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11 DICIEMBRE 2016
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Una huelga el día 15, ¿para qué?

A. Sánchez-Antimasberes

Es la misma canción: "Quieren arruinar el país", culpando al presidente Rajoy y a los líderes europeos Merkel y Draghi de la situación en la que, según las organizaciones sindicales, se encuentran los servicios públicos. Se vuelve a repetir el tan cacareado hundimiento del Estado social y el derecho laboral que, desde la época de la Transición, se ha ido articulando en nuestro país. Se acusa al Gobierno de establecer un "programa contra el Estado y los servicios públicos", y este juicio matizable y no exento de sesgo ideológico es lo parece haber servido a los sindicatos como justificación para cuestionar la legitimidad del actual equipo gubernamental. Es claro que las acusaciones y las soflamas contra el recorte de los servicios públicos van adquiriendo el carácter de una defensa histriónica del statu quo frente al cuestionamiento cada vez mayor del actual sistema de bienestar y de dimensionamiento del aparato administrativo.

El eslogan de que existen los grandes beneficiados por la crisis (en el que los sindicatos incluyen a empresas, rentas más altas, sectores especulativos del sistema financiero y bancos,) parece ser asumido por una gran parte del funcionariado que no entiende la gravedad de lo que está pasando: el Estado no es que haya crecido, es que se ha agrandado tanto que ha adquirido la forma de un globo a punto de explotar. Ciertamente, el mayor problema reside en las Administraciones autonómicas y locales, pero, en el Estado, también sucede. Por mucho que se quiera negarlo, la realidad es que la Administración Pública está sobredimensionada: el nº de empleados públicos excede, con mucho, la capacidad de trabajo y gestión de los Ministerios, Organismos Públicos y demás Administraciones. Basta con asomarse a la realidad que uno tiene delante: el personal auxiliar de los servicios de tramitación ven vaciadas de contenido sus funciones y las decisiones que se llevan a cabo (con la implantación de sus correspondientes procedimientos de gestión) obedecen más a "ideas geniales" relacionadas con la venta de un producto que a las necesidades reales. 

La realidad es que muchos de los funcionarios de estos servicios están sin trabajo: algunos de ellos, a Dios gracias, padecen de forma crónica el síndrome del "¿qué hago?" y tratan de luchar contra la apatía (la Universidad Nacional de Educación a Distancia está llena de funcionarios estudiando Derecho o alguna carrera que ha suscitado interés en ellos); otros, pensando que este mal sólo se cura aceptando fatalmente el destino, caen en la más dramática alienación: no hacer nada. En todo caso, conforme uno más va siendo testigo de estos fenómenos, se muestra más clara la evidencia de que la capacidad crítica y el deseo de poner la inteligencia en el desempeño del trabajo, en la que cuenta más el servicio al ciudadano (lo que supone abandonar el mantra la Administración nunca se equivoca) y se abre a la existencia de un bien común, suponen un riesgo: el de ser visto por los superiores como un estorbo para el sistema, y el de ser "relegado al silencio", garantía perfecta para que el deseo de construir no florezca y la persona acabe marchitándose.

"Acaban con todo" es la consigna que más se está repitiendo en los pasillos de los Ministerios y Organismos y no es descabellado...si se mira como oportunidad: si la crisis nos sirve para que el ingenio se agudice y dejen de fomentarse en las unidades administrativas las "setas vivientes", los "vegetales" y los "mostrencos aduladores", entonces, nos irá mejor, porque han sido ellos quienes nos han llevado al desprestigio de la Función Pública. Entonces (parafraseando el manifiesto sindical) quienes "se libren de tanto atropello" ya no serían quienes, a costa de conservar su posición (entre los cuales, muchos son liberados sindicales, no lo olvidemos), han prevalecido egoístamente sobre los demás, sino la persona y su deseo de construir con un trabajo inteligente. La cuestión es ¿Quién nos va a librar de tanto atropello?

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