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4 DICIEMBRE 2016
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El debate sobre el modelo social, ausente

Horacio Morel | 0 comentarios valoración: 3  210 votos
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Otra vez el Poder Judicial puso freno al tren kirchnerista.  Esta vez fue la Sala A de la Cámara Comercial, que declaró inconstitucional una norma sancionada a fines del año pasado por el congreso de mayoría “K” (la ley 26.831), que entre otra disposiciones habilitaba a la Comisión Nacional de Valores a intervenir sociedades cotizantes en la Bolsa a instancias de la simple petición de cualquier accionista minoritario y sin autorización judicial previa.  A fin de julio de este año, la presidente Cristina Kirchner firmó el decreto reglamentario de esta ley, estableciendo que cualquier accionista o tenedor de títulos de deuda de estas sociedades comerciales, cuya tenencia alcanzara el 2% de su capital social, puede solicitar la designación de un veedor con poder de veto o, incluso, la separación de sus funciones del órgano de administración societaria, y la CNV obrar en consecuencia, sin contralor judicial.  

Basta saber que el gobierno tiene en cartera acciones minoritarias de sociedades que cotizan en Bolsa como resultado de la estatización de los fondos de pensiones para advertir que este instrumento legal proporciona a un Poder Ejecutivo hambriento de recursos y de poder ilimitado un medio idóneo para arrojarse sobre las empresas privadas.  Las posibles víctimas, contrariamente a lo que la mayoría de la opinión pública cree, no son únicamente grandes conglomerados monopólicos, o concesionarias de servicios públicos, o empresas extranjeras, sino una importante cantidad de PYMES (pequeñas y medianas empresas) que en tiempos de florecimiento del mercado de capitales accedieron a la oferta pública, muchas de las cuales son eficientes y rentables, responsables de un altísimo porcentaje del empleo privado, y que con esta ley –hoy frenada por la Justicia- quedan a la merced del apetito de cualquier funcionario corrupto bien confabulado, de los que abundan.

Contemporáneamente a estos hechos, un legislador oficialista ha promovido un proyecto de ley -que aún no ha tenido tratamiento parlamentario- por el cual se propone estatizar los Bancos de Alimentos existentes en el país, los cuales conforman una importante red nacional que a la vez está asociada a la Red Mundial de Bancos Alimentarios con sede en Chicago.  Los Bancos de Alimentos cumplen una función social indispensable en la contención y lucha contra el drama de la pobreza y la indigencia, atacando en el núcleo la tragedia que significa el hambre en un país productor de alimentos, con capacidad para alimentar a cuatro veces su población de manera satisfactoria.  Son una iniciativa libre de la sociedad civil, sin fines de lucro, organizaciones en las que miles de voluntarios donan gratuitamente su tiempo, su dinero y su capacidad profesional con eficacia, llegando a rincones a los que no accede el Estado, sea por incapacidad, por corrupción, o por ineficiencia.

En la gravísima inundación sufrida en abril de este año en La Plata, pudo verse con claridad el rol de la sociedad civil ante la emergencia, y el Banco de Alimentos que allí funciona fue protagonista de esas jornadas épicas en las que los argentinos volvimos a dar suficientes pruebas de solidaridad y caridad.  Pero también fue la ocasión para apreciar cómo el aparato de poder kirchnerista está siempre listo a capitalizar políticamente cualquier situación, por desgraciada que sea.  Varios jóvenes luciendo pecheras de “La Cámpora”, la organización juvenil liderada por el hijo de Cristina, acompañados de reconocidos líderes “K” se interpusieron entre las desinteresadas donaciones de la gente y la necesidad angustiada de los afectados por el temporal.  Es imposible no ver en el proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso una consecuencia necesaria y directa de aquella irrupción desubicada, que exasperó el ánimo de quienes fueron sorprendidos en su buena fe, es decir, casi todos.

Las consultoras privadas y las ONGs vienen sufriendo el hostigamiento permanente del gobierno.  La Secretaría de Comercio multa sistemáticamente tanto a organizaciones profesionales como a asociaciones de consumidores que se animan a publicar índices de inflación superiores a los determinados por el intervenido INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).  A varias asociaciones les ha sido cancelada o suspendida su personería jurídica, con lo cual no pueden recibir más aportes y están al borde de la desaparición.  Ha habido un resonante caso de espionaje oficial en una ONG dedicada a la lucha contra la trata de personas, cuyo líder fue convocado recientemente por el Papa Francisco para un trabajo a nivel mundial sobre el tema.  La Cancillería es quien otorga ahora un permiso especial para que las ONGs accedan a la cooperación internacional, interponiendo al Estado en un trámite que antes era libre.

Según publicó el diario Clarín el último domingo, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores habría expresado a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil: “La crisis económica ya terminó. Gracias por lo que hicieron en estos años.  Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes.”

Carlos March, secretario de la Confederación de la Sociedad Civil, afirma que “la sociedad civil está en estado de sitio: ahorcar a la sociedad civil es asfixiar a la democracia, privarla del oxígeno de la alternancia de roles, de la diversidad de actores, de la pluralidad de ideas, de la libertad de acción”, y denuncia que el gobierno intenta cooptar organizaciones sociales desde la discrecionalidad en el reparto de subsidios a cambio de ‘obediencia debida’.

La discusión seria, a fondo, sobre el modelo social está ausente en el debate político.  Lo está usualmente, y también lo está en este período electoral.  La oposición reacciona casi por reflejo ante estos claros casos de abuso de poder, pero sin visualizar con claridad la cuestión cultural comprometida.

No se trata únicamente del rol del Estado, es más, si se indagara a los políticos opositores, de cualquier signo, muy probablemente la mayoría de ellos se expresaría en términos similares a los que hace el gobierno: que el Estado tiene la potestad y el deber de controlarlo todo a fin de asegurar el bienestar del pueblo.  Electoralmente, cometen un grave error: un nada despreciable 10% de los argentinos realiza aportes voluntarios regulares a alguna entidad de bien público.

La dimensión del Estado, su autoconcepción como único actor social o sujeto colectivo, pertenece a la capa epidérmica de las consecuencias de la cuestión central que no se debate.  Cuando hablamos de subsidiariedad (aunque en realidad no lo hacemos) no nos referimos solamente al frío principio por el cual el Estado debe favorecer, apoyar y promover el protagonismo de la sociedad civil para que la libertad de los ciudadanos, espontáneamente organizados por vínculos afectivos, culturales, profesionales, sociales y políticos, se exprese en obras concretas que materializan el bien común.  Es más que un diseño social de signo contrario al postulado por el estatismo.  Es la experiencia apoyada en siglos de civilización, que llevó al hombre de vivir rudimentariamente como nómade errante a construir nuestras ciudades y poner los pies en la Luna.  Es una experiencia vital, cultural, que encierra una determinada valoración antropológica.  

El funcionario estatista dice que no nos necesita.  La subsidiariedad nos dice que valemos, que somos capaces y creativos, que el mundo y la historia esperan todo de nosotros.

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