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22 JULIO 2018
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España valora cómo controlar a sus imanes

María de los Ángeles Corpas Aguirre | 0 comentarios valoración: 1  12 votos
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Las instituciones musulmanas estiman que en España hay actualmente 1.200 imanes. Después de semanas dedicadas a hablar de ello, tras los trágicos atentados de Barcelona, el mensaje final que se ha transmitido a la sociedad es que nadie les controla realmente. Nadie –ni dentro ni fuera de la comunidad islámica– parece tener la responsabilidad de su selección ni de su acción en los centros de culto, un hecho doblemente preocupando si tenemos en cuenta que España cuenta con una legislación avanzada y modificada para incrementar la seguridad tras la experiencia de los atentados de Madrid en 2004.

Según la ley 26/1992, los imanes tienen un carácter estable y ciertas funciones específicas. Deben contar con un certificado emitido por el Ministerio de Justicia y otro por parte de la comunidad de la que forman parte, siempre con el “nulla osta” de la Comisión islámica en España (art. 3.1). Económicamente, los imanes se asemejan a trabajadores por cuenta ajena y están incluido en el régimen general de la Seguridad Social. En 2004, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero avanzó una propuesta de reforma de la ley de libertad religiosa y la creación de un registro de imanes. Sin embargo, los responsables de la comunidad islámica manifestaron su desacuerdo afirmando que se trataba de un atentado a sus derechos. Al calcular los efectos electorales que esta medida podía causar, los responsables políticos decidieron posponerla.

Después de los atentados de agosto en Barcelona y Cambrils, Riay Tatary, presidente de la Comisión islámica en España, declaró que “no existe control alguno” a los imanes y que se lleva trabajando en el registro desde 2016. Luego añadió que no está de acuerdo con el control a los sermones de los imanes, definiendo la propuesta como “propia de gobiernos dictatoriales”.

Pero la figura jurídica del imán está bien definida. Su elección es responsabilidad de la comunidad y está supervisada por la Comisión islámica. A pesar de ello, sus representantes admiten que esta realidad escapa a su control. Así lo afirmó explícitamente Lahsen Himmer, presidente de la comunidad islámica de Andalucía y miembro de la Comisión permanente islámica en España: “No existe un control real sobre los imanes”.

La verdadera pregunta es entonces qué se entiende por control sobre los imanes. La experiencia nos dice que para las autoridades del estado, “controlar” significa impedir que estas figuras formen parte de redes terroristas y sirvan como vehículos de radicalización, sin someter ningún tipo de presión sobre el islam “oficial”. Pero los hechos de Barcelona nos han mostrado cómo están las cosas realmente. Muchos imanes no están ligados a las comunidades a las que guían, viven al margen de ellas, supervisan los pagos en los lugares de culto, dan su sermón del viernes, la gran mayoría no conoce el español, en otros casos se inscriben en asociaciones culturales (no religiosas), huyendo así del control del Registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia.

A la luz de estos datos, parece necesaria la creación de un registro de imanes. Si, como contempla la ley, los imanes son trabajadores inscritos en el régimen de la Seguridad Social, la comunicación entre ministerios debería realizarse con más eficacia. España no es un territorio ingobernable. Existen mecanismos de control previstos por la legislación. Hace falta verificar y actualizar las informaciones relativas a los imanes, pero también despolitizar la cuestión, mantenerla alejada de debates electoralistas. Es una cuestión de estado, no de gobierno. En caso contrario, seguiremos viviendo de medidas provisionales en un tema tan crucial como este.

A pesar de la urgencia de ejercer un cierto control sobre los imanes, los representantes islámicos han ligado los hechos de Barcelona con una antigua reivindicación del islam en España: la necesidad de establecer un sistema educativo propio. “No hay centros de formación para los imanes y eso es un problema (…) No existe un centro que controle o canalice el control de requisitos necesarios para que un imán pueda ejercer en una mezquita”. Lahsen Himmer describía en estos términos lo que, en su opinión, es la verdadera raíz del problema. “Para ser imán, hay que respetar ciertos criterios. Hay que tener un profundo conocimiento del islam y un certificado de idoneidad emitido por un grupo de sabios que autorizan a ejercer. Todo esto no existe en España porque no existe una institución como tal”. Y eso es exactamente lo que se pide: un sistema educativo “como el de la Iglesia católica”.

Lejos de reconocer su propia parte de responsabilidad en el control interno, ciertos líderes musulmanes señalan como causa principal el rechazo del estado a reconocer las instituciones educativas islámicas. Y es que la institucionalización y control de la educación islámica en España ha sido desde el principio un terreno de conflictos internos. Aunque también hay que decir que en España ya ha habido proyectos de formación para imanes. Después de los atentados de Madrid, se pusieron en marcha cursos de formación de imanes impartidos por el Ministerio de Justicia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la universidad islámica de Rotterdam y la Comisión islámica en España. Los cursos intentaban familiarizar a los alumnos con la legislación española e internacional, “los principios de pluralismo y convivencia, los usos y costumbres de nuestra sociedad, los valores democráticos del país de acogida y una visión del islam auténtico, que repudia la violencia y el extremismo”. Esta propuesta educativa se interrumpió hace dos años.

Como otras cuestiones relevantes, el sistema educativo en España siempre ha sido un tema con muchas connotaciones electorales. Por tanto, no resulta extraño que la formación de los imanes fuera concebida como algo provisional, sin prever el enorme alcance que tendría por motivos de seguridad. ¿Un error de valoración? ¿Descuido? ¿Inoportunidad política? Hoy nos encontramos con otra prioridad sin resolver desde sus orígenes, a finales de los años 80: ejercer un control sobre los “educadores” es estratégico para afirmar una visión del islam u otra. En este sentido, la reacción de Marruecos no se hizo esperar. Pocos días después de los atentados, manifestó su intención de llegar a un acuerdo sobre el control de los imanes y las mezquitas que acogen a los emigrantes marroquíes de segunda y tercera generación. Según el ministro marroquí de Interior, Abdelouafi Laftit, “estos jóvenes nacidos en países europeos necesitan una atención especial para evitar que caigan en las garras del terrorismo”.

En vez de privilegiar argumentos que crean divisiones, sería necesario apoyar un esfuerzo de las instituciones para lograr un control exhaustivo de los discursos de los imanes y de su selección por parte de los responsables del islam en España.

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