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11 DICIEMBRE 2016
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Un nuevo panorama jurídico y político en el mundo árabe

Andrea Pin

En primer lugar, parece que se está derrumbando el equilibrio del poder político constitucional que había consentido y legitimado la concentración del poder en las manos de pocas personas en distintos países, situación que ya era frágil desde finales de la guerra fría. Los episodios de Ben Ali, Mubarak, Gadafi, y quizá Assad y Saleh, son los más recientes; y, sin embargo, en los últimos años y de distintas maneras han desaparecido del escenario político gobernantes del peso del pakistaní Musharraf o Saddam Hussein. El mismo personalismo de Arafat en la ANP replicaba algunos aspectos de estos fenómenos políticos. Todos sustituidos o por sustituir, al menos según el parecer de muchos, por formas de estado y de gobierno más democráticas y participativas.

En este ámbito se esconde, probablemente, la mayor incógnita, desde el punto de vista jurídico. Y a hacer el escenario más inestable no sólo colabora la amenaza del integrismo islámico: además, como ha mostrado Maliza Zeghal, la sociedad civil en países como Túnez no puede ser identificada con posiciones islamistas. Una cuestión de mayor calado deriva de la ausencia de un lenguaje político y constitucional dotado de futuro, sea por cuanto respecta a la distribución del poder sea respecto a los derechos y libertades que deben ser garantizados.

Una mirada hacia el pasado quizá pueda contribuir a clarificar el panorama. Túnez, Egipto, Siria, Iraq, en gran parte Argelia (que, sin embargo, ha seguido un itinerario particular) y, de algún modo, Yemen representan experimentos de "trasplante constitucional". Han intentado clausurar el período colonial mezclando derechos y libertades occidentales con una forma de gobierno concentrada, cuando no personalista, uniendo a todo ello una política económica de tipo socialista. Todo ello tenía sentido en una época que exigía la modernización de los derechos, una guía para la transición y restituir a la población los recursos acaparados por los colonizadores, a través de la nacionalización. Un elemento de fuerte legitimación fue identificado en el elemento étnico-lingüístico, capaz de reunir las distintas componentes religiosas de las sociedades nacionales en torno al ideal del arabismo, verdadera bandera de estos países.

Las políticas económicas ineficaces, por causas externas e internas, un enrocamiento en el poder por parte de las élites que no ha consentido la renovación y responsabilización de las instituciones, un panorama de relaciones internacionales complicado, todo ello no sólo ha generado un difundido malcontento respecto a dichas estructuras de poder. Sino que, aún más, han derrotado al ideal del arabismo. Los asuntos nacionales han dejado por los suelos la idea política, procedente de Occidente, que los había legitimado formalmente. En este momento la importación de modelos, de nuevo desde Europa y Norteamérica, se parecería a la introducción de una moneda que ya está fuera de mercado. Es difícil darle crédito.

Si se excluyen las hipótesis de constituciones-manifiesto, buenas a la hora de cultivar relaciones internacionales y ofrecer una imagen de sí límpida, pero no operativas, las alternativas para el norte de África y para Oriente Medio parecen ser, a primera vista, sólo dos. Ante todo, el islamismo político. Irán, en cualquier caso, ha desarrollado un sistema de poder no personalista, capaz de sobrevivir a los propios líderes. Y comprensiblemente suscita atracción. En segundo lugar, un sistema en red, con fundamento territorial: un experimento antiquísimo y calibrado a partir de la estructura tribal o a partir de la distribución heterogénea de las comunidades religiosas en el territorio. Esta vía ha resistido en Libia durante cuarenta años, declinando después con Gadafi que la había monopolizado, pero hasta hoy sigue vigente en Arabia Saudita y, en verdad, parece ser la perspectiva que en la práctica se está siguiendo para pacificar el área iraquí y afgana, y tampoco es ignorada en el ámbito de la ruptura de Palestina en dos grandes áreas, una que hace referencia a Fatah y a la otra a Hamas.

Naturalmente ninguna de las dos hipótesis parece particularmente consoladora, ni desde la perspectiva teórica ni desde el punto de vista de las realizaciones históricas. Por esto es conveniente volver a considerar las razones del fracaso del arabismo.

Partidos como Baath han copiado tanto las libertades constitucionales como las formas institucionales occidentales, pero sin comprender su significado. Concretamente han convertido las libertades en una consecuencia del poder político: no es condición del mismo. En resumen, oleadas de libertad y de restricciones se han alternado dependiendo de la coyuntura política. Dependiendo de las circunstancias, las minorías religiosas, la libertad de expresión y de asociación, han sido favorecidas o conculcadas, sin repercusiones para quien estaba en el poder. Además, los regímenes han concentrado el poder en un número limitado de plenipotenciarios: de este modo han condenado el sistema institucional a una duración igual a la de sus líderes.

Es necesario preguntarse dónde podemos encontrar una idea capaz de hacer converger la población en una perspectiva que vaya más allá de la vida política de quien ha gobernado hasta ahora: no sólo un sistema de pesos y contrapesos institucionales, sino un polo de atracción política. Un sistema constitucional sin un proyecto funcionaría como en Líbano, país en el que el poder político más importante es el de veto, con la inmovilidad como consecuencia. Por el contrario, no es una casualidad que hasta ahora hayan sobrevivido a la revuelta popular estados como Marruecos y Jordania: países de carácter tradicional, en los que todavía es posible distinguir, al menos formalmente, las responsabilidades de la administración estatal respecto al elemento de unificación política, el rey. Cambiar de gobierno en estos casos tiene sentido, mientras que allí donde el poder ejecutivo está también formalmente en manos del jefe del estado, esta medida suena a hueco.

Las alternativas del islam político, por un lado, y de la fragmentación territorial, por el otro, corren el riesgo de ser las más apetitosas, porque falta un lenguaje político y constitucional a la altura del desafío. Quizá, más que importar modelos, habría que preguntarse qué es lo que no se ha comprendido en los modelos ya adoptados.

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