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8 DICIEMBRE 2016
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Reforma fiscal, reforma social

Miguel de Haro | 0 comentarios valoración: 3  158 votos
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Los indicadores económicos parecen mostrar una recuperación de la economía española que se hará efectiva y de manera progresiva en el último trimestre del año, aunque esta mejora parece que tardará en trasladarse a la economía real, esto es, a los pequeños empresarios y autónomos, los trabajadores,  las familias y sobre todo para los desempleados. Uno de los aspectos fundamentales, que sin duda, podrá acompañar y acelerar el crecimiento de la economía española, y por tanto de la mejora social de los ciudadanos,  será la reforma de nuestro actual sistema fiscal. Reforma que en estos momentos se está diseñando y será presentada, con toda probabilidad, por un grupo de expertos el próximo mes de febrero del 2014.

¿Qué debemos esperar de la reforma? ¿Qué aspectos de nuestro sistema fiscal deben ser modificados? ¿Bastará está reforma para dar solución a los problemas de la fiscalidad? En principio deberíamos tener una respuesta a estas cuestiones en unos meses, aunque es importante reflexionar sobre las verdaderas necesidades de reforma de nuestro sistema fiscal. Para comprender mejor que medidas deben incorporar a nuestro sistema impositivo tenemos que partir de una premisa fundamental, generalmente admitida por todos, y es que nuestro sistema fiscal actual no parece responder a las necesidades presentes, y sobre todo futuras, requeridas para financiar nuestra actual organización del Estado, así como para dar respuesta a las prioridades sociales que son demandas por los ciudadanos.

Partiendo de la premisa lanzada, tres son los problemas fundamentales y acuciantes que deben ser tratados en la reforma para que nuestro sistema fiscal sea realmente efectivo. El primero de ellos es el que hace referencia a nuestra escasa capacidad recaudatoria, que se encuentra a unos niveles realmente bajos en términos comparativos con los países de nuestro entorno. Únicamente somos capaces de recaudar un porcentaje del 36,4% del PIB, según datos del año 2012, frente a una media del 46,2% en los países de la eurozona y del 45,4% en la Unión Europea. Estos datos demuestran que hay una generalizada evasión y elusión fiscal en nuestro país que debe ser claramente atajada. El segundo gran problema de nuestro sistema fiscal es el que viene determinado por nuestra organización territorial, y su relación directa con la financiación autonómica y el gasto de las CCAA. La estructura de financiación territorial ha dado claras muestras de que no es viable, y debe ser profundamente reformada en su concepción, y sobre todo en su limitación del gasto. El tercer reto que debería contemplar la reforma fiscal es el que afecta directamente a nuestro sistema impositivo, y especialmente a los tributos, los cuales muchos de ellos, como el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, han recibido recientemente reformas parciales que no han sabido establecer una adecuada estructura normativa y equilibrio recaudatorio.

El primero de los retos que deberá afrontar la reforma es la de limitar la evasión y la elusión fiscal que se produce, en mayor medida, por parte de las grandes empresas, circunstancia esta que afecta, a su vez, a la disciplina fiscal de las pequeñas empresas y en muchos casos también a los particulares, ya que introduce un elemento demoledor al generalizar el pensamiento de que la evasión y la elusión fiscal es la norma aceptada. Lo que genera e introduce una carga fiscal adicional sobre particulares y empresas cumplidoras. De tal manera que un sistema fiscal especialmente complejo y poco transparente genera una mayor elusión y evasión fiscal. Debe por tanto hacerse un esfuerzo en establecer una legislación fiscal que sea comprensible, inteligible, de tal manera que no favorezca ni permita a los contribuyentes reducir la carga fiscal en perjuicio de otros, valiéndose de interpretaciones flexibles de la normativa tributaria.

La reforma fiscal debe igualmente afrontar unas bases comunes de la financiación autonómica y el sistema impositivo autonómico, que se encuentra estrechamente vinculadas unos con los otros. Hasta ahora los diferentes modelos de financiación autonómica han sido negociados de manera individual con cada autonomía por parte de la Administración central, y especialmente con las autonómicas de carácter histórico, que han obtenido una cada vez mayor descentralización y cesión de competencias, pero sin un traslado de la responsabilidad sobre el gasto, lo cual hace el sistema que este viciado desde su origen. Debe proponerse y establecerse unas bases mínimas de gestión eficiente y transparente del sistema de financiación, haciendo corresponsables a los diferentes territorios autonómicos tanto de los ingresos como de los gastos generados.

Por último, y con respecto a la reforma impositiva parece que hay una cierta unanimidad en cuanto a la necesaria reforma del Impuesto sobre la Renta, en la dirección de establecer un límite al tipo marginal, limitándolo entorno al 40%, ya que en la actualidad fluctúa entre un tipo que puede ir, dependiendo de la CCAA, del 52% hasta el 56% como ocurre en Cataluña. Junto a la limitación del tipo impositivo debería igualmente establecerse una reducción del número de tramos impositivos, pasando del actual sistema de siete tramos que establece la normativa del IRPF a dos tramos del 25% y del 30%, o como máximo hasta tres tramos. En materia del Impuesto sobre Sociedades es generalizado el clamor de un tipo impositivo reducido sobre el actual, de tal manera que desaparezcan muchas de las deducciones fiscales que distorsionan la tributación y recaudación societaria, estableciendo un tipo único del 25%, frente al actual tipo general del 30%. En todo caso sería importante mantener algunas deducciones que muestran un apoyo decidido a nuevos sistemas productivos, como pueden ser las deducciones fiscales a la investigación y el desarrollo (I+D) o aquellas que establecen un impulso a favor del medioambiente. En materia de IVA debería adaptarse y recalificarse determinados tipos de productos básicos que se encuentran en un tipo general y que podrían adaptarse a un tipo reducido del 10%, incrementando a su vez el tipo básico para determinados productos. En términos generales es necesaria que se adapte el sistema fiscal a un mayor impulso de la tributación indirecta impulsando la recaudación de los impuestos especiales, (Impuesto sobre las Labores del Tabaco, el Impuesto sobre Hidrocarburos y Combustibles y el Impuesto sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas) y generando un mayor desarrollo de la tributación ambiental, todo ello con la finalidad de no penalizar el crecimiento económico.

Sin duda el reto ante el que nos encontramos es de especial trascendencia, y nuestro sistema fiscal debe aprovechar la reforma para introducir una mayor eficiencia recaudatoria, un sistema redistributivo de la riqueza acorde con la situación actual de nuestra economía y, de manera especial, un impulso de la economía y del empleo que permita ser una herramienta de desarrollo social efectivo.

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