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9 DICIEMBRE 2016
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Caso YPF: claves para entender y juzgar

Horacio Morel (Buenos Aires)

1) Situación energética argentina

La Argentina tardó 81 años en alcanzar su autoabastecimiento energético en 1988, luego de haber descubierto el primer yacimiento de petróleo en 1907. Ese logro se debió principalmente a la acción de la estatal YPF, creada en 1922. Cuando el país logró autoabastecerse de petróleo, su producción llegó a 26 millones de metros cúbicos, y no se detuvo hasta tocar el pico máximo de 49 millones m3 en 1992, el año de su privatización a causa de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Menem, quien decidió vender YPF pese a ser una empresa estratégica y rentable. A partir de allí, tiene comienzo una política energética signada por la desidia y negligencia en los necesarios controles del Estado, hasta que en 2007 la Argentina dio el gran salto atrás que significa pasar a depender del exterior en materia de combustibles. Desde entonces, sufrimos restricciones energéticas que afectan la producción industrial y que colocan en serio riesgo el servicio domiciliario en determinadas épocas del año; para cubrir el déficit importamos gasoil y fueloil de Venezuela, gas natural de Bolivia y gas de Trinidad y Tobago. Como dato extravagante, por compromisos políticos asumidos con países vecinos hemos importado parte del gas boliviano para a su vez exportárselo a Chile, a menor precio.

A fin de ilustrar la situación de la última década, según los confiables números y estadísticas del prestigioso Instituto Argentino del Gas y del Petróleo, las reservas de petróleo cayeron de 473 millones de m3 a 401 millones, y las de gas de 777.610 millones de m3 a 358.733 millones.

La producción de petróleo disminuyó de 44.938.867 m3 a 33.231.358 m3, pese a que la cantidad de pozos de extracción efectiva creció de 14.436 a los 22.860 actuales, lo que implica una caída de la productividad, puesto que con un 55% más de pozos se produce un 51% menos, aunque ello se explica no sólo en la disminución de actividad empresaria (en junio de 2007 había 86 equipos de perforación operando y en diciembre de 2010 eran sólo 61), sino también a razones geológicas puesto que los yacimientos que están siendo extraídos son ya en su mayoría muy maduros. Razón esta última que hace entender lo importante del nivel de la actividad de exploración, ítem en el que se verifica una caída de 50 pozos en el año 2000 a 35, una década después.

La disminución de las reservas de gas y petróleo, la menor producción petrolera (en el caso del gas es algo diferente puesto que la producción total continúa en el mismo nivel desde el 2000, pero con más del doble de pozos de extracción efectiva lo que habla también de déficit de productividad) y la falta de adecuadas inversiones en materia de exploración, coincidiendo todo ello con un período de mayor actividad industrial por la recuperación que siguió a la recesión de 1998/2002, han puesto al país en una situación desfavorable que, según los entendidos, llevará más de diez años revertir, y muchos miles de millones de dólares de inversión.

2) La actuación de Repsol

Luego de participar minoritariamente de la privatización de YPF del año ‘92, en 1999 Repsol compró el 82,47% de las acciones por un poco más de 13.000 millones de dólares, operación por la que quedó como casi única accionista con más del 95% del capital de la empresa. La venta de las acciones de YPF no incluyó la transferencia de dominio de los yacimientos, porque los mismos siempre continuaron siendo del Estado argentino, sino que se trata de una concesión del derecho exclusivo de explotación de los pozos y de exploración de áreas petroleras. El diseño societario de YPF prevé en el estatuto la participación del Estado Nacional, de las provincias, del operador privado y de los trabajadores. El Estado conservaba la llamada "acción de oro", por la que era necesario su consentimiento para decidir la fusión de la empresa, la venta de acciones a otros grupos, la aceptación de una oferta hostil que implicara el cambio de control accionario, la transferencia a terceros de los derechos de explotación y exploración y/o el cese de las actividades de la compañía.

