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6 DICIEMBRE 2019
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>Entrevista a Antonio Salvador

"Queda aún mucho para poder decir que el caso ERE ha terminado"

Juan Carlos Hernández | 0 comentarios valoración: 3  7 votos
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El coautor de “El saqueo de los ERE” (Investigación) nos explica los entresijos del caso donde la Administración autonómica implantó un sistema con el que eludió deliberadamente los mecanismos de control y la fiscalización de las ayudas según la sentencia. El periodista también afirma que una democracia sólo es robusta si cuenta con medios de comunicación libres e independientes que pueden ejercer ese papel de contrapeso del poder sin limitaciones.

¿Podría explicar a nuestros lectores qué se ha juzgado en el caso de los ERE?

En la pieza de la que acabamos de conocer la sentencia se ha juzgado si era legal el procedimiento instaurado por la Junta de Andalucía para el reparto de ayudas a prejubilaciones y empresas en crisis durante una década (2000-2009). A la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo cuando resuelva los recursos que anuncian los condenados, la sentencia de la Audiencia de Sevilla es contundente: la Administración autonómica implantó un sistema con el que eludió deliberadamente los mecanismos de control y la fiscalización de las ayudas. Se trata de la primera pieza de esta macrocausa que ha sido juzgada. En ramas separadas se irá dilucidando durante los próximos años la responsabilidad penal derivada de la concesión y percepción de cada una de las ayudas concedidas con cargo a la partida presupuestaria 31.L, rebautizada como “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero cuando declaró como testigo ante la Policía Nacional en diciembre de 2010. Queda aún mucho para que pueda afirmarse que el caso ERE ha terminado.

“El reparto arbitrario de las ayudas permitió conseguir la ‘paz social’ en una comunidad muy castigada por el desempleo y muy probablemente apuntalar la hegemonía del Partido Socialista”

Por tanto, ¿se podría decir que más que un negocio económico se trataría de un negocio político que ha permitido al PSOE andaluz ser hegemónico durante años en Andalucía?

Era la tesis que mantuvo la juez Mercedes Alaya desde el inicio de la instrucción y sin duda queda respaldada por la sentencia. Dice el tribunal sentenciador que la Junta de Andalucía trató de dar una respuesta “ágil” a los grandes conflictos sociolaborales que se sucedieron en Andalucía, pero que al final buscó esa agilidad eludiendo los mecanismos de control. Sin duda, una de las grandes características de este caso es que el negocio fue político. El reparto arbitrario de las ayudas permitió conseguir la ‘paz social’ en una comunidad muy castigada por el desempleo y muy probablemente apuntalar la hegemonía que el Partido Socialista mantuvo en Andalucía durante casi 40 años. Es llamativo que el PSOE sólo haya perdido unas elecciones autonómicas en esta comunidad: las celebradas en 2012, justo cuando la investigación de los ERE estaba en su tramo inicial y la juez acababa de enviar a prisión a Guerrero. En esta pieza ni se ha dilucidado si los ex altos cargos encausados se han llevado dinero ni si el partido que durante décadas sustentó el gobierno regional se financió irregularmente. Son argumentos defensivos con los que trata de desviarse la atención del núcleo. Nunca sabremos qué importancia tuvo el reparto caprichoso de los más de 680 millones de euros en los resultados electorales del PSOE, pero es evidente que esa partida fue un mecanismo de clientelismo político y le permitió sofocar muchos conflictos laborales y evitar la erosión de sucesivos gobiernos socialistas. En menor medida, también hubo un negocio económico para comisionistas, conseguidores, intrusos…

“El fallo de la Audiencia de Sevilla supone un espaldarazo a la investigación llevada a cabo por la juez Alaya”

¿Qué le ha parecido la sentencia?

