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23 SEPTIEMBRE 2020
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>Entrevista a Mikel Buesa

"El gobierno ha mostrado una notable incompetencia en la gestión de la pandemia"

Juan Carlos Hernández | 0 comentarios valoración: 2  28 votos
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El catedrático de Economía Aplicada analiza la gestión del Gobierno y los desafíos económicos que ha supuesto la pandemia.

¿Qué valoración le merece la gestión del gobierno frente a la pandemia?

Valoro muy negativamente la gestión de esta epidemia por parte del gobierno de Sánchez. Primero, porque las decisiones para adoptar medidas frente a ella fueron muy tardías, seguramente porque el gobierno tenía otros objetivos políticos de muy corto plazo que interferían en ello, como la celebración del Día de la Mujer. El gobierno no comprendió la dinámica explosiva del COVID-19 y no tomó medidas de distanciamiento social más que cuando la situación estaba fuera de control. Ello hizo inevitable el confinamiento. Segundo, porque durante el confinamiento ha mostrado una notable incompetencia en cuanto a la gestión de suministros, a la protección de los médicos y sanitarios, a la situación de las residencias de ancianos, etc. Además, no es descartable que ello guarde relación con posibles casos de corrupción que podrán desvelarse cuando se investigue la gestión de compras. Tercero, porque todo ello ha estado trufado de mensajes contradictorios en cuanto a la protección individual de los ciudadanos (el uso de mascarillas, por ejemplo), cuando no de mentiras difundidas sin el menor rubor. Cuarto, porque no se ha preparado suficientemente a la población para el proceso de vuelta a la normalidad, ni se han hecho todas las reformas organizativas que puedan garantizar un manejo convencional de la epidemia con los procedimientos habituales de la gestión de la salud pública (por ejemplo, el reforzamiento de los servicios de atención primaria, la ampliación de la plantilla de médicos epidemiólogos, la disponibilidad de test PCR para la detección y aislamiento de contagiados). Y quinto, porque la información sobre el curso de la epidemia ha sido deficiente, sujeta a cambios metodológicos no justificados y tendentes a la ocultación de datos, especialmente en los casos de los sanitarios contagiados y, mucho más importantemente, de las personas fallecidas.

“El mal menor es dejar a Sánchez con sus poderes excepcionales, aunque vigilando estrechamente sus actuaciones”

¿Ve necesario continuar con el estado de alarma? ¿Cree que es adecuada la postura del PP a la hora de abstenerse para prorrogarla?

El estado de alarma constituye una previsión constitucional para afrontar situaciones excepcionales, entre ellas las epidemias, reforzando el poder del gobierno, aunque con dos limitaciones que la Constitución deja muy claras: una, que los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos, aunque sí limitados en función de las circunstancias que concurran en los individuos, lo que excluye cualquier actuación gubernamental de carácter general o indiscriminado que atenace esos derechos; y la otra, que la actuación del gobierno debe estar controlada o vigilada por el Congreso de los Diputados. Ninguna de estas dos condiciones ha sido respetada. El Congreso ha estado, de hecho, suspendido durante gran parte del estado de alarma y aún hoy no trabaja a pleno rendimiento. Y los derechos individuales han sido claramente cercenados, estableciéndose así una situación práctica que corresponde a los estados de excepción que la Constitución regula. Digo más, durante el estado de alarma se han conculcado derechos, como el de libertad de empresa y el de negociación colectiva, que la Constitución no autoriza a limitar bajo ninguna circunstancia. La Constitución tasa claramente los derechos que, en los casos de estado de excepción o de sitio, pueden ser suspendidos; y en la nómina que se enumera en el artículo 55 no están todos los que el propio texto reconoce a los españoles.

En estas circunstancias, dada la negligente actuación del gobierno, creo preferible, para preservar las libertades y el Estado de Derecho, no prorrogar el estado de alarma. Sin embargo, es cierto que, con las leyes ordinarias sobre sanidad y salud pública, las posibilidades de actuación del gobierno para conducir la epidemia hacia su extinción, son limitadas; más aún, con un gobierno de incompetentes como es el de Sánchez. Por ello, pensando en la seguridad y salud de los españoles, creo que hay que optar por el mal menor de dejar a Sánchez con sus poderes excepcionales, aunque vigilando estrechamente sus actuaciones. En este sentido, la decisión del PP al abstenerse en la prórroga es correcta aunque poco aseada. Casado debería estar más atento para llevar al Congreso las múltiples transgresiones de los derechos constitucionales cometidas por Sánchez.

“No tenemos precedentes que puedan orientarnos y vamos dando palos de ciego”

Tendremos que afrontar una nueva crisis económica. ¿Qué diferencias y similitudes ven con la de 2007? ¿Es esta simplemente una crisis de oferta y demanda?

