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11 DICIEMBRE 2016
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Elecciones, fiscalidad y modelo de Estado

Miguel de Haro | 0 comentarios valoración: 3  32 votos
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Acabamos este año con un nuevo proceso electoral donde el escenario de las opciones partidistas no había sido tan abierto desde las primeras elecciones democráticas de los años 70. En unos días comprobaremos si queremos salir del bipartidismo para entrar en una realidad política más atomizada con variedad de interlocutores que tendrán que hablar, debatir y pactar políticas concretas que hasta ahora eran impuestas por una única fuerza parlamentaria.

Desde este panorama social la política fiscal que plantean los diferentes actores con posibilidades reales de sentarse en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo es muy variada, y con importantes matices que trascienden a los aspectos económicos y fiscales puramente técnicos. Lo que se debate en el fondo con esta políticas fiscales es en definitiva la concepción del modelo de Estado y de su articulación social. Y no es lo mismo una mayor presión fiscal con una fuerte presencia de la Administración en el control económico de los recursos que una justa contribución a las arcas del Estado en el que prime la flexibilidad del sujeto para disponer de los recursos económicos con los que destinar a sus prioridades personales y de carácter social. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en las múltiples empresas y particulares que han trasladado su residencia de Cataluña a otras comunidades autónomas que favorecen al sujeto en la disponibilidad de sus recursos económicos.

En todo caso el debate se tiene que establecer dentro de los parámetros de nuestra pertenencia a la realidad comunitaria, en la que como hemos podido comprobar en los años de plomo de la crisis, los devaneos en materia presupuestaria y fiscal no salen precisamente baratos ni son recomendables. Tenemos un marco legal y jurídico que cumplir, en el que debemos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Cualquier propuesta de campaña que evite estos compromisos debemos recibirla con alerta.

Dentro del marco previo descrito hasta ahora los programas fiscales de las cuatro fuerzas más representativas, según la mayoría de las encuestas, tienen puntos en común. La lucha contra el fraude, una nueva regulación del delito fiscal, la instauración de tributos medioambientales, mayor control de las bases imponibles de las grandes multinacionales, todo ello dentro de la gran corriente de la fiscalidad internacional en su lucha contra la erosión de bases imponibles denominada en sus siglas inglesas BEPS, ampliación de medios de la agencia tributaria, etc.

En materia regulatoria de los tributos las diferencias son ya claras. De tal manera que el PSOE establece, sin ser exhaustivos en la descripción de los programa, la creación de siete nuevos impuestos, de carácter medioambiental, empresarial y financiero. Reforma de manera integral de la tributación de la riqueza; reforma del Impuesto sobre Sociedades ensanchando las bases imponibles para incrementar la recaudación; rebaja del tipo del IVA cultural.

Con relación a los partidos emergentes debemos hablar de Ciudadanos. Partido que, dentro de un programa corto de propuestas fiscales, propone la bajada del IRPF en un porcentaje del 3%, un Impuesto sobre Sociedades con un tipo del 20% y menos beneficios fiscales. En materia de IVA propone tipos más bajos del 18% y del 7% el reducido, lo que parece a primera vista complicado si tenemos en cuenta que sería un tipo de IVA de los más bajos del entorno comunitario. En cuanto a Podemos establece un incremento impositivo de tipos del IRPF, con un mayor número de tramos, y un marginal del 55% para rentas superiores a 300.000 euros. Derogación de la bonificación de sucesiones y donaciones de la Comunidades Autónomas. Un Impuesto sobre Sociedades en el que se tribute al 25% para los beneficios reinvertidos y del 30% para los beneficios distribuidos a los accionistas. En materia de IVA proponen un nuevo tipo del 25%, además de los existentes, para los artículos de lujo. Finalmente proponen un impuesto denominado de la solidaridad para las entidades financieras privadas que han recibido ayudas del sector público.

En materia de regulación de las SICAV, sociedades que tributan a un tipo especialmente reducido en Sociedades, hay unanimidad en cuanto a su nueva regulación por todos los partidos políticos aunque con matices, desde una actualización de su normativa, por parte de PP y PSOE, hasta una desaparición de las mismas como propugna Podemos, o un control de las mismas que se realice por la inspección de hacienda como propugna Ciudadanos.

Por último el PP, que ha tenido una política fiscal errática y de continuas modificaciones normativas, una vez que parece haber controlado el caballo desbocado del déficit, aunque queda mucho camino por andar, propone una modernización del IRPF con una bajada de tres puntos en la tributación, así como favorecer la tributación del ahorro y los planes de pensiones, incremento del mínimo familiar de tributación y favoreciendo la fiscalidad de las familias numerosas. En materia de Sociedades se pretende generalizar el tipo del 20% para las empresas de reducida dimensión y un tipo general del 25%. En materia de IVA establece que los autónomos y pymes no se vean obligados al ingreso de las cuotas soportadas hasta que no se haya producido el cobro de la facturas.

Son múltiples las propuestas fiscales que se nos ponen delante, llenas de matices que hacen diferente el modelo de sociedad, es el momento para dialogar sobre cuáles son las mejores políticas fiscales que necesita nuestra sociedad y el ideal de estado que buscamos.

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