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10 DICIEMBRE 2018
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Enfermos de derecho

Fernando de Haro | 0 comentarios valoración: 3  39 votos
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España, una parte de España, otra vez en la calle. Esta vez para protestar por la sentencia de Navarra que condena a los cinco responsables de una agresión sexual múltiple, no con el delito de violación sino con el de abuso sexual. Se cuestiona a los jueces y el sistema judicial, aunque la sentencia no es firme. Casi el 90 por ciento de los ciudadanos rechaza el modo en el que se han pronunciado los magistrados. Los políticos del Gobierno y de la oposición prometen, ante la indignación, cambios en el Código Penal, una nueva reforma legislativa, seguramente un endurecimiento de las penas.

La lectura de los hechos probados es difícil de soportar para una sensibilidad sana. Lo más sagrado, lo que sólo debe ser entregado en un libérrimo acto de libertad, la intangibilidad de la persona en su carne, en la carne de una joven, convertido en objeto de presa. La barbarie, el mal. Y ante el mal, más derecho, mejor derecho, leyes más duras, jueces implacables.

Se repite semana tras semana la misma reacción. El sobresalto es continuo. ETA, la banda terrorista que tanto daño ha causado a los españoles, de la que ya no queda nada, va a anunciar su disolución. Antes, para facilitar el acercamiento de sus presos al País Vasco, pide un perdón tramposo a sus víctimas. No deja de reivindicar sus fechorías. El mal, también el mal de quien no se arrepiente. Solución: que los terroristas se pudran en la cárcel. No hay razones jurídicas para impedirles que disfruten de beneficios penitenciarios. Pero que a nadie se le ocurra hablar de ellos.

Y para los responsables de delitos atroces, cárcel de por vida. Si a la izquierda se le ocurre proponer una modificación de la cadena perpetua (revisable), una de las más duras de Europa, en un país con las condenas más largas de Europa, salta el escándalo. Porque la inmensa mayoría de los españoles, ante el mal, ante el conflicto, quieren más dureza.

Y para resolver el conflicto de una mitad de Cataluña que se quiere hacer independiente, en este caso el mal de la fractura, solo Código Penal.

Enfermos de derecho, desarmados ante la iniquidad. Derecha contra izquierda por su “buenismo” jurídico, feministas contra jueces por su machismo al aplicar las leyes, jueces reclamando respeto, políticos con partidos en crisis que buscan más apoyo, periodistas haciendo amarillismo. Violencia creciente. Retrato de una gran perplejidad.

Porque el mal es así, porque fractura. A menos que, por algún milagro extraño, se pueda volver a usar la razón cívica y se pueda empezar a hablar de algo más que de leyes. Las preguntas son sencillas: ¿por qué aumentan los casos en los que una mujer es convertida en objeto de presa?, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿en qué falla nuestro sistema educativo? No son preguntas para que los católicos reprochen a los laicos su permisividad, para que los laicos reprochen a los católicos su educación machista, para que la derecha insulte a la izquierda, la izquierda a la derecha, el postfeminismo al feminismo crítico, el feminismo crítico al feminismo clásico y todos a los jueces. Son preguntas para todos y cada uno. ¿Cómo se puede vivir cuando el daño parece irreparable?

Las preguntas se silencian y no hay conversación porque hemos creído todos que la democracia se sustentaba exclusivamente en la tutela de los derechos por parte del Estado, en un Estado que regulara bien el mercado, en un Estado que garantizara el bienestar. Eso es lo objetivo. Lo que nos hacer estar juntos en una sociedad plural es subjetivo, pertenece al terreno de las emociones y de las opiniones. ¿Acaso no tenemos todos el mismo deseo de justicia? ¿No podemos iniciar una conversación seria sobre lo que satisface y no satisface ese deseo antes que pedir a gritos más o menos condenas?

Solo cuando a una de las víctimas se la oye, como se ha oído recientemente a la madre del “pescaíto”, hablar de perdón se hace el silencio. ¿No podremos tirar de ese hilo? ¿No podríamos convertir ese perdón, en el que todos nos reconocemos, o nos gustaría reconocernos, en una categoría cívica que nos salve de la inflación desesperada de derecho?

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