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4 DICIEMBRE 2016
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>Entrevista a José María Ruiz Soroa

"La solución para Cataluña es un referéndum consultivo"

Juan Carlos Hernández | 0 comentarios valoración: 3  13 votos
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¿Fue un error emplear el término “nacionalidades” en nuestra actual Constitución? ¿Se puede explicar por las circunstancias en la que el texto se redactó?

Creo sinceramente que a estas alturas de la película, embrollarnos en el nominalismo no conduce a nada. “Nacionalidad” y “nación” son prácticamente términos de contenido substantivo idéntico, y lo que los redactores de la Constitución Española pensaban en su momento era que España era una “nación de naciones”, es decir, una auténtica “nación” (no sólo un “Estado” como defienden los nacionalistas periféricos, que dicen que España es un “Estado” plurinacional) que contenía dentro de sí a otras “naciones” (no sólo “regiones” o “partes” como defendía Alianza Popular). En realidad, lo relevante no son los términos que quieran utilizarse para definir a unos entes tan peculiares y difusos como son las naciones (auténticos “constructores sociohistóricos variables”) sino la forma en que se utilizan en la política (es decir, lo que nos enseñó Humpty-Dumpty, “quien es el dueño de las palabras”). En concreto, el problema no está en atribuir o no el nombre “nación” a alguna, sino en utilizar ese término de manera cerrada y exclusivista (apropiárselo para la nación de uno) en lugar de abierta y flexible. El problema es remitirse a los entes en lugar de a las personas. Si atendemos a las personas resulta que caben perfectamente en la identidad de la mayoría de los ciudadanos varias naciones superpuestas o mezcladas, que una persona puede ser a la vez catalán y español, y que, por ello, no cabe recabar el carácter nacional en exclusiva para uno de los términos solamente. La cuestión es que la mayoría de los españoles, y de los catalanes también (según las encuestas) son perfectamente capaces de sentir “lealtades mezcladas y compartidas” en grados variables de una manera fluida y natural. Es el nacionalismo excluyente el que insiste en romper esta lealtad compartida difundida socialmente al declarar que ambas naciones (y ambos sentimientos) son incompatibles. Por eso, al final, el problema no es afirmar que “Cataluña es una nación” o “España es una nación”, sino afirmar que “Cataluña (o España) es la única nación” para este o aquel ciudadano.

Luego vino la nación como concepto “discutido y discutible” y continuó con el estatuto de Cataluña en la legislatura de Zapatero. ¿Qué le pareció todo esto?

Me pareció una auténtica regresión en el enfoque político de la cuestión territorial (una “resurrección” de un problema que en aquellos años ya no existía como tal para la percepción social catalana), motivada sólo por ocasionales intereses electoralistas suyos y de Maragall. El sistema autonómico funcionaba razonablemente bien, por mucho que exigiera reformas y avances después de años, fundamentalmente para hacerlo más claramente federal: es decir, aumentar la cooperación intergubernamental y simplificar la definición competencial. En lugar de eso, se resucitó el particularismo y el exclusivismo, se exigió un “blindaje” de cada Autonomía, se cegaron los cauces de cooperación, y al final se prendió la mecha del “souflé” independentista al que asistimos ahora. Zapatero fue un auténtico “aprendiz de brujo”. Las consecuencias de su “optimismo antropológico” las pagamos ahora.

Usted ha afirmado que la idea de soberanía tal y como la utiliza el nacionalismo es una idea antigua. ¿Qué concepto de soberanía sería el adecuado?

La noción de la soberanía como un “único poder indivisible” que estaría detrás de cada concreto Estado en un “lugar” determinado (que sería eso que se llama “el pueblo…”) es una pura ficción metafórica que no era correcta ni siquiera en los tiempos de Jean Bodin cuando lo formuló, menos aún hoy en día. Ni existe un “centro” del poder, ni existe un “lugar privilegiado” del poder soberano, como parecen creer los nacionalistas cuando reclaman tomar parte en, u ocupar parte de, esa soberanía. En las sociedades complejas y multinivel actuales la soberanía se ha fragmentado, se ha diluido. Todos son soberanos y nadie es soberano. Es lo típico de todo sistema complejo, que ninguna de sus partes puede considerarse como el centro absoluto. Utilizar la noción antigua de soberanía cuando se analiza un sistema político tan complejo como el europeo, por ejemplo, es usar una mala guía que no permite describirlo adecuadamente. Lo mismo sucede al sistema español.

Una declaración unilateral de independencia, ¿tiene algún fundamento legal? ¿Qué consecuencias, a nivel internacional, tendría para Cataluña una declaración de tal tipo?

