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17 DICIEMBRE 2017
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>Entrevista a Pep Martorel

"Cualquier oferta de diálogo debe incluir el derecho a decidir"

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Pep Martorel fue director general de la Generalitat, militante de Unió y fundador de Demòcrates de Catalunya, partido escindido de la formación de Durán y defensor de la independencia de Cataluña.

¿Ha habido algún exceso en el modo en el que se ha planteado el referéndum y en la respuesta de los últimos registros?

El modo en que se ha planteado el referéndum no ha sido el deseable, tal y como han reconocido los propios convocantes. Hubiera sido óptimo convocarlo como lo hicieron antes los gobiernos de Escocia o del Quebec: de mutuo acuerdo con el gobierno del estado (UK y Quebec, respectivamente), pero esto ha sido denegado repetidamente. La respuesta con los últimos registros, detenciones, querellas, etc., ha sido claramente rechazada por una gran mayoría de la población, como es lógico. También mucha gente que no es independentista, y que posiblemente no veía claro la celebración del referéndum, está saliendo a la calle en protesta por estas acciones. La "demografía" de estas últimas protestas es muy variada y, hasta cierto punto, sorprendente. El Estado podría haber optado por vencer o por convencer. Es una lástima que no haya optado por convencer. De hecho todo lo contrario: me permito citar a Enric Juliana, que escribía en La Vanguardia: "La intervención económica de la Generalitat –sin pasar por el Parlamento–, las detenciones y los registros están generando una ola de indignación que sobrepasa los límites sociales del independentismo. El caudal de la protesta se está ensanchando".

En el resto de España se entiende mal una propuesta de referéndum que no respete las sentencias del Tribunal Constitucional.

Esto sería razonable si hubiera la más mínima posibilidad de que alguna propuesta fuera aceptada por el TC. Pero la experiencia nos demuestra exactamente lo contrario: no sólo el TC ha denegado cualquier acción en esta línea, sino que sentenció contra el Estatut anterior (por cierto, votado por el 88% del Parlament y validado en referéndum por el 73% de los catalanes) y lleva años sentenciando contra leyes catalanas que sin duda beneficiaban a los ciudadanos (pobreza energética, tasas sobre operadores, impuestos sobre pisos vacíos, etc). El TC se ha convertido en un tribunal altamente politizado y la probabilidad de que algún día aprobara una propuesta de referéndum es nula. Alguien utilizaba estos días una buena metáfora: se deben cumplir las leyes, de la misma manera que uno no se salta un semáforo en rojo porque tenga prisa. Bien, mi pregunta es: ¿qué haría si el semáforo sigue en rojo 30 años después?

¿Qué posibilidad hay en este momento de que se reconduzca la situación?

Se ha detenido a 14 trabajadores públicos, se ha intervenido de facto el autogobierno sin ningún trámite parlamentario, hay querellas presentadas contra los miembros del gobierno, hay amenazas sobre responsables del mundo asociativo y hay miles (!) de policías que han venido a Barcelona por unas protestas calificadas de "tumultuarias", lo cual es ridículo para cualquier persona que las haya vivido. Se está deteniendo a personas por llevar propaganda política, se registran coches en la autopista, se cercan sedes de partidos políticos sin orden judicial. Como ha dicho Jody Williams, premio Nobel de la paz en 1997, los "esfuerzos para frenar el referéndum son antidemocráticos y contraproducentes". En resumen y por desgracia, ante todo esto no me parece nada obvio que se pueda reconducir la situación en el corto plazo. Somos muchísimos los que el primero de octubre estaremos ante nuestros colegios electorales para votar. Como dice la sabiduría popular, no se puede volver a poner el dentífrico dentro de su envase.

¿Hay alguna oferta con la que se pudiera retomar el diálogo?

En el fondo hay un problema político de primer orden: la cuestión fundamental es dónde reside la soberanía popular. Una gran mayoría de los catalanes pensamos que Catalunya tiene el derecho a la autodeterminación, es decir a votar libremente sobre su futuro. En cambio, las principales fuerzas políticas españolas piensan que la soberanía reside, únicamente, en el conjunto de los ciudadanos españoles. Creo que, a estas alturas, cualquier oferta para retomar el diálogo debe incluir el reconocimiento del derecho a decidir su futuro para el pueblo catalán. Lo cual, por cierto, no sería ningún disparate, sino seguir con lo que han hecho antes otros gobiernos occidentales y mostrar una gran altura de miras. De hecho, el presidente de la Generalitat ha mostrado muchas veces su disposición a negociar pregunta, fecha, mayoría necesaria... Pero siempre bajo una premisa: cualquier acuerdo fruto del diálogo deberá ser refrendado por el pueblo catalán, como sujeto último de decisión. Ojalá se lograra esto en los próximos días. El propio Carles Puigdemont declaró estar dispuesto a hablarlo "hasta el último minuto".

¿Sería posible ahora una nueva reforma del estatuto?

Creo que la experiencia con la última reforma del Estatut, y todo lo que ha pasado en las últimas semanas y meses, convierte esto en inviable. De todas maneras, insisto en lo que decía antes: el problema fundamental es el sujeto final de decisión, el sujeto político con capacidad de decidir. Cualquier reforma o propuesta que no incluya esto me parece inviable. Y aun así, no me parece probable: creo que desde muchas instancias todavía no se ha entendido el cambio de visión política de una parte mayoritaria de la población catalana. Creo que hablar de "reforma del Estatut" suena a algo antiguo e inservible para la mayoría. Déjeme también añadir otro elemento, aprovechando sus amables preguntas: una de las peores noticias de estos días es la brecha emocional que se está produciendo con España en amplias capas de la población. De hecho, algo quizás no bien entendido es que este proceso político no ha sido nunca "contra" nadie: la mayoría del independentismo planteamos el proyecto desde una sincera estima a España, realidad muy próxima para muchos, en lo personal, familiar o profesional. Nunca he oído un grito contra España en ninguna manifestación de la Diada. Esto no es un partido de futbol, en que si uno gana, el otro necesariamente pierde. Hasta la propia "ley de transitoriedad" aprobada por el Parlament prevé el mantenimiento de la doble nacionalidad como algo normal. Pero me temo que las acciones de los últimos días puedan estar cambiando esto. Y es una lástima (y me permito decir que una grave irresponsabilidad por parte del Estado), porque acabe como acabe este proceso político, hay algo seguro: seguiremos siendo vecinos geográficos, seguiremos compartiendo una lengua, y muchos seguirán teniendo ahí sus lazos familiares, de amistad, profesionales. Y esto es algo que, por suerte, no va a cambiar.

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