al Socialismo ha afectado la producción de tal forma que hay muy pocos buenos empleos y peor aún, muchos menos nuevos empleos, lo que indudablemente nos estanca en la pobreza e impide el desarrollo de una sociedad de clase media que viva con oportunidades de bienestar.

Otro problema mayor es el crecimiento del narcotráfico y la penetración en Bolivia de carteles internacionales que ocasionan sanguinarios ajustes de cuentas, además del creciente número de jóvenes bolivianos que se vuelven adictos al consumo de drogas y delinquen para poder financiar su consumo de estupefacientes. El fracaso de la política antidroga del gobierno, el creciente cultivo de hoja de coca y el libre tránsito otorgado a esta materia prima de la droga favorece el crecimiento del narcotráfico.

No menos dañino es el centralismo con que se maneja la seguridad ciudadana al concentrar toda la acción en la Policía Nacional, impidiendo que los Gobiernos Departamentales y Municipales tengan sus propios organismos de seguridad ciudadana, tal cual sucede en la mayor parte de los países de nuestro continente, y tal cual permite nuestra Constitución cuando define a la seguridad ciudadana como una competencia concurrente.

Como dijo el gobernador Costas, que su ejemplo de heroísmo, solidaridad y compasión por una persona que no conocía pero que igual quiso ayudar, sirva para sacudirnos y evitar que sigamos cayendo en el abismo de la violencia que provoca la delincuencia y la ausencia de un Estado cuya misión principal debe ser garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.

Óscar Ortiz Antelo, ex presidente del Senado Nacional de Bolivia

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