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9 DICIEMBRE 2016
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¿América sigue siendo América?

Mary Ann Glendon

Durante los pasados años, ha ido aumentando la preocupación de los obispos por la erosión del derecho de conciencia de los individuos y las instituciones. A su importante programa de asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos no le fue concedida la financiación por negarse a proporcionar "la gama completa de servicios sanitarios relacionados con la reproducción", incluido el aborto. Durante un tiempo, los Catholic Relief Services ha tenido que hacer frente a esta amenaza contra sus programas de ayuda internacionales. Pero, lo que ha conducido a este normalmente pacífico grupo de hombres de iglesia al litigio legal ha sido la emisión de normas por parte del Department of Health and Human Services que obligaban a los empleadores a incluir en la cobertura asegur la esterilización, las medicinas abortivas y contraceptivas.

Los obispos primero trataron de resolver el problema mediante la negociación. Se esperaba que el HHS pudiera ser persuadido para adaptar esta norma a las otras leyes federales que prevén exenciones para proteger los derechos de conciencia de las instituciones religiosas y del individuo.

Sin embargo, el 20 de enero, el HHS anunció que no revisaría la norma ni ampliaría la exención limitada de la que gozan las organizaciones religiosas que principalmente contratan y están al servicio de sus seguidores. Con ello quedan excluidos de la misma los hospitales, las escuelas y los proveedores de servicios sociales pertenecientes a grupos para los cuales la adhesión a las enseñanzas del Evangelio o a otras creencias religiosas les impone que estén al servicio de todos y cada uno sea cual sea su credo.

Los continuos intentos de persuadir a la administración para que reexaminara su posición han dado como único resultado que la administración anunciara en febrero que los aseguradores pagarían por los servicios en lid. Dado que muchas entidades católicas son aseguradoras de sí mismas y el resto paga la prima correspondiente, las preocupaciones de los obispos, no fueron aliviadas. Quedó enseguida claro que el principal objetivo de la norma no era, como afirmaba el HHS, proteger la salud de las mujeres. La norma serviría nada menos que para introducir las organizaciones religiosas dentro de la agenda política, obligándolas a ofrecer y financiar servicios que violan sus creencias, dentro de sus propias instituciones.

Los medios de comunicación han dado a entender a lo largo de toda esta cuestión, que este enfrentamiento concierne principalmente a una minoría católica, con peculiares puntos de vista acerca de la sexualidad humana. Pero los líderes religiosos de todas las creencias se han dado cuenta rápidamente de que se está cayendo en una flagrante violación de la libertad religiosa. Por ese motivo el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, ministro batista, ha declarado: "Ahora somos todos los católicos .

Está en juego algo más que la misión de todas las iglesias, incluida la católica, de proporcionar servicios sociales esenciales como la sanidad y la educación para todos, independientemente de su credo, y hacerlo sin renunciar a sus creencias. Al un nivel más profundo, estamos siendo testigos de un ataque a las instituciones de la sociedad civil que son los pilares esenciales de un gobierno limitado y amortiguadores importantes entre el ciudadano y el Estado todopoderoso. Si los proveedores religiosos de educación, salud y servicios sociales cerraran o se vieran obligados a convertirse en instrumentos de la política de la administración, el gobierno consolidaría el monopolio de esos servicios esenciales. Como el cardenal Timothy Dolan, Presidente de la Conferencia de Episcopal Católica de EE.UU. ha dicho, estamos siendo testigos de un esfuerzo por reducir la religión a una actividad privada."Nunca antes", ha dicho, "hemos hecho frente a un desafío de este tipo a nuestra capacidad para comprometernos en la calle como personas de fe.

Los doce demandas judiciales presentadas esta semana por algunas entidades católicas son la imagen de un movimiento creciente que inició el pasado mes de noviembre cuando fueron presentadas las primeras peticiones judiciales contra las normas del HHS por el Becket Fund for Religious Liberty, que representa a personas de todas las creencias. Con las acciones de esta semana, las principales instituciones católicas, entre las cuales la Universidad Notre Dame, la Universidad Católica de América, y las archidiócesis de Nueva York, Washington y St. Louis, se han unido al creciente ejército de demandantes a lo largo de todo el país, católicos y no católicos, que se dirigen a los tribunales para rechazar un ataque gubernamental sin precedentes contra la el derecho de las personas y los grupos religiosos a practicar su religión sin verse obligados a violar sus convicciones morales más profundas. No es necesario decir que la libertad religiosa está sujeta a las limitaciones necesarias en el interés de la salud pública y la seguridad. Pero, las normas del HHS no entran en esa categoría. El mundo se las ha arreglado hasta ahora sin estas normas, los servicios están a disposición en cantidad y a precios razonables y la mayoría de los empleadores proveerá a incluirlos en la cobertura. Si las disposiciones no se anulan se corre el riesgo de que la libertad religiosas pierda su posición de importancia a la par de las libertades más valiosas de este país. Es por eso el cardenal Dolan ha declarado a "Face the Nation": "No hemos querido nosotros esta lucha, pero no vamos a abandonarla".

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