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8 DICIEMBRE 2016
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>Debate del Estado de la Nación

La familia ausente en el debate

Vicente A. Morro, vicepresidente del Foro Valenciano de la Familia

En España padecemos una cierta inercia, aderezada con algo de pereza intelectual, que lleva a pensar en las cuestiones sociales (política social, agentes sociales, asuntos sociales, bienestar social) como algo referido casi exclusivamente o bien a las cuestiones de tipo laboral, sindical, económico, o bien a temas relacionados con lo asistencial, los subsidios y ayudas, la marginalidad. Las políticas sociales acaban así atendiendo a las distintas reivindicaciones particulares de los diversos grupos o agentes para mantener la llamada "paz social", o transformándose en una especie de beneficencia laica, menos útil, por cierto, que la desarrollada por la Iglesia Católica que tiene muchos siglos de experiencia.

La auténtica política social debe ser aquella que contribuya al bien común y al progreso de la sociedad en su conjunto, no de determinados sectores. La universalidad debería ser una de sus notas predominantes. En este sentido, ¿puede haber mejor y más amplia política social que la política orientada al bien y protección de la familia? Políticas familiares justas, realistas y eficaces, son la mejor política social que puede adoptar una nación.

Una auténtica política de protección integral a la familia, basada en hechos y programas concretos y no en meras declaraciones o anuncios de proyectos, cumpliría en la España actual, y en cualquier país, una triple función: sería un acto de justicia social, manifestaría el respeto por el cumplimiento de las normas y leyes y supondría una actuación con enorme visión de futuro, precisamente algo que, por desgracia, falta en nuestra política.

Justicia social hemos dicho. En efecto, ¿quién está contribuyendo a crear un colchón que amortigua los graves efectos de la crisis económica que estamos padeciendo, desde la solidaridad intergeneracional, el cuidado y educación de los hijos, la atención a los enfermos y personas dependientes, la ayuda ante la falta de trabajo o los problemas económicos? La familia. Y no lo decimos sólo las asociaciones o movimientos que trabajamos en defensa de ésta. El Comité Económico y Social Europeo, en el número 6.3 de su Dictamen de fecha 4 de mayo de 2011, señalaba que «la familia, lugar donde se crea el capital humano, constituye los cimientos de todo el edificio social. Así se ha confirmado con la crisis, en la que las familias han desempeñado a menudo un papel de amortiguador social».

Además, como acabamos de ver, la familia es el lugar donde se crea, se genera, el capital humano -por cierto, no donde se compra o alquila-. El Premio Nobel de Economía de 1992, Gary S. Becker, estudió ampliamente el papel fundamental de la familia en la sociedad y en la economía. Declaró que el matrimonio general capital social, en buena parte mediante los hijos, y es un bien que ahorra costes al Estado. La familia realiza una gran inversión en capital humano, que está en la base del capital social, y una sociedad no crece ni se desarrolla si no invierte en capital humano. La Asamblea Parlamentaria del consejo de Europa, en Resolución 1864 (2012), de fecha 27 de enero, señaló que «la población es la riqueza de las naciones... Europa necesita invertir más en su "capital humano"... Las políticas para mejorar el "capital humano" en Europa deben complementarse con apropiadas políticas familiares». Por tanto, si la familia es generadora de riqueza, y no sólo material, para toda la sociedad, es de justicia que goce del reconocimiento y la protección de ésta. Por desgracia, nuestros políticos estaban enredados en otras cuestiones y no se han acordado de que las familias existimos, contamos e importamos.

Es de justicia este reconocimiento, pero además es "de Ley". Las familias tenemos derechos que el Derecho nos reconoce -no crea, reconoce-. «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado», establece el artículo 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por si a alguien no le basta, nuestra Carta Magna es meridianamente clara: «Los Poderes Públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.» (Art. 39.1) Muchas veces hemos oído hablar de que la Constitución reconoce tal o cual derecho, de que el Estado está obligado a garantizar esto o lo otro -léase trabajo, vivienda...- porque lo dice la Constitución. ¿Han escuchado a algún político o sindicalista reclamar la «la protección social, económica y jurídica de la familia»? Si hasta el Tribunal Constitucional ha retirado hace poco la protección legal al matrimonio, base de la institución familiar.

A esto nos referíamos al enunciar antes la necesidad del cumplimiento de las leyes y normas. Pero aún hay más. Podemos acudir al Tratado de la Unión que, en su artículo 33.1, declara que «se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.» Alterando el orden, pero lo mismo que nuestra Ley de leyes. Es llamativo constatar que estas normas no están escritas en futuro o en condicional, sino en presente de indicativo. Aquí y ahora, ya. Tenemos derecho. Las políticas familiares concretas tienen un formidable anclaje jurídico, y hasta ético, en estas normas. Incluso aunque fueran muy "caras", las políticas familiares deberían tener prioridad sobre otras muchas decisiones. Pero lo bueno es que hay gran cantidad de acciones concretas que no costarían dinero al Estado: es una cuestión de voluntad política, y de justicia, como hemos indicado ya.

Pero, por si no fuera suficiente, una política integral de protección a la familia sería una política social con una formidable visión de futuro. Sólo la ceguera ideológica o la incompetencia técnica en estas cuestiones pueden impedir la adopción de medidas que fomenten la estabilidad de las familias, que apoyen decididamente a la maternidad, que procuren la libertad de elección de las familias, que posibiliten el cuidado y protección de los hijos dentro del matrimonio. Una familia que vea protegida su durabilidad, su estabilidad y permanencia, que vea reconocido y protegido su papel como primera responsable de la educación de sus hijos, es una garantía de futuro para nuestra sociedad. Una familia que se vea ayudada en los momentos de dificultad, y no empujada a tirar la toalla ante el primer escollo.

El grave problema de natalidad que padecemos, siendo uno de los países con una menor tasa de fecundidad del mundo y estando muy lejos del nivel de reemplazo generacional -problema que, por otra parte, la mayoría de nuestros socios/competidores europeos ya prácticamente no sufre- sería menor si hubiera políticas familiares con visión de futuro. Mejor, si todas las política tuvieran en cuenta la perspectiva de familia.

Cuando salgamos de esta fase de la crisis económica, que saldremos, nuestro bienestar, nuestras pensiones, nuestra supervivencia, nuestro futuro, seguirá viéndose amenazado si no hemos sido capaces de poner en marcha ya, hoy y no mañana, políticas que contribuyan a generar capital humano. Dicho sin rodeos, sino no hemos querido tener más hijos.

En su discurso al abrir el debate parlamentario al que antes nos referíamos, el Presidente del Gobierno citó una anécdota de un mariscal francés, hablando precisamente de una cuestión muy vinculada a la familia, y en consecuencia a las políticas familiares: la educación. El mariscal, al ver las excusas de los técnicos para no ponerse manos a la obra, argumentando que harían falta muchos años -doscientos- para conseguir los objetivos señalados, exclamó: «Razón de más para empezar cuanto antes».

Hemos intentado justificar por qué la mejor política social posible es una buena política integral de apoyo a la familia. Hemos tratado de fijar un marco básico para esto. En un próximo artículo aportaremos propuestas concretas. Pero pronto, pues ya sabemos que no hay tiempo que perder.

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