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9 DICIEMBRE 2016
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>Entrevista a Manuel José Silva Sánchez, jurista y miembro del Consejo de Estado

"La independencia destruiría la cohesión de Cataluña"

Elena Santa María | 0 comentarios valoración: 2  21 votos
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Manuel Silva, militante de UDC, fue concejal en el ayuntamiento de Barcelona por CiU y diputado en Madrid. Es un hombre con peso en el partido que hasta hace unos días lideraba Duran i Lleida. Silva sostiene que la vulneración de la legalidad no trae paz ni consenso. Responde al que hasta hace poco fue su compañero de partido, Pep Martorel, que en una entrevista publicada en este periódico apostaba por la ruptura con España.

¿Cree usted que Cataluña debería ser independiente? ¿Por qué?

No estoy a favor de la independencia. Pertenezco a esa amplia mayoría de catalanes que las encuestas –tanto las de los institutos privados de opinión como las de los públicos (CEO, CIS)– reflejan reiteradamente que comparte el sentimiento de doble pertenencia. Y que se siente catalán y español en diversos grados y combinaciones. A ese aspecto sentimental se unen aspectos racionales. De un lado no soy un jacobino, y por ello ni creo que los Estados deban reducir sus pueblos a una única nación cultural, ni creo que toda nación cultural deba constituirse en Estado. Por otro lado, del pacto constituyente de 1978 resulta que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. No veo posible ni realista esperar una modificación de la Constitución en ese aspecto. Finalmente, creo que la idea de “Cataluña-un solo pueblo” o, lo que es lo mismo, su cohesión, está amenazada por la tensión independentista, y se destruiría con la independencia. Dicho esto, si el afán de independencia fuese amplio, claro, intenso y establemente compartido por una amplia mayoría de catalanes difícilmente podría rechazarse. En cualquier caso creo que hay soluciones que podrían acordarse y que contarían con el favor del 70 ó el 80% de los catalanes, y que no pasarían por la independencia.

En una entrevista a Pep Martorell publicada en este periódico, él decía que la Constitución Española está desfasada en lo que a la cuestión territorial se refiere. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es el camino para solucionar el problema de Cataluña?

Se dice que la Constitución refleja el principio dispositivo (y que, por tanto, la constitución de las CCAA y su nivel de competencias quedaba a la voluntad de sus ciudadanos o representantes) y eso es cierto. Pero también es cierto que la idea inicial de los constituyentes iba más bien dirigida a la existencia de dos tipos de CCAA, y eso se refleja claramente, entre otros, en el artículo 2 de la Constitución (diferencia entre nacionalidades y regiones), en el artículo 69.5 (CCAA sin parlamento), en la diferencia entre las CCAA del artículo 148 y las del 151, en la propia Disposición adicional primera sobre los derechos históricos de los territorios forales, y en la Disposición transitoria segunda sobre autonomías históricas.

No ha sido ese el resultado final de la evolución del proceso autonómico, y no hay nada que objetar desde el punto de vista democrático. Pero es cierto que, tal y como reflejan reiterados resultados electorales, la situación actual no es satisfactoria para algunas Comunidades. Y muy claramente para la catalana. Por otra parte, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 puso de manifiesto la necesidad de abordarlo –al menos para garantizar la integridad de la aspiración– a través de una reforma de la Constitución.

Desde la escisión de CiU, Unió ha perdido su representación parlamentaria. ¿Cuál es su papel dentro del puzle de la política catalana? ¿Qué tiene que aportar Unió a la sociedad catalana?

Lo que ha mantenido Unió en los últimos años y en los últimos meses es la necesidad de la existencia de un espacio central en la política catalana que sea reivindicativo pero no rupturista, y por otra parte con sentido social y sin caer en demagogias. Unió se ha presentado a estas elecciones como una fuerza política que quería aglutinar un voto muy definidamente catalanista pero no independentista ni rupturista por razón de sentimiento del votante o por un elemento más racional. Un partido político no es una agencia de publicidad, y no podemos caer en lo que decía Groucho Marx: “estas son mis ideas y si no le gustan le traigo otras”. Nosotros seguimos manteniendo el planteamiento de que el país se está descosiendo y que hace falta tender puentes y reconstruirlo desde un espacio central. Unió Democrática, de haber tenido mayor éxito en estas elecciones, podría haber sido el palo central de la reconstrucción de este espacio político que había sido abandonado por Convergencia Democrática, y por otra parte PP y Ciutadans por diferentes motivos tampoco podían situarse en él. Obviamente los electores no han optado por nuestra oferta por causas muy diversas, pero la oferta sigue siendo la misma. Podría representar el catalanismo político no rupturista y centrado, además es una pieza fundamental por su trayectoria histórica y por su propia experiencia para la reconstrucción de ese espacio. Unió debe continuar ofreciendo esas ideas básicas aunque con una renovación de personas y un cambio de lenguaje. Pero Unió Democrática es una pieza indispensable para la reconstrucción de un espacio político que da la impresión de que mucha gente dice que es necesario aunque por distintos motivos han decidido dar su voto a otras fuerzas políticas, unos desde el catalanismo a las independentistas y otros se han ido a Ciutadans o al PP.

