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12 DICIEMBRE 2019
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Contra el proceso de centrifugado

Fernando de Haro | 0 comentarios valoración: 2  19 votos
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La crisis política española que comenzó hace cuatro años ha incrementado la polarización hacia los extremos y el voto en defensa de intereses particularistas. En 2011, antes de que la formación de mayorías estables se complicara, siete de cada diez españoles apoyaba a las dos formaciones que coincidían en la defensa de la Constitución. El espacio de centro lo ocupaba casi todo. En 2015, a pesar de la aparición de los nuevos partidos, de la ruptura del bipartidismo y de la emergencia de una formación de izquierda-izquierda como Podemos, todavía había un 65 por ciento de españoles que optaban por el centro. En los comicios del 10 de noviembre pasado, los resultados muestran una centrifugación de las posiciones. A pesar de la caída de Podemos, ya solo la mitad de los electores (54 por ciento) optan por formaciones claramente constitucionales. El crecimiento de Vox por la derecha hasta llegar a sumar el 15 por ciento de los apoyos y la subida de las formaciones independentistas/nacionalistas vascas y catalanas ha hecho el resto. El sistema electoral y especialmente la estructura de las circunscripciones les ha dado un peso relevante a los partidos regionalistas creados para la defensa de intereses de pequeños territorios. Las causas de la radicalización son múltiples: tienen que ver en una primera fase con la crisis económica, en un segundo momento con el intento de secesión de Cataluña. A lo que hay que añadir el tacticismo y el autismo de los partidos constitucionales, empeñados en gobernar o en liderar la oposición al cualquier precio. La conexión con la sociedad civil no ha llegado a producirse en ningún momento. Las élites políticas han seguido con su propia agenda que ha acelerado la fuerza giratoria.

El Gobierno de coalición que busca el PSOE con Podemos, tras las elecciones del pasado domingo, está pendiente de la abstención del independentismo. Es difícil hacer pronósticos. Pero es previsible que los partidos secesionistas rebajen sus exigencias de una mesa de negociación paralela al Congreso, que supondría una expropiación de las reglas de representación de la soberanía nacional. Lo más probable es que los socialistas acaben haciendo un gesto al independentismo y que eche a andar un Ejecutivo claramente escorado hacia la izquierda. Se dará así la paradoja de que un Podemos minoritario (menos del 13 por ciento del voto) sea el que dé color a las políticas del Gobierno. Eso hará crecer previsiblemente a la derecha-derecha de Vox que ahora está en el 15 por ciento. Es fácil prever que el proceso de centrifugado se acelere. Más aún si se hacen concesiones al independentismo que no estén suficientemente pactadas y asimiladas por los partidos de centro.

En el terreno económico lo previsible es un considerable aumento del gasto público en materia de pensiones y en algunas políticas sociales sectoriales (de dudosa eficacia), así como subida de impuestos, incumplimiento de objetivo de reducción de déficit (2,2 por ciento previsto para 2020), aumento de los costes de la contratación, rigidificación del mercado laboral y estatalismo. Aumentarán las tensiones con Bruselas. Pero el problema no será el aumento del gasto sino que ese aumento no irá destinado a una modernización del tejido productivo.

El nuevo Gobierno previsiblemente intensificará, en lo social, las políticas de fractura. Y en este capítulo no será tan significativa la despenalización de la eutanasia, que forma parte del consenso mayoritario de los electores. Más relevantes serán las reformas para acentuar las políticas de memoria histórica, de estatalización educativa y de fortalecimiento de un feminismo que pueda provocar la reacción del otro extremo. En estos primeros días ya hemos visto cómo la ministra de Educación en funciones ha querido negar el carácter constitucional de la libertad de elegir colegio.

Habrá sin duda cuestiones límite relacionadas con la libertad que requieran una toma de postura claramente opuesta. Pero quizás en este momento la mayor aportación que se pueda hacer a la vida pública española es abrir conversaciones y situar en medio de la vida pública experiencias que superen la contraposición. En este sentido, la nueva legislatura supone una oportunidad. Hasta hace unos años la mayoría de la sociedad ha estado de acuerdo con unos ciertos valores constitucionales que se daban por supuestos. La falta de una reflexión crítica y de conexión entre las experiencias que estaban fuera de la política con la política de partidos ha acabado convirtiendo esas referencias en estatuas de museo. Los próximos meses o años pueden ser muy interesantes si aparecen actores sociales con la suficiente inteligencia y creatividad como para no dejarse llevar por las fuerzas de la contraposición. Ya se vio el resultado que una respuesta reactiva produjo en 2004. Dedicar energía a abrir espacios en los que se ofrezcan soluciones para los retos reales que tiene el mundo del trabajo (digitalización, mejora de la formación, colaboración entre PYMES), de la educación (desarrollo de una formación profesional cercana a la empresa, disminución del fracaso escolar), la inmigración (integración, empleabilidad) o la cohesión territorial es más responsable que intentar frenar a las fuerzas disgregadoras. Las respuestas ideológicas son instrumentalizadas por el poder. Los espacios de libertad, donde los distintos construyen juntos, recuperan la habitabilidad de un país.

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