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5 DICIEMBRE 2016
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En México, la UNAM en el vórtice

Diego I. Rosales Meana (Centro de Investigación Social Avanzada, México)

No estamos faltos -y México por supuesto no es la excepción-, de historias en las que el poder del Estado ejerce una violencia desmesurada o injustificada hacia algún grupo de personas. Lamentablemente, el exceso y la desmesura han acaecido en muchísimas ocasiones y demasiadas personas han visto el terror por el abuso de la fuerza del estado. Sin embargo, el Estado tampoco puede claudicar en la aplicación de la justicia, pues en tal caso se convertiría en una cosa fallida.

El gesto, violento, de quienes tomaron rectoría, tiene su origen en lo sucedido hace un par de meses en uno de los Colegios de Ciencias y Humanidades (lo equivalente al bachillerato) que dependen de la UNAM. Un grupo de estudiantes y de profesores "tomó" las instalaciones del CCH y, a raíz del conflicto generado, fueron expulsados. Su intención era, al parecer, protestar en contra de una reforma educativa que tal CCH se plantea para su renovación pedagógica.

Quienes ahora ocupan el edificio de rectoría en la UNAM han construido algunas barricadas y su pliego petitorio contiene tres puntos fundamentales: 1. que no haya represalias por haber tomado rectoría, 2. que las autoridades desistan sobre las demandas ante el Ministerio Público y 3. la reinstalación de los expulsados del CCH.

El diálogo se convierte en una imperiosa necesidad. Las autoridades de la UNAM deben atender inmediatamente a la escucha de las peticiones e intentar negociar. Está claro, también, que debemos temer la violencia por parte del gobierno. El antecedente más inmediato es el de 2006 en Atenco, en el que el presidente Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México, utilizó la violencia de manera desmesurada para controlar y someter a unos manifestantes que se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción de un aeropuerto. El PRI no se ha caracterizado precisamente por la vía pacífica en la resolución de conflictos. Tampoco por la vía honesta. Pero cabe preguntar ¿porqué considerar que echarlos es una salida represiva e injusta? ¿Es que, acaso, estos hombres y mujeres tienen derecho alguno a romper los vidrios y entrar de manera violenta al edificio de rectoría? ¿Hasta dónde debe la justicia permitir tal agravio sin que la ilegalidad sea lo que reine?

La UNAM debe ser ejemplo de diálogo y de prácticas democráticas, y debe cuidar que sus actos no provoquen ulteriores gestos de violencia. Pero tampoco puede soltar la mano y dejar que unos individuos que no tienen respeto alguno por el bien común y por la institución universitaria hagan con la universidad lo que les plazca.

Si aquéllos que tomaron el edificio tuvieron un primer acercamiento en busca del diálogo y su petición no fue atendida, es algo que está por verse y, en caso de ser verdad, deben seguirse otros medios de negociación. De cualquier manera, nada justifica la entrada violenta en el edificio. Las autoridades deben echarles de inmediato y no permitir que tal acto vandálico salga de toda proporción.

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