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17 DICIEMBRE 2017
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>Entrevista a Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona

"En Cataluña el Gobierno debe adueñarse de la iniciativa política"

F.H. | 0 comentarios valoración: 3  65 votos
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Ortega y Díaz Ambrona tiene mucho que decir sobre lo que está pasando en Cataluña. Secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional durante la Transición y ministro adjunto al presidente Suárez para la coordinación legislativa, su experiencia quedó documentada en su obra Memorial de Transiciones (1939-1978). La Generación de 1978.

¿Cuál debería ser la respuesta del Gobierno ante el desafío del 1 de octubre?

Para salir de la situación presente hay que empezar por concienciar a todos de su enorme gravedad. Hay una discordancia asombrosa entre la intensa percepción del fenómeno del independentismo en Cataluña y en el resto de España. Según el Barómetro del CIS de mayo de este año el índice de preocupación por la independencia de Cataluña en la opinión general era solo del 0,9 frente al 71,4 sobre el paro y 54,3 sobre la corrupción.

La respuesta del Gobierno (y añado de las fuerzas políticas serias y responsables) debería ir en una doble dirección. Por una parte, firme respuesta para mantener el orden constitucional democrático, evitar una sedición y golpe de Estado con anestesia epidural, sin que uno se entere, y cortar en seco las ínfulas secesionistas y separatistas. Y, por otro lado, un gran esfuerzo por parte de todos para dar salida a esta grave situación mediante el diálogo, el acuerdo consensuado y la llamada de todos a la firma. Los independentistas pretenden robar al conjunto de los españoles su derecho a decidir. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. En este asunto el Gobierno parece conformarse con ir a rastras de los independentistas catalanes, en vez de adueñarse de la iniciativa política.

¿El mecanismo del artículo 155 de la Constitución debe ser aplicado antes o después de que se declare la independencia? ¿Qué permite realmente hacer ese artículo?

El artículo 155 de la Constitución debería haberse aplicado ya. Es lo que toca dada la situación. Se ha mitificado y demonizado. Se ha dado una versión de él que no responde a la realidad, como si implicase por necesidad la suspensión o la eliminación de la autonomía catalana. El artículo 155 tramitado en el Senado podía haber procurado ya mejor y más firme respaldo a gran parte de las medidas que se están adoptando en estos días, incluido el bloqueo del presupuesto de la Comunidad Autónoma, para evitar los gastos públicos en el referéndum ilegal; el mando efectivo sobre los mossos, para el mismo fin y la eliminación de la publicidad y machaqueo totalitario y antidemocrático de TV3, Catalunya Ràdio, etc. El art. 155 podría haberse concretado en un repertorio de medidas progresivas y proporcionadas al desarrollo de la situación, antes y después del 1-O, con recuperación temporal de competencias estatales, que la Generalitat está usando de modo perverso y evidente para alcanzar un fin contrario a la Constitución.

Tampoco habría que excluir ninguna medida todo lo fuerte –aunque temporal– que fuese precisa, para convencer a todos de que este partido no es la final ni lo gana 1-0 el independentismo.

¿Qué soluciones se pueden buscar para después del 1 de octubre?

Depende de cuál sea la situación. Aquí entra la acción política en el sentido más noble y alto de la palabra. Estamos en la fase del “dar salida” que para mí solo puede ser electoral. Vía elecciones autonómicas y generales. Se requiere un gran pacto político entre las fuerzas constitucionalistas de derecha, centro e izquierda. La situación global es muy grave y se precisa dejar de lado ansias desbocadas por llegar al poder o por no perderlo.

¿Qué reforma constitucional convendría hacer?

Estoy convencido de que se precisa una reforma (no destrucción o cambio total) de la Constitución, para hacer partícipes a las nuevas generaciones de las reglas superiores de convivencia. Tendrá que ser consensuada. Entre las partes afectadas por la reforma estará seguro el Título VIII sobre las autonomías. También nueva base para los Estatutos. Esas reformas se deberían someter a referéndum, válido, vinculante, de todos y para todos.

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