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7 DICIEMBRE 2016
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Polémicas y otras cuestiones sobre las "reválidas"

Jesús Pueyo | 0 comentarios valoración: 3  47 votos
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Con el curso ya en marcha, y a pesar de que no faltan los temas de debate, parece que las reválidas se han convertido en las grandes protagonistas de todo lo que se habla sobre educación en estos días en que los estudiantes de nuestro país vuelven a las aulas. Más allá de la falsa controversia sobre si se trata de “reválidas”, entendidas como el “examen que se hacía al acabar ciertos estudios” según define la RAE, o por el contrario hablamos de “evaluaciones”, lo que está claro es que estas “pruebas finales de etapa”, por las que tienen que pasar los alumnos de 6º de Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, son la mejor muestra de una ley fracasada desde su inicio por la falta absoluta de diálogo y negociación del Ministerio de Educación.

Alejándonos de los intereses partidistas y políticos que rodean este debate, conviene poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que generan el rechazo prácticamente de toda la comunidad educativa.

Para empezar, la evaluación ha de tener como objetivo permitir conocer la situación del alumno, sus problemas y dificultades y sus aspectos más positivos. De ahí que esté ligada también a que el profesorado necesita corregir aquello que no esté permitiendo lograr los objetivos planificados. Es evidente que las evaluaciones externas son necesarias, pero siempre que tengan un carácter de diagnóstico de la situación y puedan servir al alumno, al docente, al centro y al conjunto del sistema educativo como instrumento de mejora.

Por eso, y a tenor de lo expuesto, si las evaluaciones que propone la LOMCE se hacen al final de la etapa, la pregunta es obvia: ¿para qué le sirven al alumnado que las ha hecho si ya no puede rectificar o mejorar su situación? ¿No parece más lógico que se realicen en 3º o 4º de Primaria y 2º de ESO? El cambio sería significativo porque una vez detectados los problemas hay tiempo para adoptar las decisiones que pueden solucionarlos.

La otra cara de esta moneda son los alumnos que resolvieron su etapa positivamente. La evaluación continua que realizan los profesionales durante tantos cursos permite conocer a los estudiantes de una forma más profunda y significativa, yendo más allá de la nota que puede obtener en una única prueba y que podría tirar por tierra una trayectoria. A todas luces parece injusto y poco fiable, además de acabar con el derecho a recibir el título académico correspondiente sin tener que jugárselo todo a una carta.

Dejémonos de falacias. Si fuera verdad que el alumnado se va a esforzar más, que el sistema educativo va a mejorar, que la superación de esta prueba ligada a la obtención del título académico nos devolverá mejores titulados en ESO y Bachillerato, ¿qué nos impide exportar el modelo a la universidad para así conseguir mejores profesionales?, ¿por qué no les dicen los políticos a los universitarios que tras superar todas las materias y cursos de sus grados deben realizar una sola prueba y que si la aprueban obtendrán el título y si la suspenden se quedan sin él?

Es más que evidente que hay cuestiones inadmisibles. Un alumno de 4º de la ESO con todos los cursos y materias aprobadas puede, si no supera la prueba final, quedarse sin el título y verse obligado a cursar Formación Profesional Básica o ir al paro sin cualificación alguna. Se le cierran las puertas al Bachillerato y la Universidad o a la FP. Sin embargo, un alumno que tiene suspendidas dos asignaturas que no sean matemáticas y lengua, puede presentarse a la prueba y si la supera obtendrá el título y podrá matricularse en Bachillerato sin problemas. Conseguir un título académico con suspensos no parece que sea reconocer y estimular el esfuerzo de los estudiantes, ni un signo de calidad, ¿de verdad hemos reflexionado sobre las consecuencias de esto?

En el mejor de los casos se podría entender la prueba final de 2º de Bachillerato, eso sí, siempre que ésta solo sirviera para acceder a la universidad. Es decir, que sustituyera completamente a la actual prueba de acceso o PAU, y en ningún caso estuviera vinculada a la obtención o no del título de Bachillerato.

Pero para entender cómo hemos llegado a este punto debemos remontarnos a los orígenes: estas evaluaciones finales se plantearon para conocer de forma homogénea la situación del sistema educativo. Sin embargo, la aplicación de la prueba en Primaria en el curso pasado ha sido un auténtico despropósito y no ha sucedido nada. Las evaluaciones de ESO y Bachillerato de este curso apuntan peor destino. Tenemos desde comunidades autónomas que no las van a aplicar a otras que aplicarán otro tipo de pruebas distintas a las recogidas en la ley, del Ministerio de Educación podemos decir que ni está ni se le espera, y a esto sumamos una retahíla de “dimes y diretes” a propósito de la paralización de la LOMCE o lo que quede por implantar de ella. ¿Alguien realmente sabe qué significa esto?, ¿cómo afectará?, o lo más importante, ¿se puede seguir hablando del “sistema educativo español”?

Ante esta escena propia del surrealismo, el alumnado y el profesorado continúan desorientados y cuanto menos perplejos, angustiados por la incertidumbre de su futuro y ante la falta de una solución a corto plazo.

Esta es la realidad, que pinta más negra, si cabe, para los profesionales que eligieron desempeñar su labor en centros privados y concertados, que a día de hoy se encuentran con otra discriminación injustificable al verse relegados de las competencias que otorgan la corrección y evaluación de estas pruebas exclusivamente al personal funcionario docente. Volvemos al eterno debate sobre la profesión y la naturaleza del centro en el que se desarrolla, y volvemos a repetir lo mismo, todos los docentes son iguales en competencia, derechos y obligaciones con independencia del centro en el que ejerzan. Y en relación al tema que nos ocupa, ¿qué es lo que ha cambiado en su profesionalidad si hasta la entrada en vigor de esta ley evaluaban y calificaban a sus alumnos y sus notas respaldaban la obtención del título de Secundaria o Bachillerato? Excluirlos ahora no es sino una nueva forma de infravalorar a un colectivo que viene demostrando que las diferencias entre funcionarios y no funcionarios no existen cuando de educación se trata, y abre otro melón: ¿a quién le interesa seguir acrecentando las desigualdades primando a unos profesionales sobre otros?

Definitivamente, y a las pruebas nos remitimos, las evaluaciones finales de la LOMCE son un error que alguien, tarde o temprano, tendrá que deshacer. Y más vale que sea más temprano que tarde, porque es una cuestión que urge si queremos evitar al máximo posible sus efectos no deseados y que desafortunadamente ya han comenzado a incidir en este curso en los alumnos y en el profesorado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

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