Desde la privatización en 1992 y hasta la toma de control por parte de Repsol en 1999, el reparto de utilidades a los accionistas promedió el 44% de las ganancias obtenidas por la empresa, destinándose el restante 56% a reinversión. Desde 1999 hasta 2011, la distribución promedio fue del 90% de las utilidades, situación que se agravó los últimos tres ejercicios aprobados (2008, 2009 y 2010), en los que distribuyendo resultados acumulados no reinvertidos, la empresa repartió entre sus accionistas el 115% de sus ganancias, puesto que en ese período ganó 12.916 millones de pesos y asignó dividendos por 14.908 millones moneda nacional. Este incremento de reparto de utilidades (con picos del 135% en 2008 y 2010) se explican por la aparición en escena de la familia Eskenazi, a la que ya nos referiremos. A modo de balance, entre 2001 y 2011 YPF distribuyó 12.146 millones de dólares, los que sumados a los 1.660 millones de pesos/dólares convertibles repartidos entre 1999 y 2000, arrojan un total de 13.806 millones de dólares.

Tal política de reparto de utilidades con casi nula reinversión explica no sólo el magro resultado en materia de explotación y exploración descripto en el primer punto, sino además el fulminante atractivo del "dividend yield" (coeficiente de rendimiento en dividendos) de la compañía, que es igual al cociente del dividendo sobre el valor bursátil de la acción, que llegó al 15,30%, muy superior al de otra compañías petroleras de primer nivel (Shell tiene un dividend yield del 4,9%, Chevron del 3,2%, Exxon también 3,2% y Apache 0,7%). Esto convirtió a la acción de YPF en una inversión apetecible para los especuladores de Wall Street, pero los valores bursátiles pueden resultar un espejismo, especialmente en el caso de YPF cuyo balance del 2011 demuestra que su pasivo pasó de 12.042 millones de pesos a 36.664 millones en sólo cuatro años, o sea que debe un poco más de 8.000 millones de dólares, al tiempo que su patrimonio neto en igual período descendió de 26.060 millones de pesos a 19.545 millones, unos 4.343 millones de dólares. Es decir, si se toma el valor de balance, la empresa vale la mitad de lo que debe, y si atendemos al precio bursátil de la acción (u$s 21 por acción) vale 8.260 millones de dólares, o sea, la misma cantidad que debe.

3) YPF bajo la dinastía de los Kirchner

El Estado siempre prestó su anuencia a la política empresaria de Repsol, demostrado ello por la nula oposición en el seno de su Directorio del representante estatal. Néstor Kirchner no podía ser ajeno a ello, y con la excusa de "argentinizar" la empresa, forzó el ingreso del grupo Petersen (familia Eskenazi) en 2007 para adquirir el 25,46% de YPF sin poner un centavo, ya la compra de las acciones se realizó financiada 100% por Repsol a pagarse con los dividendos a percibir por los nuevos accionistas (¿socios? ¿testaferros? ¿ambas cosas?). El vínculo de Kirchner con los Eskenazi es de vieja data, ya que se trata de una familia que en la década del '80 tomó el control de Petersen, Thiele & Cruz, una importantísima empresa constructora vinculada a la obra pública y privada, y que en los 90' desembarcó en el negocio financiero, alzándose con las privatizaciones de los Bancos de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y... Santa Cruz (provincia de la que Kirchner era gobernador). Hoy es un grupo aún más diversificado, con actividades agrícoloexportadoras también. La sola modalidad del ingreso de los Eskenazi a YPF levanta todas las suspicacias del observador, y con razón.

La prodigalidad con la que Repsol procedió en la distribución de dividendos, acentuada desde el ingreso de los Eskenazi a la sociedad, fue avalada desde el poder político, e interpretar ello como una simple negligencia es un acto de inocencia absoluta.