Una sentencia que condena a penas de prisión a diez antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos al ex presidente José Antonio Griñán, merece un adjetivo: contundente. La gran duda que existía era si el tribunal iba a calificar de malversadora la conducta de muchos de los encausados, después de que el Tribunal Supremo –cuando instruyó la pieza que afectaba a los aforados, antes de que éstos renunciaran a sus actas de diputados en Cortes– hubiera limitado la perpetración del delito de malversación de caudales públicos al ex consejero de Empleo José Antonio Viera y lo hubiera rechazado en el caso de Griñán. La Sala ha asumido casi en su totalidad la tesis que había mantenido la Fiscalía Anticorrupción, a excepción de las absoluciones del ex interventor general y del antiguo jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Vilipendiada por su actuación en la instrucción de otros casos, el fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla supone un espaldarazo a la investigación llevada a cabo por la juez Alaya. El Supremo tendrá la última palabra.

“Es exagerado pedir la dimisión de Sánchez por un caso en el que no tiene responsabilidad directa, pero es inadmisible que aún no le haya dicho a los españoles qué opina”

¿Qué responsabilidad política cree que debería de asumir el PSOE?

El caso ERE será una sombra que acompañará siempre a Susana Díaz, la actual lideresa del PSOE en Andalucía. Dos de los condenados –José Antonio Viera y José Antonio Griñán– tuvieron una influencia destacada en su fulgurante carrera política. Díaz no puede pretender despachar ahora la sentencia como si fuera algo que no afecta a la organización que lidera. Muchos políticos demuestran un puño de hierro cuando se trata de enjuiciar la actuación de rivales y una mandíbula de cristal si los hechos le afectan a ellos mismos. Salvando las distancias, Pedro Sánchez fue durísimo con el PP cuando se conoció la sentencia de la primera etapa de Gürtel, el argumento esgrimido para promover la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero aún no le hemos escuchado valorar la sentencia de los ERE. Es exagerado pedir la dimisión de Sánchez por un caso en el que no tiene responsabilidad directa, pero es inadmisible que aún no le haya dicho a los españoles qué opina sobre un fallo que ha censurado de forma severa la gestión de recursos públicos por parte de sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía. Ello, sin duda, le quitará credibilidad cuando opine sobre casos de corrupción que afecten a otros rivales políticos. El caso ERE acabó de forma anticipada con las carreras políticas de Chaves y Griñán. Veremos si ahora sepulta definitivamente el ciclo de Susana Díaz, la ambiciosa dirigente que soñó con liderar el PSOE a nivel nacional frente a Pedro Sánchez y que llegó al poder (autonómico) precisamente gracias a la renovación obligada por la investigación de este procedimiento.

Ya que diferentes investigaciones periodísticas han sacado a la luz el caso hace años, ¿estamos ante un ejemplo de cómo el buen periodismo puede ser un sano contrapoder frente a los abusos del Estado?

El periodismo ha hecho muy bien su trabajo en la investigación del caso ERE en una coyuntura marcada por el adelgazamiento de las redacciones debido a la crisis económica. Una democracia sólo es robusta si cuenta con medios de comunicación libres e independientes que pueden ejercer ese papel de contrapeso del poder sin limitaciones. Cuando algunos dirigentes socialistas decían en los inicios del caso a los periodistas que todo lo que se estaba publicando era “mercancía averiada” y que “el chicle” de los ERE no se podía estirar más, el tiempo y la sentencia que hemos conocido demuestra que los medios de comunicación hicieron su trabajo cuando vieron hace más de nueve años que los hechos que empezaban a conocerse eran de un calado extraordinario y que había que ponerle la lupa. La investigación periodística también ha puesto su granito de arena al esclarecimiento de los hechos. Muchas de las revelaciones que se iban conociendo merecieron el interés de la juez instructora, como acredita el sumario. Quedan todavía muchos aspectos por conocerse, como el posible desvío de las sobrecomisiones derivadas de la suscripción de pólizas de prejubilaciones a inversiones hoteleras en el Caribe. Considero que el éxito de una investigación judicial por corrupción no debe medirse tanto por los años de prisión que se imponen a sus responsables, sino por la recuperación del dinero. Y ahí el periodismo, con las investigaciones que pueda llevar a cabo, tiene todavía cosas que decir.

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