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29 MARZO 2017
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El PNV, la historia interminable

José Manuel de Torres | 0 comentarios valoración: 3  96 votos
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El pasado domingo durante la celebración del Aberri Eguna, o día de la patria vasca, el PNV, por boca de su presidente Andoni Ortuzar y secundado por el propio lehendakari Urkullu, reivindicó el inexistente derecho de Euskadi a ser reconocida en Europa como una comunidad nacional europea distinta de España y Francia, o sea, reivindicó ser una nación, y, a imagen y semejanza de los nacionalistas catalanes, a quienes ahora parecen seguir la estela, reclamó también para el denominado pueblo vasco un discutible “derecho a decidir” por encima de soberanías nacionales españolas o francesas. Pareciera, pues, que, por unas horas, el espíritu del plan Ibarretxe, la versión más radical hasta ahora de la formación jeltzale, hubiera resucitado y revisitado la Plaza Nueva de Bilbao, donde los dantzaris homenajeaban a la ikurriña y los simpatizantes peneuvistas se agolpaban para escuchar las proclamas soberanistas e identitarias de sus máximos líderes.

Se pone de este modo de manifiesto que la vía nacionalista vasca, que de un tiempo a esta parte pasaba por ser más civilizada y realista que la catalana –pues en teoría estaba más preocupada por resolver los asuntos sociales y los problemas económicos de la ciudadanía y por salvaguardar el privilegiado estatus foral del País Vasco (las provincias exentas se las conoce de antaño), antes que promover el enfrentamiento con el resto del Estado español y la vuelta a los órdagos independentistas–, sigue teniendo un programa de máximos al que ha renunciado sólo provisionalmente a la espera del desenlace de la deriva secesionista catalana y de lograr consolidar el suficiente poder en las urnas. Poder más que necesario ahora mismo para un PNV acostumbrado al mismo y que ve crecer por el horizonte electoral la amenaza de ser desplazados del mismo por Bildu y la izquierda radical abertzale. De ahí las críticas que los jeltzales no dudaron en dirigir a la actuación pasada de la organización terrorista ETA y a las consecuencias que su barbarie terrorista ha significado para la convivencia y la normalidad democrática en la sociedad vasca.

El mensaje del PNV se acomoda así a la realidad política y a la tesitura de tener que elegir entre la realidad de mantenerse en el poder a toda costa y el deseo de seguir siendo la punta de lanza del nacionalismo en Euskadi. Y, para ello, su estrategia ha pasado hasta ahora por anteponer con inteligencia las cuestiones de la economía y el empleo para mantener de un lado su voto tradicional conservador y atraer, del otro, el voto templado no nacionalista capaz de confiarse a un partido sensato, realista, posibilista y dialogante, que tan sólo buscaría la profundización de sus competencias de autogobierno y el pacto dialogado de un “nuevo estatus político” con el Estado sin volver a plantear órdagos en el Parlamento de Madrid. Es en este sentido como deben entenderse los cantos de sirena lanzados este fin de semana por el lehendakari para encontrar un cauce político –¿confederal?– que, en teoría, pudiera ser aceptable para los dos grandes partidos españoles en una hipotética reforma futura de la Constitución.

En todo caso, con programa de mínimos o con programa de máximos, los españoles tenemos que ser conscientes de que todo horizonte nacionalista aspiran inexorablemente a la autodeterminación y a la creación de un estado independiente de España. Por ello, ante cualquier desafío secesionista unilateral e ilegal, es responsabilidad de los dos grandes partidos nacionales alcanzar un acuerdo que suponga, de una vez por todas, el freno al secesionismo y el encaje definitivo del País Vasco, de Cataluña, o de cualquier otra región o nacionalidad española en la España constitucional, sin tener que estar siempre al albur de las circunstancias electorales de turno. Sumar al consenso constitucional a los principales partidos nacionalistas es una meta particularmente deseable, pero no imprescindible para la legitimidad y la legalidad del acuerdo al que se pudiera llegar. Como acaba de recordar el Tribunal Constitucional, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una parte de ella, y el “derecho a decidir” sólo cabe ser interpretado “como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”; y no parece que hoy por hoy la mayoría de los españoles estén dispuestos a romper España. Es urgente, pues, que el PP y el PSOE aparquen este asunto del debate electoral y empiecen a tomárselo realmente en serio... si no queremos que la historia secesionista de los nacionalismos periféricos se torne interminable.

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