La naturaleza de la crisis económica que ya se ha desatado no tiene precedentes. Hay que comprender que las grandes epidemias matan a la gente, pero no afectan a las cosas. Por ello, a lo largo de la historia, las crisis post-epidémicas se han caracterizado por una reducción drástica del factor trabajo disponible (al morir las personas) mientras el capital (que tenemos que concebir no como dinero, sino como una suma de cosas materiales: tierras, máquinas, edificaciones, utensilios, instalaciones, medios de transporte) permanecía incólume. Por ello, en esas crisis, el factor trabajo se revaloriza (los salarios aumentan) hasta que, a través de la natalidad, se restablece el elenco de trabajadores; y mientras tanto, hay un exceso de capital, queda capital ocioso y, en consecuencia, se reduce su retribución a largo plazo. Las crisis post-epidémicas han durado siempre décadas y, como consecuencia de lo anterior, han conducido a intensos procesos de redistribución de la renta.

Pues bien, para la crisis post-epidémica a la que ahora nos enfrentamos esos precedentes no sirven para orientarnos. Por primera vez en la historia los gobiernos han tenido la posibilidad, y así lo han decidido, de evitar que la epidemia se salde con una mortandad extrema. En la última gran epidemia anterior a la actual, la gripe española de 1918, murieron entre 50 y 100 millones de personas; o sea, entre tres y cinco de cada cien habitantes de la tierra. Si llevamos esa proporción a la población actual, estaríamos hablando de entre 231 y 385 millones de muertos frente a los cerca de 300.000 actualmente contabilizados. No se va a diezmar la población y, por tanto, la oferta de trabajo va a quedar prácticamente inalterada. Pero buena parte de los trabajadores quedan ociosos porque, para salvar vidas, ha sido necesario reducir de manera importante la actividad económica. Y lo mismo ocurre con el capital. La crisis actual se gesta porque trabajo y capital quedan ociosos y ello hace que haya insuficiencia de demanda, inadaptación de la oferta, extraordinario aumento del gasto público y mecanismos relativamente torpes de sostenimiento de la liquidez que amenazan con generar problemas de suspensión de pagos y quiebras; es decir, que las insuficiencias de la liquidez se traduzcan en insolvencias generalizadas. Este es el diagnóstico. Pero salir de esta situación no es nada fácil. No tiene precedentes que puedan orientarnos y vamos dando palos de ciego. No tengo dudas, por eso, acerca de que la crisis va a ser muy duradera y se va a extender seguramente sobre toda la década.

¿Qué medidas económicas por parte del gobierno podrían aliviar el desafío que tendremos que afrontar?

Las medidas económicas son las que ya están: protección de los desempleados, suspensión temporal de las relaciones de trabajo, rebajas temporales o aplazamientos de impuestos, garantía estatal de créditos, etc. El problema español, desde mi punto de vista es doble: primero, tenemos un gobierno poco avezado en el manejo de la política económica y de la gestión de la Administración que, además, sufre pulsiones revolucionarias muy inconvenientes en una situación como la actual; y segundo, España es, dentro de Europa, uno de los países cuyo esfuerzo financiero público para afrontar la crisis es más reducido, lo que tiene que ver con el lamentable estado de nuestras finanzas públicas. Solucionar ambos problemas sería necesario. Pero resulta complicado.

“El problema de la renta mínima vital es que se convierta en un desincentivo al trabajo”

Una renta mínima vital puede ser necesaria para ayudar a personas que han perdido sus empleos pero ¿cómo conjugar la justa ayuda a personas que lo necesitan con no generar sujetos dependientes del Estado?

Veo bien el proyecto del gobierno que hemos conocido estos días. Pero no tengo confianza en que su gestión sea la necesaria para evitar que la renta mínima vital se convierta en un poderoso desincentivo al trabajo o, peor aún, en el fundamento de un sistema clientelar de atracción de votos.

En las circunstancias actuales ha irrumpido con fuerza el teletrabajo. ¿Qué consecuencias puede tener tanto en la economía doméstica como en la de las empresas?

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Tendrá que ser regulado para que los trabajadores sujetos a él no sean objeto de abusos en cuanto a la duración de la jornada de trabajo o a la retribución de horas extraordinarias, así como al reconocimiento por las empresas de los costes asumidos por los empleados (instalaciones domésticas dedicadas al trabajo, equipamientos, sistemas de comunicación, servicios de asistencia). Desde la perspectiva doméstica, el teletrabajo, si no hay abusos, puede ser un instrumento de conciliación de la vida laboral y la familiar.

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