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5 DICIEMBRE 2016
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Ahora: programas para las madres

Pablo Martín de Santa Olalla | 0 comentarios valoración: 3  205 votos
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Ayer el Consejo de Ministro dio “luz verde” al anteproyecto de ley por el que sustituirá la anterior, del año 2010, que regulaba la interrupción voluntaria del embarazo. Y no podemos por menos que felicitarnos por lo que esto supone. A mi juicio, suceda lo que suceda con la ley (que esperemos no sufra sustanciales modificaciones durante su necesaria tramitación parlamentaria), ésta tiene varias lecturas importantes que trataré de resumir.

Lo primero es que viene una ser una enmienda a la totalidad de la frívola e irresponsable legislación laicista del “zapaterismo”, que su presidente trataba de vendernos como una “extensión de los derechos” cuando realmente lo que buscaba era, como siempre, la confrontación con la Iglesia. Fue así como fueron cayendo de manera sucesiva el divorcio “express”, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la interrupción voluntaria del embarazo. Personalmente, creo que la que más dañaba la institución de la familia (esa misma que, por cierto, está siendo clave para sostener a muchas personas en estos graves momentos de crisis económica) era el llamado divorcio “express”, por el que bastaba la mera declaración de uno de los dos cónyuges en el sentido de solicitar la ruptura del vínculo matrimonial para lograr de manera automática el divorcio. Pero es igualmente cierto que la ley que regulaba la interrupción voluntaria del embarazo era una de las más agresivas en contra de los derechos del nasciturus o “no nacido”. En cualquier caso, todo ello formaba parte de la política premeditadamente laicista y anticlerical de los Gobiernos de Zapatero, que le permitían volver a aquella época de la que él tanta nostalgia tenía (la II República) y que para los que realmente la conocen saben que fue mucho más trágica de lo que el expresidente pensaba.

Lo segundo es que determinados elementos que no había por dónde cogerlos ahora vuelven a cauces de normalidad. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que los menores de edad pudieran abortar sin el consentimiento paterno, lo que resultaba a todas luces ilógico si tenemos en cuenta que, por un lado, se les permitía decidir sobre el futuro del ser humano que estaban gestando y, en cambio, se les seguía negando la posibilidad de ejercer el derecho al voto precisamente porque eran menores de edad. ¿Esto tenía alguna lógica?

Lo tercero es que se reafirma el concepto de despenalizar el aborto, que en realidad fue otra de las burdas mentiras que utilizó el expresidente del Gobierno para justificar la ley del año 2010. De todos es conocido que nadie iba a la cárcel por haber abortado, al menos en tiempos de la democracia, pero en todo caso el ministro Ruiz-Gallardón se ha cuidado muy mucho del aspecto formal de la ley y, tras salir del Código Penal en 2010 la interrupción voluntaria del embarazo, la despenalización seguirá en vigor.

Por encima de todo, lo más destacable de esta ley es que prevalece el derecho del nasciturus o no nacido, que a fin de cuentas es un ser humano inocente que no puede defenderse sobre el derecho de la mujer a decidir libremente lo que hace. Esto mismo se escenifica en el cambio del nombre de la ley: se pasa de una Ley de “Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo” a otra, todavía en fase de anteproyecto, llamada de “Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada”.

Además, de nada servía decir que España debía homologarse con el resto de legislaciones europeas, como si estas fueran un ejemplo a seguir. Europa es un continente cada vez más descristianizado, sumido en la cultura de la sociedad de consumo, que olvida que el cristianismo es el único vínculo real que une a todos los países que actualmente conforman la Unión Europea. Y por tanto las diferentes legislaciones europeas no son, a mi juicio, ningún ejemplo a seguir.

Eso sí, a esta ley le queda una segunda parte, que no vendrá directamente en la misma, pero que es tan necesaria o más que la misma: un auténtico programa social de ayuda a las mujeres que han sufrido un embarazo no deseado y que no quieren verse abocadas a interrumpir dicho embarazo pero que a veces lo hacen porque no disponen de viabilidad económica para sostener ese niño que viene en camino. Es conocido que hay asociaciones que se dedican a ayudar a estas mujeres, pero tiene que ser el Estado quien proporcione el impulso y los medios fundamentales para ello. Los niños son el futuro de un país, y más como el nuestro, que está envejeciendo a marchas forzadas. De ahí que esa inversión, además de ser una cuestión de coherencia, constituya una necesidad en aras al bien social. Al tiempo que reconocemos que el aborto es un drama y que es un fracaso de toda la sociedad, demos la posibilidad a toda mujer que quiera seguir adelante con una responsabilidad tan importante como es la de la maternidad, a que disponga de cuantos medios mejor para ello.

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