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7 DICIEMBRE 2016
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Más allá de los esquemas ideológicos

Rafael de Juan

A mí personalmente me interesa conocer la verdad en este asunto y sobrepasar, en la medida de lo posible, los esquemas ideológicos que, por otra parte, todos tenemos aunque no lo creamos. Y sé también que este también es el objetivo de los que escriben en Páginas Digital. Y la explicación de Eduardo Sánchez sinceramente no me parece ni suficiente ni convincente, y me gustaría conocer con mayor detalle el porqué de estas justificaciones. No obstante, puedo extraer de la carta de Eduardo, así como de otras explicaciones que hemos oído de gobernantes argentinos, una justificación común para este caso que se resumiría en la obligación de cualquier inversor extranjero de alienar su actividad con los intereses del país en donde realiza la inversión.

Esto a los españoles (ni a ningún otro país que haya tenido inversores extranjeros) no nos resulta ajeno. Por poner un ejemplo, a finales del siglo XIX muchas compañías mineras vinieron a "explotar" nuestros recursos mineros, generaron ingentes beneficios y poco repercutió al Estado de entonces. Pero este saqueo de nuestros recursos mineros también propició la creación de escuelas para los hijos de los mineros, construcción de carreteras y el aguzamiento del ingenio de nuestros gobernantes de entonces para aprobar leyes que regulasen de forma más equitativa esta actividad, instaurar un sistema fiscal más eficiente, etc. Ellos sacaron mucho dinero de nuestros recursos pero creo que supimos aprovechar lo aprovechable de esa situación. Todavía hay inversores extranjeros en España, y creo que desde el punto de vista empresarial nos seguimos aprovechando de ello, y aprendemos a trabajar mejor y a crecer como país, además de beneficiarnos de los impuestos que pagan en España y de los puestos de trabajo que crean. No sé si los argentinos están dispuestos a aprender algo de los inversores extranjeros, o tienen una mínima apertura a ello. Y ello pese a que, insisto, pueda conllevar un sacrificio pensar que los beneficios que obtiene una empresa extranjera los podría haber obtenido el país mismo, aunque muchas veces esto sea ideológico.

Los países que supuestamente intentamos vivir en democracia apostamos por lo que llamamos Estado de Derecho, es decir, la soberanía de la ley sobre las actividades y derechos de los individuos y de las empresas, de modo que puedan tomar decisiones en base a las leyes establecidas, esto se llama seguridad jurídica. Y cada estado es soberano para dictar las leyes que considere convenientes para los intereses del país como, por ejemplo, subir los impuestos sobre los beneficios a una empresa, obligar a las empresas a realizar inversiones, invertir en I+D, o lo que se quiera. Pero expropiar es romper todas las reglas del juego, y un aviso muy claro a cualquier inversor extranjero de que en Argentina, como en Cuba, como en Venezuela, las reglas no sirven. Y esto no es bueno para nadie, ni creo que para Argentina tampoco.

Finalmente acompaño, por su interés, una cita que he leido en el blog de Jesús Alfaro (catedrático de Derecho Mercantil), que a su vez ha traducido de un post de Michael Heller titulado "Oil, Keynes and Argentine History" y está sacado de un libro de historia de Argentina titulado Argentina desde la independencia, editado por Leslie Bethell. Y lo sorprendente es que no se refiere a la situación actual, sino que se refiere a la situación argentina a mediados de los años 20 del pasado siglo bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen:

"Confrontado a un conflicto ya enquistado y publicitado sobre la prevalencia de los intereses petroleros privados e YPF, la opinión pública en Buenos Aires se convirtió a la hostilidad hacia el capital extranjero. De manera general, entusiasta y vivaz [el partido de gobierno] se lanzó a una campaña para obtener dividendos políticos de ese estado de ánimo popular. Pusieron el asunto ante el electorado con garbo característico, cultivando sin pausa las aspiraciones populares para que hubiera control nacional de los recursos del país y el resentimiento latente contra las empresas extranjeras. Se describió la nacionalización del petróleo como la gran solución a los males de la nación. Se hicieron grandes promesas en el sentido de que una vez que los ingresos procedentes del petróleo estuvieran bajo control nacional, se podría cancelar la deuda externa, y no sería necesario emitir nueva deuda en el futuro. Los fabricantes nacionales dispondrían de una fuente ilimitada de energía barata, lo que permitiría una transición milagrosa y sin dolor hacia una sociedad industrial. El monopolio estatal del petróleo haría posible la eliminación de los impuestos, incluidos los aranceles a las importaciones que generaban inflación y fastidiaban a las clases populares. La causa de la nacionalización se hizo enormemente popular entre las clases medias; los ingresos del Estado procedentes del petróleo no estarían sujetos a vaivenes impredecibles ni al flujo de comercio exterior; a partir de entonces, no habría prácticamente ningún límite a la expansión del sector público y de la burocracia. Con las regalías del petróleo en sus propias manos, [el partido gobernante] se sentía seguro de perpetuar su supremacía".

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