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10 DICIEMBRE 2016
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Todo es K

Horacio Morel, Buenos Aires

La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, dictó el primer fallo de fondo contra la reforma que -auspiciada eufemísticamente como la “democratización de la Justicia”- el gobierno de Cristina Kirchner promovió con un paquete de diferentes proyectos legislativos, convertidos rápidamente en ley semanas atrás por el Parlamentoque aún domina. La sentencia fue apelada por el gobierno a través del “per saltum”, recurso que permite abreviar el proceso salteándose la segunda instancia judicial para posibilitar el tratamiento directo por parte de la Corte Suprema, la cual ya admitió formalmente avocarse a la causa para dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

Se trata de la ley que modificó el modo de elección del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y destitución de los jueces, además de otras funciones administrativas que tienen que ver con el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial, creado en la última reforma constitucional de 1994. El Consejo tenía, hasta la reforma impulsada por el actual gobierno, trece miembros: tres representantes de los jueces, tres de la Cámara de Senadores, tres de la Cámara de Diputados, dos de los abogados, uno del ámbito académico y uno del Poder Ejecutivo Nacional. Todos ellos elegidos por sus pares mediante elección democrática, y el último designado por el Presidente de la Nación.

Es verdad que este órgano revela graves problemas de funcionamiento, lo que es notorio como resulta de la enorme demora y obstáculos, por ejemplo, para designar jueces para ocupar los numerosos juzgados vacantes -a raíz de la seria confrontación de intereses políticos y sectoriales en juego en su seno-, lo cual repercute inexorablemente en la administración de justicia, la que en Argentina se caracteriza desde siempre por ser irritantemente lenta.

La ley votada recientemente en el Congreso gracias a la mayoría parlamentaria kirchnerista, con escaso debate previo dentro y fuera del recinto legislativo, aumenta el número de miembros del Consejo y su forma de elección: ahora son diecinueve en total (agregando un consejero más por parte de los abogados y cinco más provenientes del ámbito académico), estableciendo que tanto éstos como los representantes de los jueces no serán ya elegidos por sus pares, sino por el voto de toda la ciudadanía en el marco de las elecciones generales, y que los candidatos a consejeros, aún postulándose por sus propios espacios de representación (parlamento, jueces, abogados, académicos), deben presentarse mediante listas de los partidos políticos. Ello significa, aunque en modo indirecto, ni más ni menos que la politización y partidización de la Justicia, la desnaturalización del sistema creado constitucionalmente.

Inmediatamente conocido el fallo de primera instancia que ahora la Corte Suprema se aviene a revisar, un legislador oficialista elevó su voz de protesta preguntando cómo era posible declarar la inconstitucionalidad de una ley votada por el Congreso por la mayoría de sus miembros.

Una declaración de ese tenor revela, cuanto menos, una ignorancia que resulta repulsiva. No hace falta haber leído a Duverger para saber que, precisamente, en un sistema republicano de gobierno, es decir, en un régimen político con plena división de poderes, la función de los jueces –además de administrar justicia entre los ciudadanos- es ejercer el control de los gobernantes conforme el principio de legalidad y el del parlamento mediante el control de constitucionalidad. La Argentina adoptó en su Constitución el sistema republicano, representativo y federal de gobierno. Es una democracia liberal y republicana, presidencialista al estilo de los EEUU, cuya Constitución es antecedente expreso de la nuestra. La Carta Magna es junto a los Tratados Internacionales la ley suprema de la Nación, y todas las leyes, decretos y reglamentos dictados por los poderes públicos deben respetar la Constitución, siendo los jueces los encargados de ejercer ese control de constitucionalidad. El poder ejecutivo gobierna, el legislativo legisla y el judicial controla. Si éste último yerra, el edificio se desmorona.

Un gobierno puede ser elegido, incluso abrumadoramente, por el voto popular, lo mismo que el parlamento, pero no pueden hacer por ello lo que les dé la gana: la Constitución siempre será un límite al apetito de poder, sencillamente porque es el contrato social sobre el que se asienta la convivencia pacífica de los argentinos. Es lo que enseñan todos los manuales de Educación Cívica en las escuelas.

El oficialista autor de la queja no es tan ignorante: sólo se permitió un desliz que revela el espíritu autoritario del que se ha impregnado el gobierno. Aclarémoslo de una vez: los gobiernos populistas de los que se ha poblado parte de América Latina, con la Venezuela de Chávez como anticipada estrella estelar, son democráticos pero no tan republicanos. No osan cruzar la línea camino a una dictadura, al menos formalmente, pero sueñan y se desvelan con la suma del poder público en sus manos. Por eso se sienten fenomenal con las crisis, siempre que no sean terminales: necesitan del estado de emergencia permanente para justificar sus medidas siempre extraordinarias, en las que la legalidad quede de lado y nadie los moleste en el ejercicio del poder. Y si determinado contexto internacional, económico y/o social se vuelca favorablemente permitiendo una etapa de crecimiento, de paz, de normalidad política para el pueblo, ellos mismos se encargan de ponerla en riesgo con medidas insólitas para luego erigirse en salvadores mediante la acción intervencionista del Estado. Éste es el jueguito, la puesta en escena que una y otra vez se repite delante de nuestros ojos.

Las consecuencias de una acción política como la descrita no se limitan únicamente a estancamiento, inflación, pérdida de empleos, falta de inversión, deterioro educativo, exclusión social, hambre, violencia, delincuencia, impunidad, corrupción, ausencia de acceso a la cultura y todos los males sociales que podríamos continuar enumerando mientras nos vamos enterando día a día de los robos al erario público que llenan de agujeros al gobierno como si fuera un queso gruyere, y cuyos responsables se cobijan al amparo del máximo nivel del Estado. La degradación de las relaciones políticas (del Estado con los ciudadanos, de los poderes del Estado entre ellos) arrastra consigo la fractura de la cohesión cultural de los ciudadanos entre sí: han regresado de la mano del maniqueísmo de la ideología imperante las peleas entre viejos amigos, entre los miembros de una misma familia, como hacía treinta años no ocurría. Todo es “K” o “anti K”, antítesis fogoneada desde el poder en cada discurso, aunque los medios oficiales presenten siempre a Cristina como “la presidente de los cuarenta millones de argentinos”.

El fallo de la Corte Suprema que se avecina puede ser un punto de inflexión para la situación institucional argentina. De cómo se incline la balanza, y de los fundamentos que los magistrados carguen en uno de los dos platos, depende la supervivencia de la República.

Así de sencillo, así de dramático. Al fin y al cabo estamos en la tierra de la pasión que vibra al compás del tango.

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