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10 DICIEMBRE 2016
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UPN quería romper

No acabo de entender la suspensión de militancia de Santiago Cervera y Jaime Ignacio del Burgo aprobada el lunes por el Comité Ejecutivo de UPN. Después de que el PP haya rectificado su drástica posición inicial, tomando como única medida, tras la abstención de UPN en la votación de los Presupuestos, una sanción económica a Carlos Salvador (que aceptó disciplinadamente lo que el Consejo Político de UPN había decidido), cabía esperar por parte de UPN otro gesto conciliador que correspondiese al del PP: por ejemplo, una sanción económica similar a Santiago Cervera. Sin embargo, la decisión tomada el lunes no puede entenderse más que como un deseo de UPN de romper el pacto a toda costa. En lugar de aprovechar la posibilidad que les brindaba el PP, están complicando más las cosas.

El nivel de despropósitos en que por ambas partes se ha incurrido en esta crisis no deja de incrementarse. Uno se pregunta si los personalismos son tan importantes como para poner en peligro los intereses generales de una Comunidad como la Foral de Navarra. Las adhesiones inquebrantables, los cheques en blanco, no son nunca buenos en política, y ya va siendo hora de que alguien dentro de UPN se atreva a levantar la voz de la sensatez. Les aseguro que hay más de uno y más de dos que lo podrían hacer, como de hecho ya ocurrió en el Consejo Político. Si es verdad, como se dijo por parte del Consejo Político de UPN que decidió desmarcarse del PP en la votación presupuestaria, que se quería mantener el pacto de colaboración entre los dos partidos, la decisión del Comité Ejecutivo de suspender de militancia a dos nombres tan ilustres debe ser rectificada.

En las próximas semanas nos iremos enterando de hasta qué punto se entrecruzan en toda esta crisis intereses de poder localistas, ligados a personas concretas del mundo de la empresa y la política navarras, que parecen dispuestos a hipotecar el  futuro político de la Comunidad Foral, con tal de salvaguardar sus intereses personales.

Lo que parece claro es que la ruptura del pacto no es buena para los intereses generales españoles ni navarros. Desde el punto de vista jurídico, además, teniendo en cuenta que nuestra Constitución prohíbe el mandato imperativo, una sanción tan drástica contra un diputado por no respetar la disciplina de voto es de dudosa constitucionalidad. Sobre todo teniendo en cuenta que la lista electoral en la que se presentó no era la de UPN, sino la de la coalición electoral UPN-PP, y que por lo tanto ha de considerar, a la hora de decidir, no sólo lo que dice uno de los partidos de la coalición, sino los dos. Además, en unas elecciones generales, ¿ustedes creen que los electores de cualquier circunscripción española votan en función del cabeza de lista de la provincia? ¿No es más cierto que votan pensando en el candidato a la presidencia del Gobierno de España? Y, si esto es así, ¿no es cierto que los diputados deberían respetar su pacto personal con los electores a la hora de emitir su voto en el Parlamento? Lo dicho: no acabo de encontrar argumentos que justifiquen la actitud de UPN, salvo que, como digo, su voluntad sea la de romper el pacto a toda costa.

Carlos Vidal Prado es profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED

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