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8 DICIEMBRE 2016
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¿Pagar por los medicamentos?

César Nombela

A pesar de la facilidad para la comunicación y el debate que existe en la sociedad actual, hay cuestiones que, habiendo podido preverse, nos sorprenden como si se tratara de una catástrofe sobrevenida. En Europa, y en España en concreto con mayor intensidad, hace tiempo que se introdujo la idea de la cobertura universal de los cuidados de salud, como un bien posible. Una cobertura extensiva a todo ciudadano que además debía aportarle sin límites los cuidados de salud más avanzados que pudiera dispensar el profesional sanitario. Hemos podido constatar el gran bien que todo ello supone, incluso el hecho de que cualquier ser humano, independientemente de su estatus legal en el país, fuera beneficiario y pudiera reclamar la atención médica y las prestaciones farmacéuticas que precisara. El sistema público se encargaría de proveerlo, un sistema del que cabía reclamar los mayores niveles de calidad y actualización científica. Así se ha hecho, pero no sin desajustes al menos si se comparan situaciones entre países. España es de los países en donde la retribución del profesional sanitario es más baja. Además, el precio de los medicamentos de prescripción es también más reducido que en Estados Unidos u otros países europeos. Esto supone estar al borde del desequilibrio, de hecho miles de profesionales médicos y cientos de farmacéuticos españoles ejercen en Gran Bretaña, tras haberse formado a costa del erario público nacional.

Cualquier analista medianamente informado señala hace tiempo las dificultades para sostener esta parcela de nuestro bienestar, salvo que se fuera produciendo un notable incremento de los impuestos para sufragarlo. Sin embargo, para muchos parece como si la imposibilidad económica de mantener todo lo que nos habíamos dado fuera un hallazgo reciente que llegó por sorpresa. Está claro que no es así, nada de lo que está sucediendo con el sistema de salud, ni en concreto con la prestación de medicamentos es nuevo, ni era impredecible. El no haber tomado medidas hace ya tiempo implica que ahora hay que improvisarlas, con los inevitables errores y desajustes que de ello se derivan.

Situemos entonces la cuestión de los medicamentos en el contexto del sistema salud, así como las dificultades que se plantean para su mantenimiento. Incluso en la economía de mercado, la producción y el uso de medicamentos no responde a unos criterios exclusivamente mercantiles. Para comercializar un medicamento se necesita el permiso de las autoridades sanitarias, que tienen esta facultad regulatoria encargada de aprobar los productos, tras verificar su eficacia, seguridad y calidad. Esta facultad se extiende a establecer la indicación para la que han de ser utilizados, así como el precio correspondiente. Hasta hace no mucho, la verificación por parte de las autoridades regulatorias de todos estos requisitos suponía el que, aprobado un medicamento con su precio, para determinadas indicaciones, debería estar disponible para todos los que sufrieran la patología correspondiente. Prescrito por cualquier médico autorizado para ello, el paciente tenía acceso al producto que sería financiado por el sistema público. Como el sector farmacéutico es el de mayor intensidad de innovación, la industria innovadora, capaz de poner en el mercado productos nuevos, reclama un precio elevado, como única forma de compensar su esfuerzo investigador y el limitado periodo de patente, en que el inventor disfruta de derechos exclusivos para comercializar. De hecho, podemos ver cómo un solo paciente, para el que esté indicado alguno de los muchos productos nuevos, puede acabar costando al sistema de salud cantidades que exceden de los 6.000€ por año, incluso mayores. 

La situación planteada se deriva de la imposibilidad de mantener el equilibrio entre los tres protagonistas fundamentales: un enfermo que precisa un medicamento; una empresa que se lo puede ofrecer; y una administración pública que ha de pagar por ello, pero que, además, tiene la facultad de fijar precios que ha de recibir el productor. Como decíamos, roto el principio de que a cada cual se le dará lo que precise, cualquier que sea su precio, la decisiones siempre van a ser polémicas y, con frecuencia, rozarán la injusticia a la hora de repartir las cargas.      

La reciente decisión del Ministerio de Sanidad, contestada por determinadas comunidades autónomas, supone dejar fuera de la financiación a más de 400 productos de los que se dispensan en las farmacias. No se trata de 400 fármacos diferentes, son muchos menos, pero las presentaciones comerciales de los mismos alcanzan esa cantidad. Como la mayor parte de ellos se utilizan, en la mayoría de los casos, para problemas menores, no parece que la medida vaya a causar grandes problemas. Cierto es también que alguno de estos productos, hace no mucho tiempo, cuando resultaban innovadores, se dispensaban a precios muy altos, que fueron reducidos notablemente años después. Se entiende que su repercusión en la economía de personas y familias no será muy grande, aunque dadas las circunstancias de crisis económicas la medida resulta gravosa para mucha gente. El ahorro previsto para el sistema de salud se cifra en un 400 millones de euros. Hay que reconocer que la disposición trata de hacerse más llevadera para quienes tienen mayores dificultades económicas, como parados, pensionistas con ingresos bajos, etc. Sin duda habrá de perfeccionarse y adaptarse con la experiencia, pero también será necesario valorar otras opciones para un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud.

Para terminar, añado tres comentarios. El primero es la necesidad de restaurar la unidad de mercado en España, tan dañada por un sistema autonómico que reclama una revisión a fondo. Con esta norma, unida a las resistencias de algunas comunidades que además toman iniciativas propias, las diferencias en la prestación farmacéutica se van a acentuar, en lugar de racionalizarse. Todo ello supone una distorsión del estado de las autonomías, que fue concebido con otros propósitos. El segundo es resaltar cómo lo políticamente correcto también impacta en esta cuestión. Con esta disposición, se dejan fuera de financiación, por parte del sistema público, numerosos fármacos todos ellos de precio bajo, aunque en su día tuvieran un coste elevado. Sin embargo, no se incluye entre ellos a los anticonceptivos, también de bajo precio y que, salvo en algunos casos no se prescriben para tratar ninguna patología. Bajo ningún concepto se quiere dar la impresión de que se plantean trabas a la contracepción, tan introducida en nuestra sociedad occidental, ya muy amenazada de un terrible invierno demográfico. Finalmente, está claro que necesitamos avanzar en el uso racional del medicamento. Como profesor de muchos años de una facultad de Farmacia, estoy convencido de que éste es un campo especial para que el profesional farmacéutico ejercite claramente su papel. Las cifras indican que en España se consumen más medicamentos que en cualquier país europeo, aunque el gasto no sea el más elevado por los bajos precios. Los medicamentos son un factor fundamental para la calidad de vida y la salud, están en la base del incremento de las expectativas de vida de forma claramente demostrada. Pero, los medicamentos no pueden ser el sustituto de unas prácticas adecuada para la conservación de la salud.

César Nombela es catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid

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