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9 DICIEMBRE 2016
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La era de la secesión

María Teresa Compte Grau (Fundación Pablo VI)

Dado que Catalunya no puede obcecarse en un camino cerrado (20-9-2012), ha llegado la hora de ejercer el derecho de autodeterminación (25-9-2012) a través de una consulta convocada de acuerdo a la normativa que emane del Parlamento constituido tras las elecciones del próximo 25 de noviembre (16-10-2012). Ni en una sola ocasión, el presidente Mas ha utilizado los términos independencia -el presidente Mas sabe que Catalunya no es una colonia-, ni secesión. Sí ha hablado, en cambio, de voluntad democrática y de derecho a decidir. Con estas expresiones, aparentemente menos radicales, el discurso de CiU ha dado un salto cualitativo al hacer de la voluntad el fundamento último del orden político que, en palabras del presidente Mas, el pueblo catalán tiene derecho a darse.

Esta doctrina plantea una cuestión análoga a la inaugurada por el ex presidente Zapatero en materia de derechos civiles (Claves de razón práctica 161, abril de 2006), al tiempo que desvela la primacía del imperativo de la voluntad o la mal llamada legalidad democrática, en palabras del Consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat (18-10-2012), sobre el imperio de la ley. Nunca jamás CiU había renegado explícitamente, hasta el día de hoy, de la tradición constitucionalista de la que emergen los Estados democráticos y de derecho del mundo libre. ¿No habrá nadie en la coalición de Gobierno catalán que sea capaz de denunciar la deriva arbitraria de planteamientos de esta naturaleza?

Se equivocan, por lo tanto, quienes banalizan la postura del Gobierno de la Generalitat esgrimiendo cortinas de humo que tratan de esconder errores de gestión. Se equivocan quienes creen conjurar el avance del proceso soberanista recurriendo al federalismo o al Estado federal. Ni siquiera hoy, la verdadera cuestión de fondo es el significado y alcance del concepto de nación o los postulados del credo nacionalista. La clave del discurso soberanista que hoy domina en Catalunya es la apelación constante al derecho del pueblo a disponer de sí mismo. Aunque el presidente Mas evite el uso del término secesión, su defensa del derecho de autodeterminación en los términos planteados hace necesaria la existencia de un Estado propio para Catalunya. Fuera cual fuera el resultado final de este proceso: una confederación, modelo que a día de hoy no existe en ningún lugar del mundo, o un estado libre asociado, que de aplicarse según el modelo puertorriqueño acabaría convirtiendo a Catalunya en una colonia, el paso intermedio sería la secesión. Asimismo, se reconozca o no, las reivindicaciones soberanistas que hoy se dejan oír en Catalunya no son independientes del desarrollo histórico-doctrinal del pensamiento nacionalista que transcurre entre la Revolución francesa y las Refoluciones del Este de Europa.

Este proceso, cargado de matices, ha desembocado hoy en lo que algunos expertos llaman la era de la secesión. Sus protagonistas son minorías intensas, élites defensoras del viejo ideal ilustrado de autodeterminación que creen en la soberanía de la voluntad y niegan que la naturaleza humana sea un dato objetivo de la realidad, así como grupos que reivindican la necesidad de que el poder político convierta en derechos cualquier aspiración particular al margen de la tradición moral, filosófica o religiosa que ha configurado la cultura y la historia de los pueblos. La secesión es, para estos grupos, la única respuesta posible ante la frustración de sus aspiraciones. La democracia, reducida a regla de la mayoría o expresión del querer de la parte mayoritaria de la sociedad, se convierte en la legitimación última de sus anhelos. Su concepción de la vida en común se reduce a simple yuxtaposición de intereses de parte, cuando no se entiende como una coartada para la satisfacción de los mismos. La antropología que subyace a esta visión absolutiza la lógica de los derechos, en franca oposición, por ejemplo, a la concepción personalista del hombre y las relaciones humanas. Hoy, quienes militan en las tesis secesionistas, apelan al derecho a disponer de sí mismos, ya sean personas o comunidades, como expresión de una voluntad que no puede ser reprimida puesto que se trata de un derecho real y originario o, lo que es lo mismo, de un derecho absoluto, imprescriptible, irrenunciable y que nace con el sujeto. Pero ¿es esto así?

Los derechos humanos, ya sean en su dimensión individual o comunitaria ¿son absolutos? Si así fuera, de su ejercicio se derivarían consecuencias negativas hasta el punto que los derechos de unos acabarían dejando sin efecto los derechos de otros. El personalismo al que aludíamos anteriormente entiende que la lógica de los derechos está sometida a criterios morales de legitimación de su ejercicio práctico por la simple razón de que estos derechos afectan al carácter comunicable de todos los bienes temporales, incluido, por ejemplo, el territorio. No existe, pues, un derecho universal a desgajarse unilateralmente de una unidad o comunidad previa. Lo que no excluiría la secesión como reparación o último recurso cuando el ejercicio de los derechos que son expresión de la dignidad humana no pueden ejercerse en plano de igualdad ¿Es ésta la situación en la que se encuentran los ciudadanos catalanes? ¿Alguien se atrevería hoy a sostener que los ciudadanos catalanes se ven privados de sus derechos y libertades fundamentales? ¿Qué podría legitimar, por lo tanto, el ejercicio del derecho de un determinado grupo o comunidad a desgajarse de otros grupos o comunidades con los que ha convivido históricamente? ¿Cuál es la razón última para dejar sin efecto las relaciones de reciprocidad que en forma de derechos y deberes se han ido formalizando al compás de la historia entre ciudadanos, grupos sociales, instituciones sociales, religiosas y educativas, culturas particulares y comunidades lingüísticas? ¿Quiénes son los beneficiarios del ejercicio de ese supuesto derecho de los pueblos a disponer de sí mismos? ¿Cuál es la naturaleza del orden jurídico político en el que quiere hacerse efectiva la secesión? Porque, no nos engañemos, nada tiene que ver la resistencia legítima frente a un régimen tiránico, que la defensa de aspiraciones particulares ante un régimen en el que rige la seguridad jurídica y el imperio de la ley Y, dado que una decisión de tipo secesionista no sólo afecta a las comunidades o sujetos que reivindican su derecho a desgajarse, sino a los que resultan desgajados, habría que preguntarse: ¿Cuáles son las consecuencias materiales derivadas del ejercicio de la secesión? ¿Cómo se protegen y quién garantiza los derechos de aquellos que sin quererlo quedan atrapados en el seno de una unidad que se desgaja?

Estas preguntas merecen respuesta porque cualquier decisión humana tiene consecuencias y porque el sujeto de la vida política es la persona. Razón por la que la pregunta moral por el secesionismo exige una respuesta doble: quién es el auténtico beneficiario del ejercicio de la secesión y en qué medida el proyecto secesionista sirve a un bien mayor para los ciudadanos según una política del bien común.

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