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9 DICIEMBRE 2016
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Quid prodest?

Angel Satué

Como jurista, lo primero que necesitaría hacer para opinar (en Derecho) sería poder leer los términos de la adquisición de YPF por Repsol, así como todo tipo de acuerdos societarios y contractuales existentes. A falta de esto, cualquier juicio jurídico debe reconducirse de modo automático a los principios generales del derecho que rigen en las relaciones entre estados e inversiones extranjeros.

De entre estos principios, el de la seguridad jurídica es tal vez el más fundamental de todos. Consiste en que todo inversor extranjero tenga la expectativa y confianza legítima de que unas normas, regulaciones o actos no variarán atendiendo a razones arbitrarias o discriminatorias, ni contra los procedimientos establecidos a tal fin, que además no podrán ser modificados ad hoc. Se trata de movernos en la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos administrativos.

Si un inversor es tratado claramente, a ojos de la opinión pública nacional e internacional, de manera desigual a otros inversores, la seguridad jurídica del país quiebra en proporción inversa al aumento del riesgo-país. Apostar por la seguridad jurídica no es apostar por la imposibilidad de actuar por parte de un gobierno. Nada más lejos. En primer lugar, porque este puede (y debe) regular una materia siempre que nuevos hechos imprevisibles e inexistentes en un momento anterior aparezcan. En segundo lugar, porque si un país es percibido como estable y de fiar, atraerá inversión y capital, imprescindible para elevar el nivel tecnológico de un país, y por tanto, la única manera, en el largo plazo, de generar bienestar en una sociedad que se diga abierta, progresista y preocupada por el desarrollo social y económico. Esto es, sin duda, dar todas las opciones a un gobierno para actuar. Lo opuesto es un gobierno de pensamiento débil y mano dura, y lengua vivaracha.

En la nueva sociedad global donde efectivamente rigen los intereses nacionales de siempre, sin embargo, cada vez más, surgen sinergias, complementariedades y reforzamientos no ya entre Estados, sino entre estos y otros actores de la sociedad civil que a escala global son verdaderamente importantes. Si estas relaciones se dan entre sujetos que comparten hondos valores comunes, como los que unen a la Argentina y a España, y al resto de naciones occidentales y latinoamericanas, no puede sino ser bueno para todos acrecentarlas.

Se habla mucho de los intereses nacionales, casi siempre unidos a la palabra "legítimos". Existen en el caso de la expropiación de YPF razones políticas, económicas, diplomáticas, energéticas... pero ¿dónde está el interés de las personas? Todo gobierno que no crea en su pueblo abanderará el interés general, de modo que Estado y bien común se confundan. Por el contrario, todo gobierno que defienda la iniciativa de sus hombres y mujeres permitirá alcanzar el bien común sin más adhesión que a la verdad. ¿Estarán mejor los argentinos? ¿Pagarán menos en combustible para sus carros a cambio de encarecer el acceso al crédito cuando emprendan una aventura empresarial o adquieran una casa? ¿Realmente quid prodest?

Argentina por sí sola no tiene tecnología para extraer el petróleo de Vaca Muerta, luego ¿en manos de quién se va a poner? En la ecuación tenemos de todo menos europeos. Yankees o chinos. Ya veremos. Brasileños, tal vez. Pero no serán argentinos.

Expropiar (intervención máxima) debe ser la excepción, y en aras de la seguridad jurídica una medida reservada para vulneraciones de derechos humanos, medioambientales y laborales. Si de lo que se trata es de mitigar efectos adversos derivados del origen español de la compañía, se podrían aprobar incentivos para la reinversión de ganancias en el país, restringir (aún más) la cantidad de activos que pueden ser repatriados y el tipo de instrumento a utilizar, exigir unos retornos o compensaciones tecnológicas e industriales, en la forma de porcentaje de contenido nacional o de compras en Argentina, contratación de proveedores y personal local, incentivar la transferencia de tecnología, etc. 

Cuando uno es español, y por tanto universal, y por tanto también europeo, y ciudadano de una Unión que pone en valor lo común, le resulta muy difícil comprender el exacerbado nacionalismo más allá del amor natural a su patria. No es que sea malo este sentimiento, pero sí lo es cuando ciega hasta el punto de ver como legítimo vender una cosa (privatizar) para luego recuperarla (expropiarla). ¿Algo tendrá que decir el comprador? Ese es el temor que me suscita este episodio: los argentinos se han dejado manipular por su gobierno pues no es España y Repsol o Argentina, es el honor a la palabra dada a un hermano o lo opuesto.

El Consejo de Ministros del Reino de España adoptará medidas. Sólo por elucubrar, ¿y si nacionaliza a Messi como español por Real Decreto?

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