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11 DICIEMBRE 2016
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>Reforma educativa

No se escucha a los colegios de iniciativa social

Jesús Pueyo, secretario general del FSIE

Compartiendo el loable objetivo de reducir el fracaso y abandono escolar, el anteproyecto de la LOMCE, lejos de favorecer a la enseñanza privada y concertada, mantiene en muchos aspectos el carácter subsidiario de la misma en relación a la enseñanza pública. La complementariedad de las dos redes y el trato equitativo al alumnado, profesionales y a los centros, sigue estando lejos de conseguirse.

Ciertamente el segundo borrador, notablemente mejor que el primero, incorpora alguna referencia a la libertad de enseñanza contemplada en el art. 27 de la carta magna.

Se incluye la "demanda social" como factor a tener en cuenta por las administraciones a la hora de planificar la oferta educativa que habrá de garantizar, además, un número suficiente de plazas escolares sin que tengan por qué ser de titularidad pública. Se favorece la libertad de elección de las familias, si bien queda la incógnita del verdadero alcance de la medida, pues su aplicación es competencia de cada comunidad autónoma.

A pesar de este pequeño avance, el anteproyecto no modifica ni mejora cuestiones que el sector de la enseñanza de iniciativa social viene planteando desde hace años.

Sigue sin garantizarse la financiación a coste real del puesto escolar. No se toca la redacción de los artículos de la LOE referidos a los módulos de los conciertos claramente deficitarios y cuyo contendido necesita revisarse.

Se anuncia un estatuto de la función pública docente con el objetivo de dignificar y reconocer su labor, mejorar las condiciones laborales y la carrera profesional de quienes considera "figura esencial del sistema educativo". 

Según la LOMCE miles de profesionales que trabajamos en centros privados y concertados no aportamos nada al sistema educativo del país. Por no ser, ni existimos. Es una gravísima discriminación. 

Además, después de 27 años, sigue sin cerrar el proceso de equiparación salarial de los docentes de la enseñanza concertada. Tampoco avanza en el reconocimiento de la función directiva. En definitiva, ninguna referencia a un profesorado que, por ley, depende de la financiación pública para mejorar sus condiciones.

Proponer que los conciertos educativos se renueven cada cuatro o seis años, no responde a la necesaria estabilidad y equilibrio que necesita el sector y el sistema educativo. Los conciertos deben mantenerse de forma indefinida mientras cumplan con los requisitos legales exigidos. La administración educativa tiene mecanismos de control para garantizar constantemente el buen uso de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, sin que sea necesario revisarlo ni cada seis ni cada cuatro años.

Tampoco tiene en cuenta la LOMCE las consecuencias que la nueva estructura tendrá sobre la organización de los centros concertados y su profesorado. Una vez más, una nueva reforma, afectará al empleo de cientos de profesores sin que se haya tomado ninguna medida para mantener el empleo de los mismos.

La LOMCE puede y debe mejorarse y confiamos en que todavía haya tiempo para cambiarla.

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