En la entrevista de Pep Martorell, éste ha puesto sobre la mesa la discusión sobre legitimidad y legalidad para justificar el incumplimiento de la ley. ¿Es legítimo el derecho a decidir? ¿Justifica saltarse la legalidad?

Yo soy un amante y un profesional del derecho y los saltos de legalidad no los admito. Desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, de la tomística, es obvio que hay un momento en el que existe el derecho de rebelión, pero no creo que las circunstancias de Cataluña sirvan para justificar eso o puedan sostenerse en esto que dice la doctrina social de la Iglesia del derecho a rebelión o a derrocar al tirano. Soy consciente de la diferencia entre legalidad y legitimidad pero también es cierto que los ciudadanos de Cataluña votaron mayoritariamente la Constitución de 1978 y que los que creemos en el derecho a decidir debemos defender que ese derecho se incorpore a la Constitución, o que sin llegar a tener esa eficacia jurídica, como sostenía el fallecido Rubio Llorente, se pueda hacer una consulta no vinculante sobre el artículo 92 para conocer realmente cuál es la opinión de los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro. Leyendo a Carrasco i Formiguera, que fue “mártir” de Unió Democrática de Cataluña y un hombre de leyes, uno encuentra fragmentos de discursos suyos clarísimos en los que dice que él no estaba dispuesto a saltarse la legalidad. Los antecedentes más remotos como Carrasco i Formiguera o los más recientes dejan claro que con la vulneración de la legalidad no se logra absolutamente nada. Y desde luego no trae paz ni consenso.

En otra entrevista publicada en este periódico, el profesor Ferrán Riera contaba que el diálogo real es posible en la calle, pero que las instituciones lo ponen complicado. Usted hablaba ahora de tender puentes. ¿Cree usted que es posible un diálogo real entre las distintas partes?

Sí es posible. Y desde luego necesario. Cuando se habla de que falta sentido de Estado se tiene razón. Hay pruebas evidentes estos días de que las fuerzas políticas miran más para una legislatura que para una generación. Atienden mucho más a la necesidad de formar gobierno que a la de generar un consenso en el que podamos convivir todos 30 ó 40 años más. Pero yo también veo en la calle una cierta tensión, por no llegar a decir crispación, tampoco sé si los ciudadanos son más sabios que los políticos porque son los ciudadanos los que eligen a los políticos en las elecciones. Hay que asumir que hay que establecer unas bases de convivencia tanto en la organización territorial como en elementos de la política económica y social que la crisis ha puesto en cuestión. Hay que generar consensos en políticas económicas, que siendo rectas en lo económico no provoquen un destrozo en lo social. Por otra parte, es evidente que ha rebrotado un problema que es el territorial y sobre el que también hay que generar consenso. En la calle se habla, pero yo también noto, al ver los programas de televisión y de radio, que hay un círculo de crispación del tertuliano al ciudadano y del ciudadano al político y a la inversa. Es difícil decir que hay alguien en condiciones de dar lecciones. Yo creo que todos tenemos que asumir que tenemos que serenarnos un poco y que hay que buscar esos espacios de diálogo y ser capaces de crear la convivencia para 30 ó 40 años más. A veces percibo lo contrario, que las fuerzas políticas tendrían menos problemas para reformar la Constitución si creyesen que los ciudadanos les van a avalar. La tensión es compartida a nivel institucional y en la ciudadanía. Lo que antes eran cenas de amigos, de compañeros de deporte o cenas familiares se han visto perjudicadas en los últimos años porque entraba la cuestión política y enrarecía la convivencia. Los políticos son fruto de la sociedad en la que habitan y el esfuerzo de convivencia y de diálogo debe ser de todos. Es difícil que esto se resuelva sin una reforma constitucional; si los ciudadanos no están abiertos al diálogo, esta salida no se va a poder producir.

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