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6 DICIEMBRE 2016
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El PP debe hacer algo más que defenderse

Ignacio Santa María

Tanto en los casos de supuestos espionajes como en el asunto de la presunta trama de corrupción montada alrededor del empresario Francisco Correa, han sorprendido los traspiés e incongruencias en las reacciones del PP. Estos escándalos han evidenciado con más fuerza aún la falta de unidad y la crisis de liderazgo que sufre el partido que agrupa al centro derecha español. Otro factor inusual es que el ataque mediático no viene solamente de El País sino también con gran fuerza desde El Mundo, que, como es lógico, busca no quedarse atrás en las ventas de periódicos, pero además parece que busca torpedear aún más el liderazgo de Rajoy. 

Pero el elemento nuevo más inquietante es la sólida sospecha de que las últimas filtraciones podrían estar llegando no sólo de los adversarios naturales del PP, sino que algunas podrían estar llegando de personas del propio partido. De ser cierto este extremo, estaríamos ante una crisis interna de grandes proporciones, sólo comparable a la que acabó con la UCD o a la que atravesó el Partido Socialista durante los cuatro primeros años del gobierno de Aznar. La diferencia con respecto a aquellos antecedentes es que el partido en crisis tenía enfrente a una formación en pleno apogeo (como el PSOE emergente de Felipe González, o la brillante gestión económica de Aznar) y en esta ocasión enfrente sólo hay un gobierno aturdido ante un estado de emergencia nacional.    

Es una tarea fácil escoger alguno de los turbios asuntos relacionados con la política municipal que duermen por decenas en los cajones de algún juzgado, despertarlo y magnificarlo a través de la prensa. Desgraciadamente hay muchos de esos asuntos que en la última década han aflorado en la política municipal de toda España ligada a fulgurantes negocios. Es una lacra que afecta transversalmente a todos los partidos, también al PSOE. De hecho, el sindicato de funcionarios Manos Limpias informó esta semana de que, entre todos los casos de corrupción que tiene ahora mismo denunciados ante los tribunales, hay seis que afectan a ayuntamientos gobernados por los socialistas.

Tienen razón los portavoces del PP cuando dicen que el caso de Boadilla no ha saltado a las portadas de los medios en plena precampaña por pura casualidad. Quien tiene control del aparato del Estado y lo utiliza está en clara ventaja. Pero el PP no debería  excusarse y escudarse en eso. Es necesario que este partido abra ya sin más dilación un proceso de reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en su seno.

El deterioro en la calidad en la clase política trae como consecuencia inmediata la desconfianza de los ciudadanos. Entre los votantes empieza a cundir la impresión de que la actividad política se ha envilecido en los últimos años y que las luchas por el poder y la búsqueda del beneficio particular se han impuesto a la vocación de servicio al bien común. Esta percepción también afecta al primer partido de la oposición. El primer efecto de esta desilusión generalizada podría ser el incremento en las expectativas de voto de pequeños partidos de nueva creación con un historial limpio y con mucha agilidad y capacidad de iniciativa. La dirección del PP debería tener en cuenta esto y no limitarse a echar la culpa a otros. Rajoy tiene razón pero sólo en parte.

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