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3 DICIEMBRE 2016
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>Foro Reforma de la Educación

'La inseguridad jurídica de los conciertos nos bloquea'

¿La nueva ley de educación que impulsa el Gobierno puede servir para corregir los grandes problemas de nuestro sistema educativo?

Los problemas de nuestro sistema educativo evolucionan con una inercia tan fuerte, que será necesario mucho tiempo y un gran esfuerzo de toda la sociedad para conseguir reconducirlos. Nosotros apoyamos desde el principio la iniciativa del Gobierno, porque defendemos que algo hay que hacer, y porque pensamos que es necesario modificar muchos aspectos de la actual LOE si queremos obtener otros resultados y mejores que los que ya conocemos.

Sin embargo, no podemos negar que experimentamos una gran decepción cuando conocimos el Anteproyecto de la LOMCE, y muy especialmente, por la pésima gestión política que se hizo en su trámite previo de consultas con las organizaciones educativas. La conclusión era obvia: una vez más se trabajaba sin contar con el profesorado y además se daba oxígeno generosamente a un conflicto político con algunas Comunidades Autónomas y también con importantes sectores de la comunidad educativa.

El último texto presentado a la Conferencia Sectorial el pasado 4 de diciembre ha experimentado una mejoría, y recoge muchas de las aportaciones que hicimos al Ministerio. No sabemos si será el definitivo, el que se presente a las Cortes, pero sí sabemos que la guerra escolar se agravará en las próximas semanas. Por si fuera poco, hay que reconocer que la situación de crisis económica y los recortes que padecemos no ayuda nada en un proceso tan polémico y complejo como es desarrollar una nueva ley educativa.

¿Cómo valora el trato que se le da a la educación de iniciativa social?

Dado que el Gobierno hizo la opción de parchear la LOE y no presentó un texto nuevo, alternativo y completo, la LOMCE adolece de muchas incoherencias internas. Una de ellas es ésta, nosotros esperábamos más medidas correctoras para mejorar la situación de la escuela concertada. Si bien es cierto que se han adoptado decisiones valientes como la defensa de la educación diferenciada, el andamiaje legal y político del actual sistema educativo permanece intacto. Me refiero a la LODE de 1985. Los problemas más graves que socavan realmente la libertad de elección de centro por las familias permanecen: un déficit económico crónico de los centros y por tanto, una financiación insuficiente para alcanzar un verdadera gratuidad de la enseñanza; unas condiciones sociolaborales del profesorado que no se resuelven nunca, o por ejemplo, la grave inseguridad jurídica del actual régimen de conciertos educativos que está bloqueando la negociación colectiva en el sector. En estos momentos de grandes estrecheces económicas y de caída de la natalidad, con la consiguiente disminución del alumnado para los próximos años, el conflicto pública-concertada está experimentando ya un fuerte recalentamiento. Tenemos siempre una sensación permanente de déjà vu, una vez más, se reproducen los viejos problemas nunca resueltos.

Se ha hablado mucho de la cuestión lingüística. ¿Es tan importante?

En el mapa político actual del país es evidente que sí. De hecho el problema lingüístico está acaparando la actualidad informativa en torno a la LOMCE, y se está trabajando duro para que se convierta en el epicentro del debate educativo, cuando realmente no lo es. Nuestra posición fue clara al respecto desde el principio. Para FEUSO, la actual distribución curricular era un tema consolidado y aceptado, al menos formalmente. La ruptura de este pacto implícito es, en este momento, una fuente de conflicto innecesario. Sería más útil que el Estado, a través de la Alta Inspección, velara por el cumplimiento de la actual distribución de contenidos, cuya frontera es siempre bastante imprecisa. Los últimos acontecimientos delatan una utilización partidista y política del debate educativo una vez más, dificultando encontrar alguna solución viable a este problema.

¿Qué opinión le merece la introducción de la "autonomía curricular"?

Ampliar la autonomía de los centros ha sido de las medidas estrella para mejorar la calidad de la escuela que más ha aparecido en el debate durante los últimos años. La autonomía curricular es una parte necesaria para ello, como también lo es la autonomía en la gestión, por ejemplo. Lo que creo más necesario es que los centros públicos cuenten con un proyecto educativo propio, o al menos que tenga alguna personalidad educativa definida junto a un método de evaluación de estos centros enfocado hacia su mejora, y no tan sólo una clasificación simplista basada en una estadística. Esto sólo es posible con un compromiso claro de una parte importante de los claustros y con una estabilidad en el tiempo. Hay que entender en esta línea las novedades que introduce la LOMCE, como por ejemplo las acciones de calidad educativa. Es una cuestión muy compleja porque hay que procurar equilibrios difíciles, dado el régimen funcionarial del profesorado en la escuela pública con todo lo que ello supone, o por ejemplo considerando la posibilidad de que se produzca una mayor fragmentación del sistema y dificultando aún más la transferencia del alumnado entre distintas Comunidades, como ya sucede actualmente. La gestión de esta mayor autonomía de los centros dependerá en gran medida de la voluntad política de las Administraciones y de su capacidad de coordinación creando modelos que sean a la vez realistas y progresivos.

¿Cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de la ley?

El refuerzo de los procedimientos de evaluación del alumnado, del profesorado y de los centros es una de las apuestas más fuertes de esta ley. Junto a ello se ha flexibilizado la comprensividad radical del sistema mediante una nueva configuración de las enseñanzas académicas y aplicadas o profesionales. Como cualquier proyecto legislativo anterior, cuenta con lagunas e incógnitas evidentes, también con algunos desajustes que deberían resolverse en el futuro trámite parlamentario. Aunque se quiera evitar hablar de ello, pienso que es necesario contar con un mínimo de recursos económicos para posibilitar su desarrollo. Después habrá que ver los resultados que se deriven de su aplicación en la práctica. Todo ello forma parte de un proceso que necesita muchos años para poder hacer una valoración desapasionada. Lo que no está tan claro es si la LOMCE contará con todo ese tiempo para desarrollarse convenientemente, pues un futuro cambio de gobierno, si llega a producirse, volvería a abordar seguramente otro cambio en la legislación educativa.

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