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7 DICIEMBRE 2016
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La represión no es el camino

Rafael Luciani | 0 comentarios valoración: 3  178 votos
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Desde el pasado 12 de febrero, Venezuela vive en medio de un clima de protestas y violencia que ha afectado al desarrollo de todas las personas e instancias que hacen vida en el país. Hasta la presente fecha, ha habido más de 30 muertos, un número superior a los 2.400 detenidos y, entre ellos, un gran grupo de estudiantes torturados. Así lo testimonian y llevan registrado las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en el país, así como reconocidas instituciones como la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y el Foro Penal Venezolano.

Estos acontecimientos trágicos que se están viviendo en Venezuela no pueden ser sólo analizados bajo las premisas de un debate político o económico. La presencia de signos de una cultura sociopolítica de la muerte caracterizada por el secuestro, la tortura, la impunidad y el ensañamiento, y que además ha venido violando, públicamente, los derechos privados y procesales de los que protestan y exigen cambios, merece una impostación distinta frente a cualquier valoración que se pueda presentar.

El gobierno nacional encadena a diario a todos los medios de comunicación nacionales, televisivos y radiofónicos, para transmitir inn.erables discursos incendiarios, y no ha querido reconocer, hasta la presente fecha, que ha habido prácticas de agresión física, como maltratos y torturas, por parte de grupos armados a los estudiantes, como sucedió en el reciente caso de un estudiante que fue desnudado por grupos afines al gobierno y golpeado públicamente. Hecho que sucede a menudo. Es bueno recordar que la violencia, verbal o física, «jamás ha hecho otra cosa que destruir... encender las pasiones; acumular odio... y precipitar a los hombres a la dura necesidad de reconstruir... sobre los destrozos de la discordia» (Juan XXIII). Este es el gran dilema de la Venezuela de hoy.

A casi dos meses del inicio de las protestas estudiantiles, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó posición, el 2 de abril, de forma pública y oficial, mediante el comunicado que lleva por nombre "Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela". Es importante destacar que, entre los firmantes de este comunicado, se encuentra un obispo

simpatizante del oficialismo y que, en repetidas veces, Chávez denominó como el Obispo de la revolución. El comunicado expresa, por tanto, una visión consensuada de los hechos que afectan al "bien común" de la sociedad venezolana.

Los obispos comienzan su análisis con una premisa muy clara: "la causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario". Para lograr imponer este modelo de corte totalitario, basado en la lógica del pensamiento único y, por tanto, excluyente de todo otro modelo sociopolítico, se han puesto "restricciones a las libertades de información y opinión", se ha incrementado "la inseguridad jurídica y ciudadana" y se han promovido "los ataques a la producción nacional". Todo esto, bajo el peso de una "brutal represión de la disidencia política" (n.. 2).

Ante esta serie de políticas, los estudiantes de todas las universidades, tanto públicas como privadas, se han unido en un gran Movimiento Nacional Estudiantil y han salido a la calle ejerciendo el derecho que les otorga la Constitución Nacional a la protesta pacífica. A estas manifestaciones se han ido sumando distintos grupos de la sociedad civil, como maestros, médicos, enfermeras, periodistas, sindicalistas y muchos otros, que están padeciendo los problemas que afectan hoy a todos los que habitan en Venezuela, como son la inseguridad, el desabastecimiento y la represión. Recordemos que sólo durante el año 2013 murieron más de 25.000 personas a causa de la criminalidad.

Para contrarrestar las protestas, el gobierno ha sacado a la calle a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, como bien señalan los obispos en su comunicado, y ha sido denunciado inn.erables veces, existen "grupos civiles armados" que actúan "bajo la mirada indiferente de las fuerzas del orden público" (n. 4). Estos grupos han sido "entrenados para intervenir violentamente" (n. 4). Es un modo bajo el cual el Estado actúa de forma escudreñiza, logrando contrarrestar a los manifestantes mediante estos grupos que se denominan "colectivos" y que son financiados por el gobierno.