4) Los intereses detrás de la ideología

No puede cuestionarse que la política energética de un país es materia soberana. El derecho de Argentina de recuperar la explotación de sus propios recursos ante el escenario descripto en el primer punto está fuera de toda discusión. Pero ello no significa sin más que la expropiación, tal como ha sido decidida por Cristina Kirchner, sea un acto enteramente legítimo.

En primer lugar, cabe preguntarse por qué se expropió en vez de negociar la recompra de YPF. El propio estatuto de la sociedad establece los mecanismos al efecto, y la conducta asumida por el Gobierno argentino es violatoria de los artículos 7 y 28 del estatuto de YPF.

En segundo término, también cabe preguntar por qué sólo se expropiaron las acciones en manos de Repsol, sin tocar las de ¿Eskenazi?, siendo que desde su incorporación a la sociedad, tomando puestos en el Directorio y diversas gerencias, el managment de la empresa respondía al socio local. Curiosa forma de premiar tan pobres resultados, que pusieron al país al borde del colapso energético.

La supuesta inminente compra de las acciones en poder de Repsol por parte de una compañía china, rumor que circula en estos días, no es excusa válida para actuar como se hizo: es que teniendo en su poder la "acción de oro", el Estado argentino era y es el árbitro de toda transferencia accionaria que comprometa el control de la compañía, sin dejar de mencionar que habiendo ya intereses chinos asociados a capitales nacionales en otras petroleras presentes en el país, cualquier operación como la que se dice se estaba gestando hubiera requerido la aprobación estatal a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Resta sólo la duda de qué grado de libertad le queda al gobierno argentino para decir "no" a quien nos compra toda la soja, aún disponiendo de todos los mecanismos legales a favor.

El creciente déficit del Estado mueve a pensar que la decisión del gobierno carece del patriotismo con el que pretende embanderar la expropiación. Las ganancias de YPF son una enorme tentación para quien viene perdiendo exorbitantes sumas en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, habiendo echado mano ya a las administradoras de fondos de pensión, a los fondos de los jubilados y a las reservas monetarias reformando la Carta Orgánica del Banco Central.

"Vamos por todo" suelen festejar los de La Cámpora cada ocurrente manotazo de Cristina, y lejos de toda metáfora, es una expresión literal.

La intervención de la empresa quedó a cargo del ascendente Kiciloff, quien antes pasó por Aerolíneas Argentinas. 

5) Las consecuencias de la expropiación

España se apuró a tomar represalias ante la expropiación, qué otra cosa podía hacer. La primer a de ellas fue suspender la compra de biodiesel a la Argentina.

Si bien ha habido expresiones de solidaridad con Repsol de parte de los EEUU y la Unión Europea, parece ser que todo quedará a nivel discursivo y la cuestión se reducirá a la bilateralidad.

Es cierto que la decisión del gobierno podría complicar el acceso a créditos de organismos internacionales, pero esa alternativa aún le está vedada a la Argentina desde el default del 2001 mientras aún le debe dinero a bonistas y al Club de París. La expropiación de YPF significa un paso atrás en este sentido, y nos condena a -eventualmente- volver a recurrir a Venezuela como prestamista de última instancia al 15% anual, cuando nuestros vecinos uruguayos, por ejemplo, consiguen créditos al 2% anual para infraestructura.

La mundialización de la economía es un proceso irreversible, la globalización su deformación patológica. En este contexto, como dice Jorge Castro, la gobernabilidad del sistema global es uno de los principales desafíos de nuestra civilización actual, y el gobierno mundial no se basa sino en la confianza, el contrato y la política. Esto es lo que no quiere entender el gobierno de Cristina.

Lo más lamentable es el encono en clave argentofóbica que ha estallado en algunos sectores hispánicos, que de todos modos no tiene el peso ni la relevancia para alterar el vínculo de fraternidad que siempre caracterizó a argentinos y españoles.

Repsol no es España, así como Kirchner no expresa todo lo que la Argentina es. Ojalá no lo olvidemos. 

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