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10 DICIEMBRE 2016
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Otra política económica

Fernando de Haro

Ante la presión del diario El Mundo y de la "díscola" Esperanza Aguirre, que han "coincidido" (junto a algún barón más) en criticar que el Ejecutivo no haya sido fiel a su promesa de bajar impuestos, Mariano ha argumentado que el aumento de la presión fiscal era necesario para evitar la intervención. Rajoy, como hacia González a mediados de los 80, sostiene que no hay otra política económica posible en este momento.

Los méritos del Gobierno de Rajoy son indiscutibles. La reforma del sistema financiero, aunque algo tardía, ha permitido sanear uno de los principales agujeros negros del país. El haber sabido esperar y no precipitarse al pedir un rescate completo nos ha ahorrado sufrimiento. Rajoy supo ganar tiempo y el cambio de actitud del BCE y el toma y daca con Bruselas nos ha evitado una situación tan tremenda como la que sufre Portugal. Se han dado pasos en la reforma laboral. Y la suerte nos ha sonreído: la nueva liquidez que llega de Asia y de Londres, la búsqueda de productos con rentabilidad atractiva por parte de los inversores internacionales, junto a la imagen de seriedad del Ejecutivo, han permitido bajar drásticamente la prima de riesgo y el coste de la financiación pública. Afortunadamente.

Pero ahora ya se ha acabado el tiempo de lo urgente y empieza el tiempo de lo importante. Tenemos un nuevo plazo de Bruselas, quizás tengamos -ojalá- cambios en la política del BCE. No tanto para bajar más los tipos, lo cual sería insuficiente, sino para facilitar el crédito a las empresas. Pero el Gobierno está estancado ante los dos grandes retos: la creación de empleo y la efectiva reducción del déficit. Las dos variables están absolutamente relacionadas. Con una tasa de paro por encima del 22 por ciento hasta 2015, que es lo que pronostica el último cuadro macroeconómico, la reducción del desequilibrio fiscal es prácticamente imposible.

Hay otra política económica que la que en este momento plantea el Gobierno. Montoro es de ese tipo de hacendistas que cuando mira el presupuesto se fija, sobre todo, en los ingresos: si hay que reducir el déficit hay que subir la recaudación. Los últimos aumentos de la presión fiscal, quizás necesarios para salvar los muebles, han provocado una depresión del consumo. Si seguimos por ese camino es fácil predecir que la actividad no va a recuperarse.

Pero también es posible reducir el déficit disminuyendo los gastos. Y eso necesariamente no implica más recortes en las áreas más sensibles, a lo que políticamente el Gobierno le tiene pavor. La primera medida que algunos expertos lúcidos recomiendan es hacer aflorar parte de la economía sumergida con una bajada de las cuotas sociales de los autónomos. Una medida de este tipo permite reducir el gasto en prestaciones por desempleo y aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Ya que no se van a crear puestos de trabajo con tasas de crecimiento inferiores al 2 por ciento del PIB, el Gobierno puede legalizar los "yacimientos" de empleo negro.

Es posible también gastar menos si alguien, como un vicepresidente o vicepresidenta económica, aporta una visión de conjunto y le da, por ejemplo, coherencia a las políticas sociales. El problema del PP es que ha empezado recortando por el lugar que más sufrimiento social produce: la sanidad. Hay que atreverse a poner negro sobre blanco toda la maraña competencial que existe entre la administración Local, la Autonómica y la del Estado. Es necesario poner orden también en el sistema de financiación autonómica. Y luego remangarse para revisar partida a partida todos los Presupuestos. Y perder el miedo a muchas cosas. Por ejemplo a recortar las ayudas que reciben las organizaciones empresariales y sindicales, que no llegan ni a los empresarios ni a los trabajadores.

Todo ello necesita, claro, voluntad política.

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