¿Cómo se puede recuperar la paz?, ¿es suficiente el diálogo? El presidente de la República ha reiterado que él quiere un diálogo pero "sin condiciones y sin hacer ningún tipo de pactos o acuerdos". ¿Se trata, entonces, de un diálogo o de un monólogo? Ante esta situación, los obispos recordaron que el primer paso para la pacificación del país no es el llamado a la paz, sino el reestablecimiento de condiciones y la implementación de medidas concretas para que se dé una verdadera paz. Una de ellas se refiere al "desarme de estos grupos civiles armados" (n. 4), los llamados colectivos, que actúan como fuerzas paramilitares, defendiendo a las políticas de la revolución bolivariana. Este desarme de la población civil es un imperativo hoy en la sociedad venezolana, así como la desideologización de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que están penetradas por la influencia castro-comunista y que, como su alto mando lo confiesa abiertamente, son "revolucionarias, socialistas y chavistas", aun cuando esto atenta en contra de la Constitución Nacional.

Un segundo paso para la pacificación del país tiene que ver con generar condiciones socioeconómicas y políticas adecuadas para el bien de todos, y no para la imposición de la ideología expresada en el "Plan de la Patria" porque, cada vez más, "el desabastecimiento, la carestía de la vida, la inseguridad y las restricciones en la venta de gasolina, más notables en el interior del país y en las zonas fronterizas, se traduce en angustia y malestar creciente de la población" (n. 7).

La CEV insiste, como lo han hecho los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática y también algunos altos voceros del Gobierno, que "la salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país" (n. 8). Pero no se trata de un diálogo sin condiciones, como lo ha dicho el gobierno repetidamente, en la voz del Ejecutivo Nacional. El diálogo debe llevar "una agenda previa y condiciones de igualdad, y gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación" (n. 8). De otro modo, estará destinado al fracaso seguro y se incrementará la violencia y la protesta social.

Es importante entender que, hasta ahora, la única vía que el gobierno ha usado para tratar de resolver la crisis es la "criminalización de la protesta" y, por tanto, ha atacado sin reparo a la disidencia política. Son ya varios los alcaldes y líderes de partidos políticos de la oposición que se encuentran privados de libertad, sin el debido proceso. Y se ha hecho cotidiano "el uso de la fuerza represiva del Estado" frente a cualquier protesta callejera que exista. Por todo esto, "el Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza" (n. 8) y no ha dado, hasta ahora, señales de cambio.

A este punto no es aceptable la indiferencia que han mostrado muchos de los que dirigen el destino de la nación, pues expresa una profunda indolencia por el "bien común" de todos los venezolanos. Un gobierno no puede servir sólo a aquellos que son seguidores de su ideología, mientras voltea su mirada ante las exigencias y reclamos de los otros grupos que hacen vida en un país. Por esto, más que nunca, es en este momento histórico cuando se nos exige "no permanecer indiferentes, sino más bien involucrarnos en la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la libertad y la democracia. Nadie que viva en Venezuela debe decir que no le interesa o preocupa la violencia y las muertes que están aconteciendo en ciudades y pueblos" (n. 10). Como asevera el comunicado, "todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino democrático de nuestra Patria" (n. 10).

Es imperativo reconocer que el modelo sociopolítico y económico actual ha fracasado, y necesitamos convertirnos, tanto personal como socialmente. Esto implica, hoy, escuchar a las víctimas, pues son signos vivientes de esa herida abierta que necesita ser sanada; ellas han padecido el mal y claman por una reconciliación nacional. Hay que dejar de ser cómplices o neutros y volver a ser hermanos para poder frenar el mal.

Podemos concluir con las palabras que el Papa Francisco dirigió, en carta pública, a los venezolanos el día 10 de abril: "soy consciente de la inquietud y del dolor vividos por tantas personas y, mientras manifiesto preocupación por cuánto está ocurriendo, renuevo mi afecto por todos los venezolanos, en particular por las víctimas de la violencia y por sus familias. Estoy plenamente convencido de que la violencia nunca podrá traer paz y bienestar a un país, ya que ella genera siempre y sólo violencia. Al contrario, por medio del diálogo ustedes pueden redescubrir la base común y compartida que conduce a superar el momento actual de conflicto y polarización que hiere tan profundamente Venezuela, para encontrar formas de colaboración. En el respeto y en el reconocimiento de las diferencias que existen entre las Partes, se favorecerá el bien común".

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