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9 DICIEMBRE 2016
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De la fuerza de las armas a la del perdón

Andrea Bonzo | 0 comentarios valoración: 3  17 votos
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La expresión que utiliza el texto del Acuerdo Final suena fría: “reconocimiento de responsabilidades”, pero lo que está detrás, y lo que implica ese reconocimiento, tiene un alcance del que depende el futuro mismo de la pacificación, que no concluye con el “Día D” de Cartagena de Indias sino que comienza. Para comprenderlo, hay que retroceder algunos días, cuando un grupo importante de dirigentes de la guerrilla se encontró por primera vez con los familiares de los 11 diputados secuestrados en 2002 y asesinados a sangre fría cinco años después. Un encuentro que la revista colombiana Semana definió como “estremecedor”, en el que la vergüenza y el dolor se mezclaron con las lágrimas.

Las FARC, dice Semana, mostraron por primera vez una faceta desconocida, acogiendo los reclamos, incluso violentos, de las víctimas y asumiendo plenamente su responsabilidad. Pablo Catatumbo, el hombre que comandaba el bloque de las FARC que cometió ese crimen, pronunció palabras que quedarán como uno de los gestos más importantes de estos meses: “No vamos a evadir la responsabilidad. Estaban en nuestras manos y no se puede reparar lo irreparable, se trata de resarcir el daño, que es distinto (…) La muerte de los diputados fue lo más absurdo de lo que he vivido en la guerra, el episodio más vergonzoso, no nos enorgullecemos de él. Hoy, con humildad sincera, pedimos perdón. Ojalá ustedes nos puedan perdonar”.

Un paso enorme, si se piensa que apenas en 2012, en los encuentros de paz que comenzaban a tomar forma en Oslo, Noruega, Timochenko y otros jefes afirmaron que no pedirían perdón porque, para ellos, no había nada de qué arrepentirse. Lo dejó muy claro el político conservador Óscar Tulio Lizcano, secuestrado él mismo en el pasado por las FARC: “el perdón es una virtud política en la medida en que permite a la sociedad asimilar el pasado y mirar al futuro”.

El encuentro de los jefes de las FARC con los familiares duró cuatro horas y concluyó con el compromiso de los guerrilleros de contar a los familiares toda la verdad sobre lo ocurrido y de intentar devolverles los efectos personales de las víctimas. Al terminar, todos se unieron en una oración y los familiares expresaron un sentimiento de “alivio” luego de la “catarsis colectiva”.

Al día siguiente se llevó a cabo otro encuentro emblemático y de gran importancia con los delegados del barrio La Chinita, de Apartadó, en el noroeste del país. Allí la guerrilla cometió una masacre indiscriminada de 35 personas, y allí también se hará un acto para pedir perdón.

Después llegó el turno de los principales representantes del Estado colombiano y de la guerrilla. Porque en un acuerdo de paz, el perdón y la reconciliación no pueden ser en sentido único. Primero Iván Márquez, el hombre de las fotos cuando se selló el acuerdo en La Habana, le habló al país por medio de un video en el que reconoce que los secuestros causaron “un gran dolor” en las familias y en la sociedad, concluyendo que estas prácticas deben quedar “sepultadas para siempre”. A continuación habló el presidente Manuel Santos, quien usó varias veces la palabra “exterminio”, casi un sacrilegio para los sectores más intransigentes y contrarios al acuerdo, comprometiéndose a hacer todo lo que sea necesario para que la historia no se repita nunca más. Fue otro gesto histórico, porque implica la tácita admisión de que el Estado también fue corresponsable de la degradación del conflicto. Es un gigantesco paso adelante. Hasta poco tiempo atrás, las atrocidades cometidas por los militares se minimizaban atribuyéndolas a una cuantas “manzanas podridas” en el Ejército.

Hay un elemento fundamental que constituye la garantía para evitar el riesgo de que el perdón termine siendo un mero ejercicio retórico y oportunista: en los Acuerdos se ha previsto la formación de un Tribunal Especial para la Paz, constituido por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros, y encargado de investigar, juzgar y sancionar a todos lo que hayan cometido crímenes graves durante el conflicto, sin distinciones y sin descuentos, sean guerrilleros, militares o miembros de agrupaciones ilegales.

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