No haré referencia al Derecho de la Unión Europea en particular, sino sólo al Derecho Internacional general. Dentro de él, es muy claro hoy que el derecho de autodeterminación sólo es aplicable en situaciones coloniales o de opresión de un Estado sobre sus minorías. Fuera de esos casos, no cabe la secesión o independencia. Por ello, el principio básico en la materia es el de “conservación de los Estados existentes que componen el Orden Internacional”, de manera que existe una práctica inveterada, sancionada por el comportamiento de Naciones Unidas desde su creación, de que una declaración unilateral de independencia de un territorio parte de un Estado en cuestión, y por ello no será reconocida internacionalmente en ningún caso. El caso de Kosovo fue una excepción muy particular (además de que fue un caso en que se podía decir que existía “opresión étnica”) debido a los intereses de EEUU y parte de Europa pero, aun sí, Kosovo no ha conseguido ingresar en las Naciones Unidas y no lo logrará mientras Serbia no acepte su independencia, porque más de treinta Estados bloquean ese ingreso. Por tanto, si Cataluña se declarase independientemente de manera unilateral, sin la aquiescencia del Estado español, no sería reconocida como nuevo Estado por la Comunidad Internacional ni por ningún Estado (salvo quizás por Kosovo) con lo que nada cambiaría en su estatus, seguiría siendo parte de España a todos los efectos. Para el Derecho Internacional, una declaración unilateral de independencia es un brindis al sol. Otra cosa, claro está, sería esa declaración para la estabilidad interna del sistema político español: en el orden interno, sería o no un desastre, caótico en función del comportamiento que adoptasen los ciudadanos catalanes, que se verían obligados a decidir a qué autoridad obedecen. Al final, ellos decidirán aunque fuera de una forma tan caótica.

En la legislación española, ¿es posible la secesión? Si no es así, ¿qué condiciones o cambios legales serían necesarios para que se pudiera realizar de un modo razonable? ¿Nos puede servir la experiencia de Canadá en este sentido?

La secesión es posible, si no lo fuera nuestra democracia sería incompleta. La Constitución es modificable en todos sus contenidos, salvo en aquellos que constituyen el fundamento de la propia democracia como son los derechos fundamentales de las personas. La definición del ámbito territorial de España no afecta a ningún derecho intocable y por ello puede perfectamente modificarse por la vía establecida en el artículo 168 de la propia Constitución Española (el procedimiento de “reforma agravada” que incluye un referéndum nacional). Ahora bien, este procedimiento que exige mayorías amplísimas a nivel nacional español no puede ser activado por una minoría de una región o territorio, y tal situación es una anomalía democrática. Por eso, hay que admitir que si en un territorio o región se demuestra que existe un deseo claro, firme y estable de secesionarse, el Estado debería iniciar motu proprio el proceso para modificar en ese sentido la Constitución Española. Y es obvio que, para ello y antes de ello, es preciso comprobar de manera referendataria si existe esa voluntad clara de la mayoría. Esa comprobación la puede efectuar el Estado mediante el referéndum consultivo regulado en el artículo 92 de la Constitución hoy en día, si así lo decide el Congreso de los Diputados, sin necesidad de cambiar la Constitución. En mi opinión, y lo que es más relevante en la de maestros como Rubio Llorente o Francesc de Carreras, este referéndum consultivo es lo que se debería haber hecho por el Estado hace meses, y es lo que tarde o temprano tendrá que hacerse. Esta idea no es sino una derivación “española” de las opiniones sentadas por el Tribunal Supremo de Canadá en su famoso dictamen sobre la secesión de Quebec, opiniones que constituyen hoy un auténtico “paradigma” de compresión y tratamiento de los problemas que plantea la secesión en un Estado democrático.

Las concesiones que el Estado ha permitido a Cataluña, también a otras como Navarra o País Vasco, ¿son privilegios y, por tanto, se crea una injusticia con el resto de regiones?

Yo distinguiría entre las auténticas “injusticias comparativas”, que son las de la financiación foral vasca o navarra, de las “injusticias democráticas” que son las de haber abandonado en manos de los gobiernos nacionalistas los sistemas educativos y de aculturación de la ciudadanía. Estas últimas se han producido tanto en Euskadi como en Cataluña, aunque sus consecuencias lucen más en esta última. Se entregó el sistema educativo al nacionalismo para que se dedicara durante treinta años a “hacer país”, las consecuencias las vivimos hoy. Por cierto, que una de las pocas cosas que mejorarían en una hipotética Cataluña independiente es que el sistema educativo tendría por fuerza que acoger el derecho a la lengua castellana en caso de elección de los padres, por aplicación del Convenio Europeo de Lenguas Minoritarias.

Una de nuestras mentes más lúcidas, Julián Marías, decía que “cuando se pregunta cuánta autonomía debe tenerse, hay que contestar: toda la necesaria en cada nivel, desde el ayuntamiento hasta la nación, y nunca la que signifique tomar decisiones unilaterales sin contar con los demás. Lo que no es autonomía es la duplicación (o multiplicación) de las estructuras administrativas, la creación de miniestados que repiten las mismas formas e instituciones en cada nivel. Ante todo, porque es un lujo insostenible, que luego nadie está dispuesto a pagar”. ¿Qué le parece esta afirmación?

Me parece una obviedad a la que cualquier federalista alemán o estadounidense asentiría sin pensar, porque es de puro sentido común. Es exactamente así como se está intentando construir la Europa Unida, se llama principio de subsidiariedad. Lo increíble es que en España seguimos empeñados en construir un sistema contrario al sentido común de los tiempos, un sistema de cierre blindado de los particularismos regionales donde cada gobierno pueda disponer de su nicho de poder sin interferencia ni cooperación. Vamos al revés de la marcha del mundo y, en el fondo, ello se debe a un desfallecimiento de la voluntad política que Julián Marías vaticinó también en 1978 en el Senado: “no intentéis contentar a los que no se quieren contentar, porque esa buena intención sólo lleva al desastre”.

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